CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8.- El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos llamó al gobierno mexicano a prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, tomando en consideración que es uno de los tres principales cereales que alimentan al mundo. El tribunal, que reunió evidencia proveniente de más de mil organizaciones sobre esta violación y otras más a los derechos de los pueblos, enfatizó la gravedad del tema por ser México centro de origen del cultivo.

El gobierno mexicano, sentenció el tribunal, debe “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país.”

En el marco de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos”, se plantearon 140 casos y testimonios de ataques a la vida campesina e indígena, a la alimentación y salud de la población, al derecho al agua, a la tierra y territorio, así como los impactos sobre campesinos y agricultores de los tratados de libre comercio, en particular del TLCAN, todo lo cual llevó a la destrucción de las bases para la soberanía alimentaria en México.

En la acusación que condujo a la sentencia, las organizaciones sociales hablaron de los cultivos transgénicos como parte de la “guerra” contra la soberanía alimentaria. La acusación afirma que existe un “blindaje jurídico, privatización y normatividades paralegales, propias de los acuerdos comerciales que tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.”

El Tribunal también enfatizó que el tema del maíz rebasa las fronteras mexicanas. La sentencia llama a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a salvaguardar de la contaminación transgénica las variedades nativas y campesinas de maíz y le pide asumir la responsabilidad en los impactos que decisiones tomadas en México podrían tener a nivel global. Recomienda al Convenio sobre Diversidad Biológica que emprenda una investigación especial —con participación de pueblos indígenas y campesinos— para proteger los centros de origen de los cultivos y los derechos de los pueblos campesinos e indígenas que los crearon.

“Luchar contra el maíz transgénico no es sólo una cuestión nacional” —afirma Verónica Villa del Grupo ETC en México. “Las comunidades y organizaciones continuarán peleando para que no se aprueben las semillas transgénicas, y el Tribunal Permanente de los Pueblos atrajo a la atención internacional el problema.”

“La sentencia del Tribunal es muy clara”, dijo Pat Mooney, director del Grupo ETC. “A menos que el gobierno mexicano responda contundentemente, el mundo seguirá perdiendo la diversidad genética de uno de sus cultivos más importantes. Si México no actúa, las Naciones Unidas deberían hacerlo.”

Entre los impactos potenciales de la liberación de maíz transgénico que enfatiza el veredicto del tribunal, se encuentran:

• La contaminación genética y la erosión de las variedades nativas y campesinas
• La apropiación de la producción nacional de maíz por parte de las corporaciones multinacionales de la agricultura
• El ataque directo a la cultura y las formas de sustento de la mayoría de los mexicanos
• El daño que implica para las abejas, el ambiente y las formas de sustento de miles de comunidades mayas por el uso de los agrotóxicos que necesitan los cultivos transgénicos.

Agrupaciones campesinas y organizaciones sociales ven la posible aprobación de la siembra comercial de maíz transgénico como un ataque directo a la soberanía y seguridad alimentaria de México:

“En los últimos catorce años, el gobierno asumió varias estrategias para contaminar. Primero penetró con transgénicos las regiones, intencionalmente y a trasmano, luego minimizó los efectos de los OGM, promulgó leyes para promoverlos, negó que toda Mesoamérica es centro de origen, terminó la moratoria que existía contra el maíz transgénico y comenzó a otorgar permisos de siembra piloto y experimental en el norte del país. En varias pre-audiencias se demostró con pruebas científicas y monitoreo comunitarios la dispersión de la contaminación transgénica de maíz y algodón campesinos en varios puntos del país (que es centro de origen de ambos cultivos). Los efectos de corto y largo plazo de esta invasión transgénica son catastróficos para la biodiversidad, la agricultura, la producción de alimentos y la salud de la población, no sólo para México, sino para el mundo.”

Pese a que México es el centro de origen del maíz, el gobierno actual y el anterior, autorizaron entre 2009 y 2012 la siembra de maíz transgénico en casi 200 parcelas experimentales y piloto en varias regiones del país. A partir de 2012, las empresas Monsanto, PHI México (DuPont) y Dow Agrosciences solicitaron plantar maíz transgénico a escala comercial. La oposición nacional e internacional a esta contaminación intencional del centro de origen del maíz fue muy enérgica, con lo que se logró parar la liberación comercial, en una verdadera “moratoria” establecida popularmente.

En octubre 2013, una acción civil colectiva planteada por 53 individuos y 20 organizaciones, representados legalmente por Colectivas AC, consolidó esta moratoria popular, logrando que un juez ordenara la liberación de maíz transgénico en tanto se resuelve esta demanda.

Las empresas mencionadas a las que se sumó Syngenta, siguieron presentando solicitudes de siembra de maíz transgénico experimental, piloto y comercial, totalizando 91 solicitudes aun no aprobadas desde 2012 para sembrar millones de hectáreas de maíz transgénico. Esas empresas controlan más del 90 por ciento de las semillas transgénicas a nivel global y México representa un mercado al que no están dispuestas a renunciar. Esas empresas han presentado hasta la fecha 89 impugnaciones contra la demanda de acción civil y contra la suspensión de siembra de maíz transgénico. Monsanto presentó incluso una acción legal contra el juez Jaime Manuel Marroquín, quién otorgó la suspensión en vigencia, acusándolo de no ser imparcial.

Lo más absurdo es que los propios organismos del gobierno mexicano, como la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), que deberían proteger el interés de los pueblos de México hayan también impugnado la suspensión, actuado claramente en defensa de las empresas y no de los ciudadanos, los campesinos y la biodiversidad.

En la sentencia final el Tribunal reconoce como justa y necesaria “la resolución del juez Jaime Manuel Marroquín que en octubre de 2013 ordenó suspender todas las actividades de siembra de maíz transgénico en el país, así como detener los otorgamientos de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de dicha semilla.”

El Tribunal acusa como responsables de las violaciones al gobierno mexicano, a varias empresas transnacionales (entre las que se encuentran todas las que controlan la mayor parte de la cadena alimentaria, desde Monsanto a WalMart, pasando por Cargill y Nestlé), a gobiernos de terceros estados, como Estados Unidos y Canadá; y a diferentes instituciones internacionales.

El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado originalmente en 1966 por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, para denunciar los crímenes cometidos durante la guerra de Vietnam. Se le llamó entonces “Tribunal Russell”. Posteriormente se constituyó en tribuna permanente para dirimir violaciones a los pueblos del mundo, con secretaría internacional en la Fundación Basso, en Italia. Entre sus objetivos se incluye, “dar voz a pueblos y colectivos sobre problemas que son fundamentales para ellos pero que no encuentran cabida o son rechazados por los Estados en cuestión,” al tiempo que proveen las bases para la articulación y movilización internacional, asegurando una comprensión cuidadosa de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus causas.