En lo que va de este sexenio (2004-2010) han sido abatidos violentamente siete dirigentes visibles, de importantes agrupaciones sociales con presencia en diversas regiones de la entidad, sin que ninguno de los asesinatos haya sido esclarecido por las autoridades estatales y federales.

Un manto de impunidad ha cubierto a estos homicidios, los primeros cometidos hace cuatro y cinco años, apenas comenzado el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. La ausencia de castigo a los responsables es una constante.

Estas ejecuciones impunes han generado un clima de irritación social que se manifiesta, principalmente, en la Ciudad de Oaxaca, donde ha prevalecido un verdadero caos en los últimos meses, con las principales vialidades bloqueadas casi todos los días.

Las autoridades estatales en materia de procuración de justicia tienen pendientes de aclarar todos los homicidios de dirigentes de organizaciones sociales. Sólo promesas ofrecen, pero nada aclaran.

Al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han desfilado Patricia Villanueva Abrajam (2004-2005); Rosa Lizbeth Caña Cadeza (2006 y parte del 2007, años del conflicto sociopolítico); Evencio Nicolás Martínez Ramírez (2007-2008 y parte del 2009), y María de la Luz Candelaria Chiñas (2009-2010), transcurso en el que se han presentado múltiples hechos sangrientos.

El último crimen es el perpetrado contra Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y fundador del Partido Unidad Popular (PUP), con una amplia presencia en la región Mixteca.

Un balazo en la cabeza y dos en el pecho, asestados por dos individuos que viajaban en motocicleta y, al parecer, utilizaron silenciador para dispararle, terminaron con la vida del viejo luchador social el sábado 23 de octubre de 2010.

La primera vez que atentaron contra su vida fue en 2005, cuando luchaba por conformar el partido local Unidad Popular. Las heridas de bala que recibió lo dejaron conminado a una silla de ruedas el resto de sus días.

Un día antes, el viernes 22 de octubre, en la ciudad de Tuxtepec cayó abatido a balazos el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, quien simpatizó con causas no armadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El líder, con una importante presencia en la Cuenca del Papaloapan, fue asesinado en sus oficinas de la ciudad de Tuxtepec por sujetos desconocidos que le dispararon en dos ocasiones con una pistola calibre nueve milímetros.

Torres Pereda fue preso político en el sexenio de Nelson José Murat Casab. Pasó varias semanas en la Penitenciaría de Santa María Ixcotel contra toda disposición legal, y fue liberado tras diversas negociaciones.

Posteriormente, tras estallar el conflicto sociopolítico del 2006 en el gobierno de Ulises Ruiz, Catarino fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya Estado de México, acusado de cometer diversos delitos que finalmente no le comprobaron y tuvieron que dejarlo en libertad.

En 2007 obtuvo su libertad y regresó a las actividades de su organización en la Cuenca del Papaloapan, desde donde seguía apoyando las causas de la APPO.

Tanto Pazos Ortiz como Torres Pereda se caracterizaron por realizar grandes movilizaciones en sus regiones y en la Ciudad de Oaxaca, con el fin de exigir a los gobiernos estatal y federal solución a múltiples demandas para beneficio de miles de seguidores.

Ejecuciones en los triquis

En la micro-región indígena triqui también han sido asesinados líderes de las agrupaciones que mantienen añejas pugnas, los cuales tampoco han sido esclarecidos por el Gobierno.

El 21 de mayo del 2010 fue victimado Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa de Cleriberta Castro, a manos de un grupo armado que llegó hasta su domicilio particular en la comunidad de Yosoyusi, perteneciente al municipio de Juxtlahuaca.

A sus 44 años de edad, Timoteo se identificaba con el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y era considerado un líder natural en la región, además de que fue promotor de la autonomía del municipio de San Juan Copala, que ha sido el centro de decenas de ejecuciones en los últimos años.

Luego, el 19 de julio de 2010 fue asesinado en su domicilio el agente municipal de San Juan Copala, Anastacio Juárez Hernández, líder de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

En esa ocasión, el también dirigente de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, responsabilizó a un grupo paramilitar ligado a la directiva del MULTI de ser el autor material e intelectual de la muerte de su hermano Anastacio.

Indicó que el extinto vivía a unos metros de la Agencia municipal de la comunidad, misma que los asesinos mantenían tomada, “y de ahí salieron para matarlo”.

A los muertos en la zona triqui se suman la de dos activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jiry Jakkola, a manos de presuntos paramilitares de la Ubisort, cuando iban en la “Caravana de la paz” a dejar víveres a Copala, pero no pudieron ingresar.

Pese a la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y agrupaciones civiles de diversas partes del mundo, los asesinatos de dirigentes y de indígenas inocentes, niños, mujeres y hombres de la zona triqui sigue siendo uno de los grandes pendientes del gobierno de Ruiz Ortiz.

“Limpia” en la Cuenca del Papaloapan

En la Cuenca del Papaloapan se han registrado homicidios violentos que, igualmente, siguen pendientes de esclarecerse por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

El 29 de noviembre del 2005 fue masacrado con balas de fusiles AK-47, de los llamados “Cuerno de Chivo”, el máximo dirigente del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Robert, emboscado por desconocidos cuando viajaba junto con dos seguidores, a bordo de una lancha, en la presa Miguel Alemán, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Toimil Robert posó en diversas ocasiones para los camarógrafos portando metralletas R-15, y se transportaba de uno a otro lugar, entre los estados de Oaxaca y Veracruz, “armado hasta los dientes”.

Antes de ser asesinado, el líder del CROCUT estuvo recluido varios meses en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, acusado de diversos delitos, como portación de arma de fuego sin licencia, daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación.

Entre sus principales adversarios públicos figuró el dirigente nacional de la Unión General Obrero Campesino y Popular (UCOGP), Margarito Montes Parra, quien celebró públicamente la detención de Toimil.

También en la zona del Papaloapan, el 5 de abril del 2006, desapareció el dirigente de la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC) y fundador del Partido Cardenista en Oaxaca, Miguel Herrera Lara, mejor conocido como “El Cocodrilo”.

Es la fecha en que las autoridades no esclarecen los motivos de su desaparición —si está vivo o muerto—, de quien fue, además, presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, por el Partido del Trabajo (PT), y diputado local plurinominal por el extinto Partido Cardenista, en la quincuagésima sexta Legislatura estatal.

Posteriormente, el 30 de octubre del 2009, otro líder de la Cuenca fue asesinado brutalmente junto con otras 14 personas, entre ellas mujeres y uno de sus hijos niño.

Aunque su principal actividad la realizó en la región de Tuxtepec, Margarito Montes Parra, dirigente nacional de la UGOCP, y sus acompañantes, fueron emboscados en el rancho Los Alamitos, municipio de Cajeme, al sur de Sonora.

Los sicarios abrieron fuego contra todas las personas que viajaban en la camioneta utilizando ametralladoras AK-47, lo que provocó indignación entre los agremiados de todo el país que han reclamado justicia, mientras el caso también ha permanecido congelado en la Procuraduría de Sonora.

De todos estos asesinatos violentos, no hay detenidos, tampoco líneas concretas de investigación; sólo especulaciones de parte de las autoridades estatales que todo lo atribuyen a “conflictos añejos” para evadir su responsabilidad de investigar e impartir justicia.

Por eso, coinciden ahora, resulta “muy peligroso” ser dirigente social en el Estado de Oaxaca.