MUJERES Y POLÍTICA.- Este 7 de junio, en México algunos despistados “celebran” el Día de la Libertad de Expresión, fecha instituida desde la oficialidad en los tiempos en que gobernaba Miguel Alemán.
La Libertad de Expresión está garantizada en el Artículo 6º. de la Constitución Política, el texto dice:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Sin embargo, el Estado no garantiza ese derecho, un dato contundente es el hecho que el 65 por ciento de los ataques contra periodistas, comunicadores o informadores son perpetrados precisamente por el Estado. Situación que hace del desempeño de esta profesión una actividad peligrosa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que desde 1999 a mayo de este año, tiene radicados 594 expedientes de queja por agravios contra periodistas y desde el año 2000, cuando inicia el nuevo milenio, el mismo organismo reporta 61 homicidios contra periodistas.
Si analizamos las cifras, veremos que a partir del gobierno panista de Felipe Calderón, en el año 2006 cuando se duplica el número de asesinatos, al pasar de un promedio de cuatro entre 2000 y 2005, a diez en 2006, cifra que se ha mantenido e incluso aumentó en el año 2009 cuando fue reportada la lamentable cifra de 12 informadores que fueron asesinados de forma artera y cobarde.
En el 2010, se han registrado 15 asesinatos en el mundo, cuatro de ellos han sucedido en nuestro país, lo que representa poco menos de la tercera parte de homicidios, este último dato fue dado a conocer por el Comité para la Protección de Periodistas, cuya sede se ubica en la ciudad de Nueva York.
El mismo Comité ubicó a México, apenas durante el 2008, en el noveno lugar en su índice mundial de impunidad en delitos contra comunicadores.
Este segundo elemento contribuye sin duda a la comisión de estos delitos que no sólo terminan con la vida de las personas y destruye familias, afecta a al gremio periodístico, sino que es un atentado contra la llevada y traída libertad de expresión.
En esta –reitero lamentable– cuenta estadística y cualitativa, nuestro país se ubica sólo detrás de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán, Nepal y Rusia, y tiene un mayor grado de impunidad en comparación con países como Pakistán, situación que resulta por demás vergonzosa.
Esta es sin duda una actividad que se torna peligrosa y que habíamos advertido se volvería aún más a raíz de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón a lo largo y ancho del país, ya que sería un pretexto perfecto para quienes ven en las y los informadores un problema y bastaría con señalar que las víctimas “seguramente tenían lazos con el crimen organizado” para no sólo ensuciar la vida de las personas sino también castigar su memoria mediante el olvido y la impunidad.
De igual forma, hay otros signos de intolerancia por parte de autoridades, que mediante amenazas y actos intimidatorios buscan callar a la gente que labora en los medios de comunicación.
Y aquí es donde Oaxaca sobresale con el mayor número de casos de periodistas amenazados y hostigados durante 2009, con un total de 30, dato proporcionado por la Fundación Manuel Buendía que también ubica a Chihuahua y Veracruz con 20 y 28 casos, respectivamente.
Los datos de la Fundación Manuel Buendía nos muestran que en las agresiones –desde las amenazas, hostigamiento y homicidios– las mujeres no están exentas, con casi 80 casos reportados a lo largo y ancho del país y en el caso de los hombres la cantidad de agresiones se multiplica.
Esta situación es sin duda una muestra fehaciente del clima de violencia que invade al país, donde las y los periodistas no están ajenos a sufrir atentados porque lo que dicen y escriben no conviene a los intereses de los grupos de poder que hay en México.
Un caso concreto, ocurrido hace apenas una semana a Laura Castellanos, excelente periodista independiente, autora del libro México Armado (1943-1981) y Corte de Caja, quien denunció una serie de actos que plantean acciones de intimidación creciente como resultado de su trabajo enfocado particularmente en movimientos radicales y guerrilleros.
La misma periodista, señala que la organización Artículo 19, ha dicho que el 65 por ciento de las agresiones a periodistas de México en 2009 fueron perpetradas por el Estado y la mayoría de ellos, como lo adivinan, han quedado impunes, lo que no es sino una llave para que estos delitos se sigan cometiendo.
Sin duda, hay mucho que decir sobre la libertad de expresión y la profesión de informar, donde lo que pesa son los intereses políticos y financieros de algunos medios que actúan sesgados a la realidad y donde los trabajadores y trabajadoras no tienen ninguna oportunidad.
Entonces el 7 de junio, fecha en que institucionalmente se “celebra” el Día de la Libertad de Expresión, hay mucho que reflexionar, pues la libertad de informar –bajo el rigor expresado en el Artículo 6º– es fundamental para avanzar hacia un país verdaderamente democrático.
(*) Soledad Jarquín Edgar, Premio Nacional de Periodismo 2007 en la categoría de Noticia, Corresponsal de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en Oaxaca.
