+ La medida cautelar para resguardar la “clausura simbólica” de la obra del CCCO fue pasada por alto por las fuerzas de seguridad pública y una persona resultó lesionada, señala el ombudsan estatal, Arturo Peimbert Calvo
OAXACA, OAX., julio 1.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) denunció este 30 de junio que la medida cautelar para que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino protegieran una manifestación pacífica contra las obras del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) fue realizada de manera insuficiente por las corporaciones policíacas y motivó que una persona fuera lesionada por supuestos trabajadores de esa construcción.
La agresión ocurrió hacia las 11:30 de la mañana de este 3o de junio en el parque infantil de la Colonia Guelaguetza, donde un grupo de alrededor de 150 personas de la sociedad civil se reunieron para clausurar simbólicamente los trabajos de edificación del CCCO con unas cadenas y un candado de papel.
Aproximadamente a 500 metros de distancia un grupo de alrededor de 700 supuestos transportistas se desplegó con palos y machetes en los pasillos que descienden al estacionamiento del Auditorio Guelaguetza, donde actualmente está en construcción lo que será el estacionamiento del CCCO.
Los individuos armados demostraron poco después tener, además, cohetones que dispararon en tres ocasiones contra la manifestación pacífica.
La secretaria técnica de la asociación civil Foro Oaxaqueño del Agua, Rocío Olivera Toro Maya, resultó lesionada en la pierna izquierda por el primer cohetón lanzado por los presuntos transportistas, quienes desde temprana hora habían cortado los accesos al Cerro del Fortín con camiones tipo volteo, taxis foráneos y mototaxis, y estuvieron lanzando mensajes en que anunciaron que agredirían a los manifestantes pacíficos.
La Defensoría que preside e ombudsman Arturo Peimbert Calvo, en cumplimiento de la medida cautelar dictada desde el día anterior, 29 de junio, había desplegado a un grupo de visitadores que observaran el desarrollo pacífico de la manifestación.
En el momento de la agresión con los cohetones, el primer proyectil pasó rozando la cabeza de la visitadora Luz María Hernández Ramírez y fue a impactarse contra la pierna de Rocío Olivera.
Al parecer, el cohetón fue lanzado contra la Visitadora de la DDHPO debido al chaleco que la identificaba como personal del organismo autónomo.
La persona herida fue transportada a la Cruz Roja en una patrulla de la Policía Municipal, en la cual la acompañó la visitadora Hernández Ramírez hasta la institución benefactora.
A la Cruz Roja se apersonó el Defensor de los Derechos Humanos, Arturo Peimbert Calvo, para verificar el estado de la lesionada y ofrecerle el apoyo de la institución a fin de trasladarla a un hospital particular, en donde continuaron las curaciones de la herida que sufrió la representante del Foro Oaxaqueño del Agua.
El Ombudsman estatal expresó a la lesionada su preocupación por la agresión que sufrió y le ofreció el acompañamiento de la Defensoría para hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Peimbert Calvo también señaló que el ataque contra la manifestación pacífica convocada por el artista Francisco Toledo y organizaciones de la sociedad civil, como Pro-Oax, es un grave signo de que las autoridades hacen caso omiso a las medidas cautelares solicitadas por el organismo defensor, pues las fuerzas del orden tenían conocimiento desde ayer de la solicitud de protección.
El Defensor responsabilizó a las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal por omitir la realización de un operativo adecuado que garantizara la integridad de los manifestantes pacíficos que acudieron al parque infantil del Cerro del Fortín, y anunció que la Defensoría solicitará información amplia sobre las condiciones en que se está realizando el Centro de Convenciones.
Acotó que dichos trabajos, realizados sin consulta previa, libre e informada a la población, y mantenidos en la opacidad, por lo menos están contraviniendo las estipulaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual señala que la obra emprendida por el Estado debe tener un fin de utilidad pública suficientemente avalado por la comunidad.
