OAXACA, OAX., octubre 28.- La directiva de la Sección 22 del SNTE llamó a los oaxaqueños a “estar atentos” en los últimos días de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, pues “no se descarta su responsabilidad en los hostigamientos, persecuciones y en los últimos asesinatos a luchadores sociales”.
El secretario general del gremio, Azael Santiago Chepi, dijo que los 70 mil agremiados a ese sindicato “repudian” los atentados de los últimos días en que perdieron la vida los luchadores sociales Catarino Torres Pereda y Heriberto Pazos Ortiz.
Y alertó al pueblo de Oaxaca sobre el militarismo que los gobiernos federal y estatal pretenden imponer, pretextando la ola de inseguridad que impera en la entidad, pues violenta las garantías constitucionales.
En la víspera, integrantes de Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, Transición y Democratización de Oaxaca, conformado por organizaciones sociales, empresarios, religiosos y representantes populares, exigieron el esclarecimiento del los asesinatos de Torres Pereda, líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), y Pazos Ortiz, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Partido Unidad Popular (PUP).
Analizan reactivar el “juicio político” contra Ulises Ruiz
El Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la Ciudad de Oaxaca analiza el juicio de amparo 1107/2010, promovido por César David Mateos Benítez, ex preso político y ex vocero de la APPO, contra el juicio político que le realizó el Congreso de Oaxaca al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Gilberto López Jiménez, abogado del denunciante, afirmó que los diputados locales violaron el procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca, ya que ignoraron la denuncia de juicio contra Ruiz que solicitó su cliente en tiempo y forma.
Ante esta situación, añadió, solicitaron a un juez federal que lo anule.
“Esperamos que el juez entre al fondo del asunto y resuelva que efectivamente el juicio político no cumplió con las formalidades y, por lo tanto, tiene que reponerse, y reponerse implicaría darle la oportunidad no sólo a César, sino a varios ciudadanos que se interesen en participar en este procedimiento”, dijo en entrevista.
El 29 de julio, después de que el PRI perdió la gubernatura, el diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona –ex colaborador de Ulises Ruiz en el PRI– solicitó iniciar juicio contra el Mandatario estatal.
Catorce días después la mayoría priista exoneró a Ruiz del juicio, ya que advirtió que no había elementos para procesarlo.
López Jiménez recordó que durante el periodo en que la Comisión Instructora desarrollaba el juicio político contra Ruiz, el 10 de agosto, César Mateos también presentó su denuncia de juicio político, pero fue ignorada.
“La ley establece plazos y términos; sin embargo, no se cumplieron y, al no cumplirse, en consecuencia, se violan las garantías individuales de los ciudadanos que pudieron hacer valer su derecho frente a ese juicio político”.
Incluso, añadió el abogado, el Congreso estatal notificó a César Mateos que había dado entrada a su petición, un mes después, ya que había iniciado el juicio de amparo.
“Una vez que el juez federal los emplaza a juicio, ellos se ven obligados a tratar de enmendar lo que hicieron mal; es decir, tratan de notificarle a César y cumplir con las formalidades, pero lo hicieron fuera de tiempo.
“Es notorio que (el Congreso) sí sabía (de la denuncia de juicio político) y dolosamente ocultó la información y en ningún momento la turnó a la Comisión Instructora para su estudio, la ratificó en la Oficialía Mayor y la mandó quién sabe a dónde”, agregó.
La defensa resaltó que el Congreso estatal ya reconoció que no consideró la petición de César Mateos.
“Aduce (el Congreso) que efectivamente se resolvió el juicio político y que no se escuchó a César, ni tuvo el tiempo para ofrecer pruebas”, expuso.
César Mateos solicitó juicio político en contra del Gobernador de Oaxaca a partir de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual certifica que a partir de un estudio se comprobó que fue torturado por policías estatales durante el conflicto social de 2006.
