En la última comparecencia de la glosa del IV informe de gobierno, diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado se pronunciaron por analizar y contribuir a mejorar la legislación referente a la procuración de justicia.

Y es que coincidieron en que se trata de uno de los temas más sensibles para la sociedad y que menos resultados dio en los seis años de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

A la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, quien compareció la tarde-noche de este martes ante integrantes de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura, la cuestionaron sobre qué avance llevan las investigaciones en torno a los asesinatos de líderes sociales e indígenas, y casi nada pudo abonar la funcionaria.

Incluso, la diputada Leticia Álvarez Martínez, del PRD, llamó a guardar un minuto de silencio a un mes de la ejecución del líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.

Más que argumentar, la Procuradora de Justicia sólo esquivó las repetidas acusaciones y señalamientos de que en Oaxaca no hay justicia por parte de los legisladores del PAN, PRD, PC y PT, incluso de aquéllos que no integran la Comisión citada.

Dijo, por ejemplo, que el combate al delito “no es una responsabilidad sólo del Estado, sino un compromiso compartido con la sociedad, ya que en la medida en que cada uno cumpla un propósito sano, la delincuencia disminuirá” (sic).

A siete días de dejar el cargo, recomendó a los nuevos legisladores que “en la distribución del presupuesto den al tema de la procuración de justicia el lugar que merece, que lo saquen del último cajón y pueda otorgársele mayores recursos para equipamiento, recursos humanos y capacitación, así como una revisión a su marco legal a fin de hacerlo más eficiente”.

El diputado Elías Cortes López, del PRI, hizo eco de la petición y convocó a los legisladores a homologar las normas estatales a las hechas a nivel federal en materia penal y adecuarlas a las necesidades de la sociedad oaxaqueña.

“Con responsabilidad compartida y la ayuda de la gente especializada en la materia revisemos la legislación para transitar a esa realidad que los oaxaqueños exigen y que es necesaria ante los nuevos tiempos que vivimos”, pidió el priista.

Aseguró, sin embargo, que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha contribuido al clima de seguridad que la sociedad con justa razón exige.

Sin embargo, Flavio Sosa Villavicencio, diputado del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que “en Oaxaca la justicia ésta tuerta porque mira para donde le conviene y no hay investigaciones de los asesinatos”.

Afirmó, en consecuencia, que a la LXI Legislatura le corresponde “estar pendientes que la justicia llegue pronto”.

Refirió que en Oaxaca se cometen feminicidios y pederastia con complicidad del poder, además de crímenes contra periodistas, torturas, criminalización de la protesta social y no hay justicia.

Luego preguntó a la Procuradora de Justicia cuántas averiguaciones previas existen derivadas del conflicto sociopolítico del 2006.

Su homóloga de partido, Hita Beatriz Ortiz Silva, reconoció que de todos los funcionarios comparecientes Candelaria Chiñas era la más tranquila, pero exigió justicia para los indígenas injustamente recluidos.

También preguntó por el número de casos e insistió en que se esclarezcan los asesinatos de taxistas en la región Mixteca.

A su vez, la diputada Leticia Álvarez Ramírez, del PRD, denunció la falta de resultados en los asesinatos y desapariciones de líderes sociales como César Toimil Robert, Miguel Herrera Lara, Anastasio Juárez Hernández, Alberta Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola, además de Beatriz López Leyva, Catarino Torres Pereda y Heriberto Pazos Ortiz, entre otros.

A esta postura se sumó el también diputado perredista, Pavel López Gómez, porque en ningún caso ha habido resultados contundentes de investigación por parte de la PGJE, sólo “avances” que no esclarecen nada.

El presidente la Comisión Permanente de Administración de Justicia, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, cuestionó por su parte la implementación de los nuevos modelos simplificados de impartición de justicia, así como el caso de los defraudados por las cajas de ahorro, principalmente en la Mixteca.

La también panista Marlene Aldeco Reyes Retana pidió cuentas sobre los robos de arte sacro y los atentados contra los sacerdotes.

A su vez, la coordinadora de los diputados del Partido Convergencia (PC), Margarita García García, manifestó que “la realidad es que Oaxaca atraviesa por una etapa de terror por la inseguridad, la violencia y el miedo que prevalen por los hechos violentos suscitados recientemente”.

Solicitó nombres de funcionarios sancionados y el sueldo de los agentes del Ministerio Público.

En tanto, la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del PRI, preguntó a Candelaria Chiñas sobre las acciones en contra de la trata de personas, la explotación sexual y tráfico de órganos y la pederastia.

Números y más números de averiguaciones previas iniciadas, no resueltas

La procuradora María de la Luz Candelaria dio a conocer en su informe ante los diputados que dentro de la actividad sustantiva de la PGJE, de enero a la fecha el Ministerio Público inició 38 mil 150 averiguaciones previas, en lo que se refiere al sistema tradicional mixto inquisitivo.

Sin embargo, admitió que sólo se ejercitó acción penal ante la autoridad judicial correspondiente en tres mil 745 averiguaciones previas resueltas, en tanto que ocho mil 12 indagatorias fueron enviadas al archivo, y siete mil 456 a “reserva”, ante la imposibilidad temporal y legal de contar con mayores elementos para lograr su perfeccionamiento.

Dijo que durante el último año del gobierno que concluye, la representación social adscrita a los juzgados penales y mixtos en la entidad actuó en cuatro mil 738 expedientes penales iniciados.

Y del total de determinaciones judiciales que resuelven la situación jurídica de los inculpados, este año se dictaron tres mil 312 autos de formal prisión y 786 autos de libertad.

Asimismo, como consecuencia de la actividad ministerial, los órganos jurisdiccionales libraron tres mil 14 órdenes de aprehensión y 348 de reprehensión, motivando dos mil 59 sentencias condenatorias y 187 absolutorias, que representan más del 91 por ciento en la pretensión punitiva de la representación social.

Agregó que con motivo de la instauración del sistema procesal acusatorio adversarial, mejor conocido como “juicios orales”, en materia de adultos en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Mixteca se iniciaron 10 mil 565 legajos de investigación, de los cuales 994 fueron judicializados, obteniéndose 78 sentencias condenatorias y 11 absolutorias.

Detalló que en este sistema procesal se logró la solución de 6 mil 577 conflictos mediante la conciliación, 1 mil 770 a través de la mediación y 151 con acuerdos reparatorios, lo que aunado a 32 conciliaciones efectuadas en el sistema mixto inquisitivo se traduce en la solución de ocho mil 530 conflictos en beneficio de la sociedad oaxaqueña, obteniéndose de manera directa la reparación del daño a las víctimas por un monto de cuatro millones 415 mil 261 pesos.