OAXACA, OAX., diciembre 21.- Por mayoría la Sexagésima Primera Legislatura, aprobó la propuesta del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, de cobrar impuestos de 10 por ciento a casas de empeño, y rechazo la propuesta del mandatario, de cobrar impuestos a los notarios públicos por los servicios que estos prestan. 

En sesión extraordinaria, la noche de este martes, los diputados del PAN, PRD, PRI y MC, aprobaron con 34 votos la ley estatal de derechos, para actualizar las cuotas y tarifas que se obtienen por los bienes y servicios que estas ofrecen.

La Ley Estatal de Derechos establece los conceptos por los servicios que pagaran por el uso o goce de bienes del dominio público, entre estos el Teatro Macedonio Alcalá, el Museo de los Pintores, el Estadio Benito Juárez y el Auditorio Guelaguetza.

Advierte la reforma que será responsabilidad individual de los servidores públicos verificar que el contribuyente efectúe el pago correspondiente, con que se abre la posibilidad de sanciones individualizadas.

En lo que respecta a la calidad y costo de los servicios del agua, se consideró indispensable establecer un mecanismo de atención coordinado por la Secretaría de Finanzas para que se generen estudios que amplíen la cobertura y optimicen la calidad del agua en Oaxaca, así como para promover una cultura de pago justo.

En tanto, con 35 votos a favor fue aprobada la reforma de la Ley General de Ingresos Municipales, para establecer que los municipios que adquieran deuda pública, dejen en garantía de pago el 25 por ciento de sus participaciones federales.

Mientras que con 35 votos a favor fueron aprobadas las reformas y adiciones a la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, para evitar que se contraten los servicios de prestadores y proveedores sin tener los recursos para ello, impidiendo que aumente la deuda pública del estado.

Además, los diputados aprobaron, las reformas a la Ley de Hacienda, para agravar la ganancia extraordinaria de las casas de empeño o préstamo, en un 10 por ciento.

En contra parte, a la propuesta de la Secretaria de Finanzas, quien planteo establecer impuestos a los notarios públicos, este gravamen no fue aprobado, a petición de la bancada del PRI.

En tanto, se reformó la Ley de Justicia Administrativa de Oaxaca, para proteger el interés fiscal que tiene el Estado, por reclamos que hacen las personas contra pagos de impuestos, es decir de quienes solicitan la suspensión de embargos.