Los administradores municipales, ese rico negocio de partidos, diputados, y gobernantes es, de nuevo, seriamente cuestionado. El nivel de las críticas, las protestas de la comunidades ante la imposición de administradores, las experiencias negativas y altamente costosas que han pasado municipios, nos hablan del hartazgo de esa figura nociva para las comunidades. …

Administradores municipales: negocio y problemaLeer más »

Durante los días previos al 31 de diciembre recorren las calles de Juchitán una pareja de huelus (viejos, en zapoteco), son dos hombres —uno disfrazado de mujer— quienes, vestidos con ropas tradicionales, bailan al son de la chirimía y el tambor. También los encontramos en las banquetas de algunas casas, hechos de ropa vieja y rellenos de distintos materiales. Es la representación del año que muere, y que se aprovecha también para la sátira, o la recreación de escenas de la cotidianidad y, por supuesto, es una reafirmación de la identidad cultural. …

El “viejo” año es despedido en JuchitánLeer más »

La lectura es correcta y precisa: Oaxaca se encuentra al borde del colapso político, económico y social, como señaló el gobernador Alejandro Murat al asumir su mandato. La cuestión es cuál es la premisa para llegar a tal conclusión. Si deviene del caos presentado en los días previos a la asunción de la gubernatura y al quebranto económico de la administración estatal el análisis es cierto, pero es superficial. …

El colapso de OaxacaLeer más »

Una alcantarilla abierta desde hace meses, a unos metros del palacio municipal de Santa Lucía del Camino, es la expresión pura de un gobierno municipal que hace hoyos, que hace rato ha destapado la cloaca de corrupción y que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos no le interesa en lo absoluto. Pero no es un caso aislado, sino una actitud recurrente; el hecho se replica en varios municipios y en el gobierno estatal. Es el signo característico de fin de periodo gubernamental; el año de hidalgo llevado al extremo.

El peligroso hoyo al descubierto sobre Camino Nacional, una de las vías más transitadas de la zona conurbada de la capital estatal, a unos pasos de una escuela primaria y un bachillerato, implica serios riesgos para los transeúntes, los vehículos que suelen caer ante la falta de algún anuncio preventivo, y puede generar un accidente de mayores consecuencias. Nada importa, pasan los días y las semanas y no hay quien la cubra. En cambio, se han destapado una multitud de irregularidades.

El servicio de basura también tiene semanas sin funcionar y es que las autoridades vendieron cinco de los seis camiones con que contaba el Ayuntamiento para su recolección. Y no vendieron el sexto, porque lo resguardaron vecinos para evitarlo. Tampoco pagaron el servicio de energía eléctrica de la bomba que extrae el agua de un pozo que surte a la mayor parte del municipio. Ello motivó una movilización de la ciudadanía que en días pasados bloqueó varias arterias para exigir la reanudación del vital líquido.

¿Cómo exigir —como lo hicieron algunas voces— que su protesta la hagan por “canales institucionales”, si las autoridades encargadas de atenderlos, se niegan a recibirlos o se ocultan, si hace rato ya no están despachando en el edificio edilicio y son los causantes del problema?

No es el único caso, por supuesto. El esquema se repite en las carreteras estatales y federales, que asemejan en partes un nada romántico paisaje lunar, lleno de hoyancos y cráteres. Pero no sólo ahí.  Camionetas de la policía estatal fueron acuarteladas porque no hay dinero para gasolina. Hace rato se sabe que a las distintas instancias policiales les racionan el combustible. El aumento plausible del parque vehicular destinado a la seguridad pública, topó con la falta de los insumos para circular; la solución fue repartir el mismo monto, entre más vehículos. Lo loable es que esos cuerpos de seguridad aún puedan cumplir su cometido.

Lo inexplicable —o hartamente sospechoso— es que los recursos destinados al pago de determinados servicios —la energía eléctrica, los sueldos de la policía o el monto del combustible— se encuentran determinados de antemano en el presupuesto de egresos respectivo. Son recursos previamente etiquetados para cubrir esas erogaciones. ¿Qué pasó con ese dinero?

En cambio, lo que no olvidan es la forma de obtener recursos de la ciudadanía. El ayuntamiento de la capital, Oaxaca de Juárez, incrementó en sólo un mes un 50% a los trámites para el cambio de uso de suelo. Y a distintos domicilios ha llegado un aviso para “ponerse al corriente” del pago de distintos impuestos y servicios: predial, recolección de basura; sólo que, a la cantidad señalada como adeudo, acompañan recargos que superan hasta en un 200%, por el retraso; en otros, los ciudadanos manifiestan que les ha llegado, pese a estar al corriente con sus pagos. ¿Cuál es la lógica, que en alguna de esas caen?

Y unos y otros, gobiernos municipales y estatal, hacen obras donde no se necesitan; por el rumbo de San Luis Beltrán, se ha pavimentado caminos cosecheros, mientras que en la ciudad proliferan los baches y semáforos descompuestos.

Ikram Antaki, (El manual del ciudadano contemporáneo) al recuperar las décimas de Tito Livio sobre la decadencia romana, advierte que en el incremento de la violencia doméstica, en la elevación de los índices de criminalidad, incluso en el caos vial que se vuelve cotidiano, en la falta de servicios públicos y el correspondiente desorden que conlleva; es en donde se aprecia la descomposición de una sociedad y la decadencia de un régimen. Y esas estampas las observamos en la vida diaria en Oaxaca.

Twitter: victorleonljuan

Correo: victorleoneljuan.m@gmail.com

“El instrumental político de la democracia es tan apto como cualquier otro para vehicular el despotismo y es mejor que todos para legitimarlo”, afirma Fernando Savater en el prólogo de la obra de Maurice Joly, Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Decisiones que se están tomando en distintos países del orbe por la ciudadanía, dan la razón al filósofo español. …

Democracia en aprietosLeer más »

Democracia y Legislatura: Un paso adelante, tres atrás

Tres sesiones le bastaron a la actual Legislatura para derruir los pocos avances que se tuvieron en el sexenio. Y no tuvieron empacho en pasar sobre sus propios argumentos esgrimidos en reformas constitucionales y legales durante su misma gestión.

…

Democracia y LegislaturaLeer más »

La restauración del autoritarismo en Oaxaca no iniciará el 1 de diciembre, como muchos auguran; ni empezó el 5 de junio con el triunfo del PRI en las elecciones a gobernador; tampoco son sus primeros pasos los regresivos cambios legislativos realizados por el Congreso local. No. La regresión al viejo régimen inicia justo el 1 de diciembre de 2010 y va de la mano de quienes fueron mandatados por la sociedad oaxaqueña precisamente para desestructurarlo. …

Restauración autoritaria, ¿los inicios?Leer más »

Los tambores de guerra han sonado. “Los tiempos se han agotado”, expresa el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto al conflicto magisterial.

Un problema social y político complejo, cierto, pero si la fuerza es la salida a una movilización popular, es una confesión tácita de incapacidad política.

Y el problema se agudizará. Es el triunfo de los duros, los violentos de ambas partes. Los pueblos y comunidades de Oaxaca, la sociedad, son quienes habrán de pagar los costos; los más desprotegidos, son los más vulnerables.

Y que nadie se sienta excluido del sombrío mañana que han dibujado.

La brújula gubernamental se encuentra desorientada. Entró a terrenos que sus estrategas desconocen. Al menos eso demuestran con su simplista y burda estrategia.

Los informes de “inteligencia” que filtran a los medios están plagados de medias verdades, chismes y prejuicios de los informantes, pero carecen de una sistematización y análisis riguroso que permita filtrar lo que es cierto de lo que no.

Y todo indica que no sólo es una maniobra para desacreditar al movimiento magisterial, sino que esa versión maniquea y superficial de la realidad la creen a pie juntillas.

Tan es así que con ánimo celebratorio, lo mismo el gobierno federal que el estatal enfatizan que los caídos en Nochixtlán “no son maestros”, para minimizar la oposición del magisterio en contra de la reforma educativa y crear la hipótesis de la presencia de otros intereses en el movimiento.

Lo que pierden de vista es que, como en 2006 en Oaxaca, “el mal humor social” (Peña Nieto, dixit) requiere y ha encontrado un símbolo en el cual verter la indignación.

Hace 10 años, el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz se ganó a pulso convertirse en el ícono del repudio popular. Ahora, gracias a la incapacidad gubernamental, es la reforma educativa la que condensa la inconformidad social.

Es entonces la indignación por los excesos de la clase política; también es la convergencia de agravios recientes, muchos de ellos producto de las llamadas “reformas estructurales”, de la que la educativa es apenas una pálida muestra de los derechos vulnerados.

Reformas hechas el amparo de un “Pacto por México” excluyente, tomadas las desiciones por partidos que hace rato perdieron contacto con la realidad y dejaron de cumplir su encomienda de representación de la sociedad.

Reformas estructurales cuyos impactos amenazan territorios indígenas, culturas, recursos naturales y la profundización de la brecha de desigualdad.

La exfoliación de minerales, recursos hídricos, el aire, está a la venta al mejor postor, atropellando los derechos de quienes son dueños de los territorios en que se encuentran.

En ellas se violentó el “Estado de Derecho” ahora tan invocado, pues no se realizó la consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, Previo e informado, que establece el bloque de constitucionalidad mexicano.

Desde las comunidades se tiene claro que el reducto de una resistencia organizada, con capacidad de respuesta y movilización es el magisterio.

No con otro actor político, sino a partir de la CNTE fue que se pudo construir la oposición al autoritarismo del ulisismo en Oaxaca. No es por tanto la inconformidad a la reforma educativa el elemento que aglutina, sino la defensa ante los embates neoliberales es la que da cuerpo a la solidaridad colectiva.

Además, es claro que hay un aprendizaje de la relación y las actitudes sectarias del Magisterio.

Ahora, el apoyo no es acrítico ni incondicional; las autoridades mixtecas lo dejaron claro en su comunicado: “la lucha por la justicia social no implica violencia, no implica paralizar ni dañar a los transeúntes, a los campesinos, a los estudiantes. Los métodos que ustedes utilizan no los compartimos porque ponen en peligro la vida de miles de ciudadanos. Queremos profesores con compromiso. Queremos compromiso principalmente con los estudiantes y con los pueblos”.

En absoluto se trata de convalidar las prácticas viciadas, corruptas y autoritarias de la CNTE y del SNTE —con posturas políticas encontradas, sin embargo, coinciden en sus vicios—, se ha hablado hasta el cansancio de ellas y su persistencia y claros excesos deslegitima la lucha magisterial (mi opinión sobre el tema puede verse en: http://rendiciondecuentas.org.mx/lecciones-del-movimiento-magisterial/).

Pero ello no justifica ni una reforma educativa en que los especialistas en el tema han señalado que es punitiva contra el Magisterio, ignora la causalidad multifactorial del problema y que su solución es errónea al considerar a la “evaluación del desempeño” como el centro de la misma (http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/politica/2016/07/2/problema-o-solucion y http://www.educacionfutura.org/hacia-una-alternativa-angel-diaz-barriga/9).

Además, es claro que hay salidas. Más allá de la ceguera y cerrazón gubernamental y el dogmatismo y radicalismo magisterial, hay posiciones intermedias que urgen a revisar la reforma educativa de manera seria, responsable y con compromiso con la educación.

Menos aún justifica el exceso en el uso de la fuerza, en que han violentado los protocolos internacionales en la materia. El simplismo habla de aplicar la ley, pero esa es una mirada reduccionista de un problema político-social de profundas raíces.

Lo que está en juego es el proyecto de un país, cuya toma de decisiones ha sido secuestrado por una clase política distante de la ciudadanía (que ganan aún elecciones es una historia que debe ser contada aparte).

Los entuertos para que lograra aprobarse el paquete de leyes del Sistema Nacional Antocorrupción, construida desde la sociedad civil y que intentó ser burdamente minimizada, es una muestra de ello.

Desde el sureste se prenden las alertas, no sólo respecto a una reforma educativa que ha ganado solidaridad y acompañamiento de zonas que difícilmente se pensaría hace unos meses (como Nuevo León y Jalisco), sino como síntesis de la indignación social respecto a un modelo económico que profundiza la desigualdad y los agravios de la clase política.

Cuidado, el uso de la violencia y la represión dañará aún más el tejido social, podría gestar respuestas insospechadas que pongan en riesgo al régimen, pero a altos costos sociales, políticos y económicos.

Evitarla es responsabilidad directa del gobierno, pero también del magisterio. Y es corresponsabilidad también de la sociedad en su conjunto.

Correo: victorleoneljuan.m@gmail.com

Twitter: @victorleonljuan