Las crisis, dicen los teóricos, son oportunidades. Esto desde la gente de empresa ligada a los cárteles del poder político ha sido claramente entendido y mejor practicado. Veamos por qué:
Ante la crisis económica de los años 80, empresarios nacionales y extranjeros con nexos en las más altas esferas del gobierno federal aprovecharon para adquirir, a precios de regalo, empresas paraestatales, es decir, que eran propiedad de la nación, como Teléfonos de México, Imevisión, Ferrocarriles Nacionales, Carreteras, Puertos y Aeropuertos.
Ahora, en un contexto más o menos similar, la clase empresarial con fuerte influencia en los partidos políticos de derecha, en el poder federal y por supuesto desde las cámaras patronales, están aprovechando la crisis económica del país, como una oportunidad para reducir y en su caso aniquilar conquistas de la clase trabajadora.
Para confirmar lo anterior hay que revisar sólo dos acontecimientos:
Uno. En la iniciativa de reforma a la legislación laboral propuesta recientemente por el PAN se contemplan retrocesos como la amplitud de causales para el despido sin responsabilidad para el patrón, la contratación de personal a prueba por periodos más largos, el aumento de requisitos para el estallamiento de huelga y en general cuestiones que conculcan el derecho de todo trabajador a organizarse y en su momento, a protestar ante tratos despóticos y violaciones a sus derechos laborales.
Todo ello con el argumento de que las medidas son necesarias para incentivar la creación de empleos, cuando las ciencias económicas demuestran claramente que el desempleo no se debe a trabas en la ley sino por el pésimo manejo de la crisis por parte del mismo gobierno.
Está demostrado –por ejemplo– que el incremento a energéticos como la electricidad y la gasolina generan inflación, lo cual reduce el consumo y esto a su vez disminuye la producción.
Además, nadie invierte en un país con el más elevado índice de secuestros a nivel mundial o en uno donde una guerra causa semana tras semanas decenas de muertes de personas inocentes.
El segundo acontecimiento que evidencia cómo los patrones están viendo la crisis económica en general y la crisis de empleo en particular como oportunidad para pasar por encima de los intereses de la clase trabajadora lo vemos en los conflictos obrero patronales existentes en las fábricas de papel y de cerveza en esta región del Papaloapan.
En ambos casos, desde las gerencias se fomenta una campaña para hacer creer primero que los trabajadores no tienen por qué protestar pues gozan de grandes privilegios y segundo, han llegado al absurdo de poner como condición para el reinicio de actividades –en el caso de Fapatux– la no realización de marchas, mítines o huelgas.
Algo que es totalmente irracional y violatorio de la constitución pues los derechos de manifestación, reunión y libre asociación son sencillamente irrenunciables.
Por otra parte, resulta cada vez más absurdo que las empresas amenacen con irse de la región cuando es de todos conocido que las condiciones naturales, estratégicas y los favores recibidos por el gobierno, amén de las inversiones millonarias que han realizado en sus ampliaciones –algo que por cierto, ha redundado en el despido masivo de empleados– hacen prácticamente infantil ese chantaje que no tiene otro fin que amedrentar a la ciudadanía y ponerla en contra de los trabajadores.
