Poco antes de las tres de la madrugada del 2 de junio, fueron asesinadas tres personas en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Eran la actual regidora con licencia y aspirante a concejal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)Pamela Zamari Terán, su chofer Adelfo Guerra Jiménez y la reportera gráfica María del Sol Cruz Jarquín, una joven periodista que iniciaba su carrera en tareas de la comunicación social.

Las tres personas salían de un restaurante ubicado en la calle 5 de mayo, de la localidad, cuando varios individuos les acribillaron hasta darles muerte.

En lo que respecta a la candidata priísta, según información local, una línea de investigación se refiere a asuntos que tienen que ver con su padre, Juan Terán Regalado, quien se encuentra detenido en Oaxaca por presuntos delitos como portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud; y su confrontación con otro grupo local con el que dicen que “han peleado la plaza” (Juchitán). Por supuesto esta línea de investigación es una presunción y será la fiscalía estatal la que llegue a conclusiones, que se quieren prontas y transparentes.

María del Sol Cruz Jarquín, era jefa del área de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del estado y quien habría sido comisionada por su titular, Francisco Javier Montero López, para que cubriera las actividades de su hermano, Hageo Montero, candidato a la presidencia municipal de Juchitán por la coalición Todos por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México).

La joven fotógrafa era hija de la también periodista Soledad Jarquín Edgar, quien afirma que su hija fue “comisionada” desde hace un mes como fotógrafa de esta Coalición ‘aunque no le autorizaban ni viáticos, pues era un hecho ilegal’.

… Y tenía que ir y venir con toda frecuencia a Juchitán, desde la ciudad de Oaxaca, que es donde se encuentran las oficinas de la SAI: “En este país donde no hay oportunidad para las y los jóvenes, si María del Sol no aceptaba que la comisionaran a Juchitán, perdía el trabajo”, dijo Soledad Jarquín.

Fue el martes pasado cuando salió a Juchitán por última vez. El sábado siguiente fue acribillada sin deberla ni temerla, en un acto criminal reprochable por todas razones y del que se espera una investigación cierta y seria por lo que significa para el periodismo nacional como también por lo que significa en tanto “daños colaterales”…

Los trágicos ‘daños colaterales’ que se dan en el enfrentamiento armado entre pandillas de criminales o en la confrontación de éstas con la autoridad persecutoria. Pero daños colaterales tienen un significado aún más grave; tienen que ver con la incapacidad de la autoridad para resguardar la seguridad pública en zonas muy peligrosas del país, como también por presuntas complicidades y corrupción. Todo junto. Al final de cuentas muchos mexicanos han muerto porque o hubo errores de estrategia o bien porque quienes infringieron la ley van con todo, contra todos en una acción de fiereza y falta de razón insospechados.

Pero es a tal grado la inseguridad pública en Juchitán, que los candidatos a puestos de elección popular decidieron suspender sus actividades electorales hasta contar con la seguridad que garantice su integridad física y de quienes les acompañan: todos están en riesgo…

Gloria Sánchez –Presidenta Municipal con licencia- que compite para legisladora estatal, como Emilio Montero Pérez, candidato a alcalde municipal, ambos con Morena, anunciaron inmediato la suspensión de sus campañas políticas: “Es difícil trabajar bajo estas condiciones y mientras no se den esas condiciones, y no haya garantías para los candidatos, a partir de hoy suspendemos nuestras actividades”, dijo Sánchez, hermana del también político Héctor Sánchez.

Así lo hizo también René Vázquez Castillejos, PSD, quien el domingo 3 pospuso su mitin para abrir campaña, como también Hageo Montero López de Todos por México. Y aquí el tema:

Puede configurar un delito electoral el que un funcionario público de gobierno asigne a personal adscrito a su oficina, al que se le paga con recursos públicos, para que acuda en apoyo de una candidatura de su mismo partido. Esto es: la autoridad electoral deberá hacer las averiguaciones correspondientes, calificar y sancionar con todo el rigor de ley si esto es un delito electoral y de Función Pública. No basta con la renuncia del funcionario.

Asimismo, el gobierno de Alejandro Murat deberá ser revisado por la FEPADE para ver en qué otros casos, como este, se pudiera estar cometiendo el mismo presunto ilícito, no sólo en Juchitán sino en otros municipios que se encuentran en la lisa electoral de Oaxaca.

Es imperativo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca califique el hecho de que un candidato (Hegeo Montero) reciba –a sabiendas- el apoyo laboral de personal adscrito a gobierno, pagado con recursos públicos y en tiempos nominales de gobierno, así como uso de equipo que pertenece a la oficina del SAI. Esto debe ser revisado por el IEEPCO o bien por los tribunales de lo electoral.

La muerte de la periodista no puede ni debe quedar impune. No puede ni debe ser una muestra más, de las muchas que ya hay, de que estos delitos se convierten en un expediente más de agravio al periodismo estatal y nacional. De don Adelfo Guerra, chofer, casi nada se dice y, sin embargo también es un ser humano que ese día perdió la vida y merece justicia.

El gobierno Municipal, como el gobierno de Oaxaca y la autoridad Federal deben esclarecer estos “daños colaterales”. Ellos tienen la palabra. Nosotros la exigencia de justicia, hasta la justicia.

jhsantiago@prodigy.net.mx

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