El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) rechazó que los tres escoltas del líder Heriberto Pazos Ortiz estén relacionados con su asesinato y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la liberación inmediata de los guardias.

Además, organismos civiles que pidieron medidas cautelares para 135 indígenas triquis del municipio autónomo de San Juan Copala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas provisionales ante el incumplimiento del Estado mexicano.

Es que este miércoles la PGJE informó oficialmente del “arraigo” por 30 días de Catalino Mendoza Cortés, Mauro Hernández Ramos y Heriberto Cid Mariscal, los dos primeros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el tercero, integrante del MULT.

Los escoltas se encuentran en el cuartel de la policía estatal ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, y no encarcelados en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, como se había difundido con anterioridad.

Sergio Cruz Ruiz, miembro de la dirigencia colectiva del MULT, aseguró que la PGJE lo que busca “son chivos expiatorios. Nosotros queremos que detengan a los que dispararon contra Heriberto, así como a los autores intelectuales”.

Comentó que los tres custodios “ya se habían convertido en amigos de todos en la organización. Se la pasaban todo el día en las oficinas, desde las ocho de la mañana en que traían a Heriberto hasta la noche cuando se iba. Desayunaban y comían con nosotros. Son inocentes”.

Dijo que buscarán entrevistarse con la procuradora general de Justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, para exigirle que los libere y detenga a los verdaderos responsables.

“Ya decidiremos si vamos una comisión o nos movilizamos mil o dos mil personas”, indicó.

Mendoza Cortés tenía once años al servicio de Heriberto Pazos y Mauro Hernández, tres; este último viajaba con Heriberto Cid en la parte trasera de la camioneta en la que el dirigente del MULT fue asesinado.

La Procuradora de Justicia estatal dijo el sábado, momentos después del atentado, que ninguno de los escoltas escuchó los disparos porque las personas que cometieron el asesinato, presumiblemente, utilizaron un arma con silenciador.

En tanto, la coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Minerva Martínez Lázaro, dijo que la CIDH notificó al Gobierno mexicano, el pasado día 7, el beneficio de las medidas cautelares, pero a pesar de eso y de los llamamientos por escrito a Omeheira López Reyna, directora de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que se apliquen, no se ha tenido respuesta alguna.

Subrayó que solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales por ser la protección de los 135 pobladores de extrema gravedad y urgencia a fin de evitar daños irreparables en su integridad física.

Martínez Lázaro dijo que el Estado mexicano tiene un precedente de 11 medidas provisionales otorgadas por ese órgano internacional.