OAXACA, OAX., agosto 5.- El sociólogo y especialista en temas educativos y del magisterio oaxaqueño, Samael Hernández Ruiz, señaló que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “es una máquina de conflictos que se resiste a perder el control de la política del Estado”.
Y es que pese al decreto de reforma del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), advirtió que las movilizaciones y conflictos encabezados por el Magisterio persistirán independientemente de la cancelación de la ley educativa en el Estado.
“Uno de los problemas a los que se enfrentará el Gobierno del Estado será la resistencia de los trabajadores de la educación. Es muy probable que se nieguen a acatar las instrucciones de las nuevas autoridades educativas y continuarán sin reportar las incidencias de personal que afecten los intereses de sus agremiados”, indicó.
A juicio del especialista, la reforma del IEEPO no resuelve de fondo el problema educativo en Oaxaca, ya que sólo establece el marco legal mediante el cual se pueden tomar decisiones para regularizar la administración del Instituto y aplicar la reforma educativa.
“Los problemas de fondo del sistema educativo en Oaxaca, como en buena parte del país, tienen que ver con la función excluyente del sistema educativo, la precariedad de las condiciones materiales en las que se educan los estudiantes, sobre todo en el caso de educación indígena, la falta de equipamiento; la crisis docente que se expresa en una deficiente profesionalización de dicha función, y que no se resuelve sólo con un sistema de evaluación ni con incentivos para los trabajadores de la educación”, precisó.
Samael Hernández Ruiz dijo que los problemas de fondo también tienen que ver con una deficiente elaboración de las políticas educativas y los instrumentos para operarlas, como aquellos que regulan la relación Estados-Federación.
Asimismo, reconoció que “el discurso de que se privatiza la educación pública no tiene fundamento hasta ahora”; no obstante, advirtió que “es posible que intereses empresariales pretendan vender servicios a los gobiernos federales y estatales para ‘modernizar’ su tecnología educativa”.
Señaló que la supuesta defensa de los derechos de los profesores “es parte de un plan de operación para continuar alimentando un conflicto que favorece al movimiento.
“Los docentes podrían recurrir a la ley para garantizar sus derechos, pero no lo hacen porque eso es lo último que les interesa; lo que quieren es alimentar la máquina de conflicto”, subrayó.
De acuerdo con Hernández Ruiz, el movimiento magisterial se ha convertido en una amenaza para el Estado mexicano, lo que vuelve el panorama del país y del propio movimiento en algo “preocupante”.
“El gobierno podrá tolerar muchas cosas, pero si algo se vuelve un peligro para el Estado, entonces hará algo para detenerlo”, sentenció.
