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Admiten transportistas que sí solicitaron aumento al precio del pasaje en la metrópoli

OAXACA, OAX., febrero 10.- Silvia Martínez Ortega, representante de la empresa Tusug, confirmó este martes que sí solicitaron al Gobierno del Estado, a través de la Sevitra, autorice un incremento al precio del pasaje del transporte público.

Además, dio a conocer que los empresarios del llamado “pulpo camionero” presentaron cuatro denuncias tras la retención de una treintena de autobuses en la víspera (lunes 9 de febrero) por parte de presuntos estudiantes de la UABJO.

Con el argumento de los “gasolinazos”, los dueños del transporte público de pasajeros en la metrópoli oaxaqueña insistieron en que “debe darse un incremento en el costo del pasaje, ya que desde hace dos años cobran seis pesos por pasajero”.

En cuanto a la retención de los camiones, indicaron que “no había motivos ni razones para ello, porque no hay un acuerdo firmado en el que se diga que es tanto de aumento; eso todavía no existe; estamos en pláticas con la autoridad desde hace más de un año”, puntualizó Martínez Ortega.

Consultada sobre el descuento al transporte para estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, la empresaria dijo que debe ser el Gobierno del Estado el responsable de otorgar el respectivo descuento.

“Esta es una carga financiera que cubre la empresa. La autoridad no da ningún tipo de apoyo financiero a las empresas y esa es la parte que estamos solicitando a la autoridad porque es su responsabilidad”, insistió.

Advirtió que de no haber un incremento al costo del transporte, los empresarios no descartaron la idea de retirar el subsidio, porque “además del secuestro de autobuses que hay todos los días, todavía tenemos que absorber esa carga financiera con la que no podemos”.

Tampoco descartó que en algunas unidades haya conductores que rechazan aceptar las credenciales autorizadas para el descuento. “En ese caso, la empresa se debe hacer responsable”, admitió.

Sobre el acuerdo con el Gobierno estatal de renovar todas las unidades del transporte público, la representante de grupo Tusug argumentó que han ingresado cerca de 300 unidades nuevas, además de “capacitar” a todos los conductores y “asegurar” a todas sus unidades de motor.

Sin embargo, sigue recorriendo las calles de la metrópoli camiones obsoletos, mientras los choferes que cometen delitos salen rápido de la cárcel, a pesar de que Martínez Ortega aseguró que “los conductores no tienen derecho a fianza”.

LOS DESPLAZADOS DE LAS MESAS DE DIÁLOGO

Por su parte, René Núñez Echeverría, presidente del Frente Amplio de Transportistas del Estado (FATE), afiliados al ATMEO, dijo que el precio del pasaje “debe ser consensado para que se vea hasta dónde es posible, porque con los gasolinazos, el precio de las refacciones y llantas los bolsillos están muy gastados”.

El dirigente de los transportistas, cuya ruta es principalmente la Avenida Ferrocarril, se quejó de que han sido desplazados de las mesas de diálogo con el Gobierno del Estado para analizar el incremento al precio del pasaje.

“Sentimos que es una discriminación porque no puede haber transportistas de primera ni de segunda, sino todos somos iguales y tenemos los mismos derechos”, dijo el dirigente de los transportistas “foráneos”, pero que ingresan a la ciudad.

En el tema de subsidio para el descuento a estudiantes y adultos mayores, explicó que “no tenemos ese problema porque, inclusive, los estudiantes de primaria y secundaria se suben y nos depositan un peso o dos pesos y no hay problema porque nosotros estamos conscientes que estamos prestando un servicio de tipo social, incluidos los de la tercera edad y los minusválidos, a pesar de que nosotros no tenemos incentivos u apoyos del gobierno”.

Al mediodía de este martes, los transportistas a quienes representa René Núñez Echeverría, acudieron a las oficinas de la Policía Vial para reclamar el hostigamiento que sufren por parte de los uniformados.

Denunció que el nuevo titular de la Sevitra, el panista Carlos Alberto Moreno Alcántara, quiere saca de la circulación a unos 70 autobuses a los que se les venció el permiso para circular, lo que afecta la estabilidad de igual número de familias.

 

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