SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, febrero 4.- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es un grupo de profesionales de la desestabilización que no busca la mejora educativa, sino apoyado de diversas organizaciones ha sentado sus reales en Oaxaca y sus secuelas de violencia han dejado odio desde el movimiento magisterial del 2006.

Bajo esta concepción, diputados y diputadas del PRI, PRD, PAN y Nueva Alianza pidieron buscar la reconciliación entre los oaxaqueños y oaxaqueñas, porque sólo así se logrará la gobernabilidad y paz social que necesita la entidad.

Al fijar su posicionamiento en la comparecencia del secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, las diputadas del PRI, Lilia Mendoza Cruz y María del Carmen Ricárdez Vela, cuestionaron a grupos y organizaciones que a diario manifiestan inconformidades en la capital del estado, atentando contra las garantías de los oaxaqueños y provocando la desestabilización social.

Y para evitar movimientos sociales urgieron a fortalecer las representaciones regionales de la Secretaría General de Gobierno (Segego) a impulsar una “política cercana a la gente”.

Mendoza Cruz pidió tomar decisiones sobre funcionarios que comenten atropellos y abusos en aras de una gobernabilidad partidaria y “deben entender que el proceso electoral pasó hace cuatro años, pero sobre todo, que la imparcialidad en las acciones generan paz y gobernabilidad”.

Ricárdez Vela lamentó el número de manifestaciones que se suscitan en la entidad, alrededor de seis diarias que suman casi cuatro mil al año.

“Para la fracción del PRI es preocupante el chantaje de las organizaciones, quienes de manera agresiva y beligerante exigen prebendas, y no sólo se los dan, sino también los premias con cargos de representación popular dentro del mismo gabinete gubernamental, sólo porque tienen la osadía, más no la valentía, de retar a las instituciones y permanecer impunes ante la ley”, lanzó.

Aseguró que el movimiento magisterial nada tiene que ver con la educación, sólo buscan prebendas. Preguntó qué hará el Gobierno del estado ante este conflicto que de entrada les significará alrededor de 900 millones de pesos, pero que no son maestros, porque no tienen la formación, mucho menos están frente a grupo escolar.

Por su parte, Antonia Díaz Jiménez, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó los hechos violentos ocurridos en Choápam y Cotzocón, mismos que tuvieron resultados trágicos.

La panista exhortó al titular de la Segego a “redoblar esfuerzos en la dependencia con el ánimo de atender y resolver la problemática social del Estado”.

No está de más pedirle que atienda y encauce de manera oportuna los problemas del Estado, sin esperar a que se desborden y se vuelvan una bomba de tiempo, como ocurre en San Baltazar Chichicapam y San Nicolás Miahuatlán, le dijo.

Indicó que hay dos pendientes que le corresponden a la Segego: los conflictos post electorales que han manchado de sangre algunos municipios del Estado y el tema de la defensa de los Chimalapas.

PACTO DE GOBERNABILIDAD

En su intervención, el diputado local “independiente”, Jefté Méndaz Hernández, llamó al secretario Gómez Sandoval a “convocar a un nuevo pacto de gobernabilidad a las organizaciones y al mismo Magisterio, que tiene en jaque a sociedad y gobierno”.

Consideró que “la paz y el progreso no deben ser un ideal, sino una obligación inaplazable y urgente que debe asumirse en esta oportunidad que nos brinda la historia”.

A su vez, la diputada Vilma Martínez Cortés, del PRD, pidió al encargado de la política interior del Estado “reforzar sus estrategias de trabajo, ya que pese a los esfuerzos para alcanzar la gobernabilidad, los conflictos poselectorales también llegan hasta este recinto legislativo y urgen de atenciones inmediatas”.

Dijo que “si hay voluntad y tacto para atender la problemática en el lugar de origen, se pueden evitar tragedias y pugnas estériles entre los pueblos”.

En tanto, el diputado Gerardo García Henestroza, del PAN, consideró que por el bien de las y los oaxaqueños “es necesario que las manifestaciones y/o marchas no vulneren el derecho que tiene la población, pero tampoco que se impida el ejercicio de otro derecho”.

Consideró necesario buscar mecanismos que garanticen el respeto a los derechos, pero también que propicien un clima de paz que se traduzca en inversiones y progreso para el Estado y sus habitantes.