Integrantes de la organización civil “Iniciativa Ciudadana Oaxaca” advirtieron que la criminalización de la lucha social expresada con el asesinato en serie de Heriberto Pazos Ortiz y Catarino Torres Pereda, podría reactivar a la APPO o derivar en la conformación de un frente social más grande.
Ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y actual diputado local por el Partido Convergencia (PC), Zenén Bravo Castellanos dijo que “no quedará de otra más que reactivar el movimiento social para discutir alternativas frente a los asesinatos políticos que pesan sobre los dirigentes sociales a manos del Estado”.
En conferencia de prensa, acompañado del apoderado legal de la Arquidiócesis de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, el dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), Florentino López Martínez, así como integrantes del Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), demandaron por su parte exigió la renuncia da la procuradora general de Justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, ante la falta de resultados.
“Si no está cumpliendo con su función en un acto de honradez debería dejar el cargo”, declaró López Martínez, tras condenar los crímenes de los dirigentes del MULT y del Codeci.
Y ante la transición del gobierno y la falta de resultados en las investigaciones de diversos crímenes contra líderes sociales, el diputado Bravo Castellanos llamó al Gobierno electo a no echar mano de políticos reciclados para ocupar los cargos relevantes.
Demandó no incluir dentro del gabinete a personas que hayan propiciado la represión o corrupción en el servicio público, “ni personas entrenadas en los vicios de gobiernos anteriores”.
Por su parte, López Martínez señaló que la criminalización de la protesta social se ha convertido en el signo del actual gobierno, por lo que los homicidios recientes encienden más los ánimos de los grupos en conflicto y complican la solución de los problemas en la región triqui.
Sostuvo que la violencia que se vive en Oaxaca desde hace tiempo “es signo evidente de la descomposición política y la falta de conducción gubernamental en la resolución de los conflictos sociales”.
Ambos dirigentes sociales acusaron que la ausencia del estado de derecho y la noticia de enriquecimiento inexplicable por parte de funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz “genera desconfianza en la ciudadanía con relación a la administración pública”.
