Diputados de la LX Legislatura del Estado, que concluye funciones este sábado 13 de noviembre, aprobaron la víspera dar “certeza jurídica” a diferentes asociaciones e instituciones estatales al aprobar por mayoría en lo general y en lo particular, fluctuando entre 31 y 29 votos, la autorización de tres comodatos y seis donaciones consistentes en cinco predios y uno de bienes muebles y equipo médico, destinados a impulsar y desarrollar actividades relativas a la salud, educación y fomento a la cultura.

En sesión extraordinaria, durante un décimo quinto periodo extraordinario, los legisladores del PRI, algunos del PRD, del PC, PUP, PT y PASD coincidieron en que hasta la última hora de su ejercicio legislativo era una responsabilidad trabajar y aprobar acciones que beneficien a la población oaxaqueña y habitantes de este estado que se dedican a labores sociales. Además, se regulariza la posesión de predios.

Con el voto a favor se aprobaron 11 dictámenes, dos de los cuales se archivaron; tres por los que se autoriza dar en comodato el mismo número de predios al municipio de San Bartolo Coyotepec para la construcción del Centro de Integración Juvenil; a la Asociación Civil Pro-Fundación del Museo Regional del Tuxtepec y a la Asociación Civil Filantropía, Educación y Cultura.

Asimismo, se aprobaron las donaciones de bienes inmuebles propuestas por el mandatario estatal, Ulises Ruiz Ortiz, al Instituto Estatal de Educación Pública, al municipio de San José Estancia Grande, Jamiltepec, al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, a la Asociación Civil Unión de Expendedores de Productos Varios de San Martín Mexicapam La Batalla y al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca el predio que ocupa y su equipo médico.

En lo que fue la última sesión celebrada la tarde y noche de este jueves, el diputado José de Jesús Romero López, del PRD, presidente de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, que emitió los dictámenes, aseveró en tribuna que con voto razonado dio su respaldo a estas decisiones, sin presiones ni chantajes, pero sí con una visión social.

Destacó que varios de los gestores de estas donaciones y comodatos son gente respetable con causas nobles que han esperado hasta tres legislaturas para obtener la certeza jurídica de sus predios y con ello poder invertir en proyectos y programas. A su postura se sumó su homóloga de partido, diputada Guadalupe Rodríguez Ortiz.

El diputado José Vásquez Morales, del PASD, expresó su voto a favor, así como el diputado Magdiel Hernández Caballero del PUP, y Gustavo Velásquez Lavariega, del PC y el diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe, del PT, quien se pronunció a favor de aprobar estos dictámenes a fin de dar certeza jurídica a la gente que ya los ocupa.

Por el PRI, los diputados Jaime Aranda Castillo, José Mejía García, Gregorio Vásquez López y Paola España López respaldaron los dictámenes, los cuales unos fueron aprobados con mayor número de votos que otros.

La diputada Perla Woolrich Fernández, del PAN, y el diputado Wilfredo Vásquez López, del PRD, se mostraron inconformes por la premura de la presentación y aprobación de los dictámenes.

Los diputados que votaron a favor coincidieron que esto era un acto de responsabilidad y apoyo social que tiene que ver con dar certidumbre jurídica a los solicitantes. En el caso de comodatos, no se pierden los predios sino sólo se prestan mientras sean usados para el fin otorgado. Asimismo, señalaron que no se trata de un asunto con tinte político sino un beneficio social.

De los puntos de la convocatoria, se aprobaron los dictámenes por los cuales se ordena el archivo de las solicitudes de comodato de las instalaciones que conforman el Museo del Palacio, Espacio de la Diversidad, a la Universidad Tecnológica de la Mixteca y de donación de un predio al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de la Función Pública.

Archivaron 51 expedientes de la Comisión de Vigilancia de la ASE

En sesión extraordinaria de la LX Legislatura del Estado, los diputados locales aprobaron por unanimidad un único dictamen emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado por el cual se archivan 51 documentos relativos a asuntos que no tuvieron continuidad por parte de los promoventes y que se resuelven como concluidos.

Al respecto el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, diputado Rogelio Sánchez Cruz, señaló que estos asuntos eran algunos de los últimos pendientes que de acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso deben someterse a votación para su archivo, explicando en el dictamen correspondiente los motivos por los cuales se dan por concluidos.

Detalló que estos documentos son en su mayoría relativos a solicitudes de suspensión de recursos, acto que la ley no le permite hacer al Congreso del Estado, y a la petición de entrega de recursos públicos que hacen autoridades municipales auxiliares a la Secretaría de Finanzas, acción que únicamente puede llevar a cabo la autoridad municipal respectiva.

El legislador destacó que las reformas constitucionales y la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización por la cual se crea la Auditoría Superior del Estado (ASE), constituyeron una herramienta importante para construir una cultura de rendición de cuentas. Entre los avances que establece es que quita la facultad al Congreso de analizar y dictaminar sobre las cuentas públicas estatal y municipales, siendo este sólo el remitente de las mismas hacia la ASE, que es órgano que revisa y emite el resultado respectivo.

Al referirse a su trabajo en comisión agregó que durante este ejercicio legislativo se recibieron 155 solicitudes de auditorías, las cuales también se remiten a la ASE, la que ha informado que de ese total 132 han sido atendidas y el resto siguen en proceso.

Sánchez Cruz reconoció que hubo un trabajo serio y responsable en la comisión que integran además los diputados Saulo Chávez Alvarado y José Marcelo Mejía García, del PRI; Francisca Pineda Vera, del PRD, y Alfredo Ahuja Pérez, del PAN. Ellos se condujeron conforme a lo que marca la ley en busca de que las decisiones promuevan la unidad y conciliación en los pueblos.

Entre los documentos aprobados para su archivo están la solicitud del agente municipal de San Juan Jicayán para la entrega de las participaciones municipales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del presente año; escrito de integrantes de la Comisión de Hacienda y regidores de Santo Domingo Ingenio, por el que solicitan la retención de las participaciones de los ramos 28 y 33, debido a la falta de claridad de los estados financieros.

Asimismo, el oficio de integrantes del ayuntamiento de Santiago Jocotepec, donde informan al Congreso de una deuda que tienen con la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, la cual pretenden cubrir con recursos del ramo 33 y que repercutirán en el presupuesto asignado a 29 agencias y piden se les puedan reintegrar esos recursos, entre otros.