OAXACA, OAX., febrero 24.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, reconoció aquí que el dinero surgido de delitos de cuello blanco y del narcotráfico será lo más difícil que vaya a enfrentar el proceso electoral y los tribunales, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene facultades para fiscalizar todo el dinero que circule por la vía bancarizada, pero no el efectivo de dudosa procedencia.
Baños Martínez participa en el foro “Reforma político electoral en Oaxaca, retos y soluciones”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca-Organismo Público Electoral Local (IEEPCO-OPLE) y la LXII Legislatura del Estado.
El consejero que ha sido señalado por el PAN y PRD de ser quien en realidad conduce el INE y no Lorenzo Córdova, a fin de regresar el apoyo al PRI por haberlo impulsado a ese cargo.
En entrevista, el Consejero del INE aseguró “no habrá un sólo peso que ingrese o salga de las cuentas bancarias de los partidos políticos que no sea fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral”.
“Ahí no hay manera de hacer ningún tipo de trampas o de recibir un dinero que no tenga un origen claro, porque el órgano electoral puede pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información precisa de todos los movimientos que realizan los candidatos, dirigentes partidarios y de los familiares de los dirigentes político o candidatos”, advirtió.
En contra parte, reconoció que el INE y los tribunales deberán de tener mucho cuidado con el dinero en efectivo que circule a los partidos.
“Esa parte está pendiente que sea regulada en su totalidad por parte del legislador y que evite que el último tramo de dinero que circule en efectivo a los partidos no tenga un control especifico y que pueda tener una consecuencia”, señaló.
Para el Consejero del INE serían lamentables casos como el de Iguala, Guerrero, con el edil preso, José Luis Abarca, sobre quien, dijo, existe la sospecha fundada de que hay un presidente municipal que tuvo vínculos con el crimen organizado.
BLINDAR LAS URNAS DE CRIMINALES
Marco Antonio Baños Martínez consideró que sería muy grave que las urnas se conviertan en un vehículo para que criminales accedan al poder porque los servidores públicos que provienen de las elecciones están obligados a cuidar a los ciudadanos, no a generar acciones que pongan en peligro a los propios ciudadanos o alteren el orden social.
“Si no se cuida que en las urnas lleguen únicamente personas que tienen un origen absolutamente legítimo y legal, y sólo usen el dinero permitido, está en peligro la democracia”, reconoció.
Frente a este escenario, se pronunció por actuar con celeridad cuando se presenten indicios de que puede haber vínculos con la delincuencia organizada.
“Si existen elementos y pruebas que indiquen al INE, al Tribunal Electoral o la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, donde tendría que actuarse con celeridad y tomar todas las decisiones”.
Insistió en que los partidos políticos tienen el enorme reto para el actual proceso electoral, porque son los primeros que colocan en la posibilidad de que los candidatos sean elegidos, por lo que deben tener cuidado sobre el origen y las vinculaciones de las personas que postulan a cargos de elección popular.
“Los partidos tiene que asumir su responsabilidad y no pueden decir que son las autoridades electorales las que responden por los candidatos; son los partidos en primera instancia por las personas a las que van a postular”, subrayó.
Así, en medio del proceso de selección de los candidatos a diputados federales y en los 17 procesos electorales locales concurrentes, Baños Martínez reconoció que Iguala representa un caso sin precedente para la democracia mexicana.
Por ello, sostuvo que el Poder Legislativo tiene que dar mejores dientes a la Fepade y al TEPJF sobre la postulación de candidatos y candidatas, para que en caso de conocerse algún vínculo de inmediato anular la elección.
EL CASO MONEX
El consejero Baños Martínez informó también que el INE acatará la reciente sentencia del TEPJF, que consideró legal el uso de las tarjetas Monex por parte del PRI, pero ordenó al INE investigar el destino de 6.8 millones de pesos.
Refirió que el PRI había reportado gastos por cerca de 72 millones de pesos del caso Monex (60 millones de la elección presidencial y 12 millones de elecciones locales) como gasto ordinario y de campaña, lo que le significó 140 millones de pesos en multas por rebasar los topes de campaña de diputados federales y senadores.
Tras la elección presidencial, la nueva Ley Electoral establece ahora que cuando hay rebases al tope de gastos de campaña habrá anulación de la elección, sin dilaciones en las resoluciones.
Y pese a que los Organismos Públicos Electorales (OPLE’s) no tienen la facultad de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos, se tiene que resolver con mucha celeridad.
Baños Martínez admitió que la fiscalización de los gastos de campaña estará a prueba en este 2015 en la elección de diputados federales y las coincidentes de 17 estados de la República.
