El enemigo a vencer es la agresión, la impunidad y los excesos que cometen quienes detentan alguna posición de poder, ya sea gubernamental, de los grupos sociales o de quien sea, coincidieron los columnistas y editorialistas Juan Pérez Audelo, de El Imparcial, y Adrián Ortiz Romero, de Tiempo.

En este contexto, exhortaron a los integrantes del gremio periodístico a superar las diferencias que nos impiden avanzar, y demandaron encontrar puntos de coincidencia ante las agresiones a comunicadores.

De la misma forma, plantearon que el dinero público tiene que ser para beneficio del Estado, no para el beneficio de un gobernante, camarilla o grupo.

Por ello, se pronunciaron por fortalecer la relación institucional entre el Estado y los medios, lo que sin duda llevaría a cualquier Estado democrático no a disminuir, sino a fortalecer la presencia y voz crítica de los medios, una condición indispensable para la democracia.

Contra los intentos de coacción: Pérez Audelo

El representante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME), Juan Pérez Audelo, se pronunció por reforzar los mecanismos de coordinación y comunicación entre los propios medios para formar un frente común contra quienes pretenden ejercer coacción hacia el trabajo libre de los periodistas.

Pérez Audelo refirió que se han creado muchos mecanismos para proteger la integridad de los comunicadores, pero nada ha dado resultado.

Recordó, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Periodistas y Medios; también la apertura de la línea telefónica especial 01 800 PERIODISTAS de la Procuraduría General de la República (PGR), y una Dirección de Derechos Humanos para atender también esta misma problemática, pero todos estos esfuerzos gubernamentales han tenido resultados nulos.

Precisó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas y Medios sólo ha sido un aparato burocrático, que en apariencia atrae los casos de agresiones a periodistas al fuero federal, pero que en los hechos realmente se deslinda y turna al fuero común estos delitos.

De ahí, la discusión en diversos foros periodísticos por impulsar la federalización de los delitos contra comunicadores, indicó el también columnista y editorialista del diario “El Imparcial”.

Muy grave, que las agresiones queden en la impunidad

Bajo este panorama –subrayó–, nada detiene la creciente ola de violencia contra los informadores mexicanos y ya van 15 periodistas muertos en el país, según difundió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente congreso celebrado en México. Y lo más grave es que estas agresiones quedan en la absoluta impunidad, precisó.

Consideró que los poderes fácticos, como el crimen organizado, están imponiendo a través de la amenaza y a base de conculcar la libertad de expresión, mecanismos de presión inéditos que promueven la autocensura en los medios de comunicación. Entonces, se deben establecer mecanismos de protección hacia los periodistas, indicó.

Y propuso acentuar las exigencias a los gobiernos federal y estatales para que atiendan y resuelvan los casos específicos de agresiones a periodistas; de tal manera que se les permita a los comunicadores ejercer su profesión con absoluta libertad.

Pérez Audelo dijo que este tema también ha originado el debate entre los diversos grupos de periodistas, pues mientras algunos aceptan las medidas de protección, otros afirman que el periodista es un ciudadano común y no puede desplazarse en carros blindados o tener guardaespaldas que lo protejan, ya que serían un gasto oneroso.

También hay periodistas que piensan que sólo es necesario que el gobierno aplique estrictas medidas para acabar con la impunidad en el tema de las agresiones a los comunicadores.

Libertad de expresión amenazada

En torno al tema de la libertad de expresión, Pérez Audelo llamó la atención sobre los mecanismos que se aplican para conculcar este derecho a los periodistas.

A la coacción del crimen organizado, se tiene que sumar también la presión de los gobiernos y servidores públicos que intentan impedir la publicación de ciertos temas a través de la negación o retiro de las pautas publicitarias o la aplicación de auditorías mediante organismos fiscales para fastidiar a los medios.

El también integrante de la Comisión de Estatutos y Reglamentos de la AME, manifestó que, pese a riesgos, los comunicadores tenemos que continuar adelante con nuestra labor informativa.

No obstante, pidió a los directivos de medios tomar las providencias necesarias cuando envíen a los reporteros a las zonas de alto riesgo, para evitar exponerlos, pues “no queremos seguir teniendo víctimas”, apuntó.

Recordó que México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, aún por encima de naciones que se encuentran en guerra.

Y Oaxaca —agregó— es uno de los estados con mayor número de denuncias de agresiones a periodistas, según lo acreditó Juan Pablo Piña Kurczyn, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH.

“La forma en que podemos defender la libertad de expresión es tratar de no victimizar más a los periodistas”, mencionó Pérez Audelo.

Necesario, un trato publicitario equitativo

Pérez Audelo se pronunció igualmente por fortalecer el trabajo de las empresas de comunicación. E indicó que pese a ser periódicos grandes o pequeños, es legítima la defensa de los derechos de los diarios de los estados frente al trato privilegiado que recibe la llamada prensa nacional, que, además, no permea en todo el país.

Manifestó que normalmente los gobiernos estatales establecen jugosos contratos informativos con el duopolio televisivo y las grandes cadenas de periódicos de la capital de la República, soslayando el trabajo de las empresas periodísticas de los estados.

Y apuntó que, en la medida que existan convenios publicitarios y de información con absoluta equidad, esto permitirá fortalecer las finanzas de las empresas y éstas estarán en mejores condiciones de pagar salarios justos a reporteros y editores, así como avituallarlos de sus instrumentos de trabajo.

Por último, consideró, en el caso de Oaxaca, que es necesario que el gobierno estatal establezca criterios y mecanismos de equidad en el trato a las empresas de medios.

Comunicadores en la indefensión: Ortiz Romero

Para el columnista y editorialista del diario Tiempo, Adrián Ortiz Romero, ante la falta de actuación de las autoridades contra los agresores de comunicadores, el gremio periodístico deber tomar sus propias medidas para autoprotegerse y salvaguardarse.

Precisó que los periodistas oaxaqueños no son ajenos a la creciente violencia que afecta al país generada por la delincuencia organizada, pero tampoco de tipos de violencia muy particulares, como lo son los que provienen de los grupos enquistados en el poder gubernamental o de los llamados grupos sociales.

Ortiz Romero dijo que las agresiones a comunicadores “nos han agarrado desunidos o confrontados”, lo que provoca que quedemos en “un estado de indefensión”.

Esto, por no tener claro que “los adversarios no somos nosotros”, sino la impunidad de los agresores de periodistas. En tal sentido, convocó a estar más unidos que nunca ante un escenario adverso.

Lamentó que la autoridad gubernamental no se preocupe por inhibir y castigar ejemplarmente a quienes perpetran ataques a los trabajadores de la información.

Demandó elevar el ejercicio serio de la libertad de expresión e incrementar los niveles de responsabilidad en el actuar de los comunicadores, para disminuir las posibilidades de una agresión.

Al mismo tiempo, planteó aprovechar la experiencia de otros países que han vivido situaciones de violencia similares, como Colombia, donde los medios consensuaban qué información cubrir, cómo hacerlo y hasta cómo publicarlo, lo que en un Estado democrático no debería ser, pero que era la única forma de protegerse en bloque frente a las agresiones.

Necesaria, una nueva relación de respeto

Con respecto a las empresas de medios, Ortiz Romero dijo que, al margen de que sean empresas privadas y, por lo tanto con fines lucrativos, tienen determinado grado de ser empresas sociales.

“Fundamentalmente, porque el ejercicio de la libertad de expresión conlleva una responsabilidad social”, la cual debe fortalecerse a través de “una relación de respeto y tolerancia entre el Estado y quienes hacemos la prensa”, explicó el también colaborador de la reconocida revista Etcétera, especializada en medios de comunicación.

El columnista político manifestó que los funcionarios deben entender que los recursos de las pautas publicitarias, no son del gobierno sino del Estado.

Demandó dejar atrás el anquilosado criterio del “no te pago para que me pegues” y pasar a un esquema más democrático.

Subrayó que el fortalecimiento de la relación institucional entre el Estado y los medios, sin duda, llevaría a cualquier Estado democrático, no a disminuir, sino a fortalecer la presencia y voz crítica de los medios.

“Pero una crítica bien razonada, bien fundamentada y bien sustentada en la realidad”, finalizó.