El gobernador electo Gabino Cué Monteagudo tomó la protesta este lunes a los diez integrantes del Consejo Ciudadano de Vigilancia para la Transición Gubernamental, que preside el economista Francisco Álvarez Figueroa, a fin de que haya transparencia en la entrega-recepción del gobierno.

Asimismo, dio a conocer que contrató los servicios de tres despachos externos que asesorarán al equipo de transición en la recepción de la administración, con la tarea específica de “identificar documentos, informes y bienes” que presenten quienes dejan el poder.

Durante un acto celebrado la mañana de este lunes en un hotel del norte de la ciudad, Cué Monteagudo dijo que el propósito de este Consejo Ciudadano es darle seguimiento a la entrega-recepción de la administración estatal que concluye el 30 de noviembre e inicia el 1 de diciembre próximos bajo su conducción.

“El propósito es ponerle un sello a lo que será nuestro gobierno, porque creemos en la transparencia y en una adecuada revisión de cuentas como eje fundamental del gobierno democrático”, sostuvo.

El Gobernador electo anunció también que enviaría una carta al gobernador constitucional, Ulises Ruiz Ortiz, en la que de manera respetuosa propondrá se tomen en cuenta otros lineamientos que faciliten el proceso.

Consideró que desde el punto de vista de su equipo de transición “no son suficientes” los lineamientos para la entrega-recepción emitidos por Ruiz Ortiz.

Y es que este acuerdo da a las dependencias estatales hasta 60 días, a partir del 1 de diciembre próximo –cuando ya entra en funciones el nuevo gobierno– para que elaboren sus lineamientos de entrega-recepción y permite un lapso de 15 días naturales para que la administración que llega pueda, en su caso, hacer observaciones.

Por eso, Gabino Cué urgió a Ulises Ruiz a que “instale ya” la mesa de trabajo, a fin de tener el tiempo necesario para que tanto el equipo técnico como el Consejo ciudadano puedan emitir su opinión.

“Debe valorarse la posibilidad de que no sean sólo 15 días, sino por lo menos 60 para presentar nuestras observaciones, en caso de que las hubiera”, pidió.

El Consejo Ciudadano

El presidente del Consejo de Vigilancia para la Transición Gubernamental, Francisco Álvarez Figueroa, explicó que sus funciones concluirán el 30 de noviembre, y aclaró que ninguno de los integrantes recibirá pago alguno, pues “queremos participar en la consolidación de un gobierno honesto, abierto y justo”.

Puntualizó que sus integrantes están en la obligación cívica, ética y moral de cimentar en la entidad una democracia participativa.

Explicó que sus funciones son vigilar y ser testigos y observadores del proceso de transmisión gubernamental, por lo que convocó a un proceso de transición ordenado, oportuno y sin prisas.

“El régimen saliente tendrá que responder por lo que haga o deje de hacer hasta el 30 de noviembre, pero los tiempos morales le exigen actuar sin opacidad”, advirtió el economista oaxaqueño.

Integrantes del Consejo Ciudadano

Francisco Álvarez Figueroa: economista, ex presidente de la Canacintra, ex presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, y ex vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.

Alejandro Pombo Rosas: médico otorrinolaringólogo, miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, integrante de la Sociedad Mexicana de la misma especialidad.

Carlos Arturo Ruiz Abdalá: abogado, empresario hotelero y actual presidente del Consejo Empresarial Hotelero.

Donato León Díaz: contador público auditor, catedrático de la UABJO, ex presidente del Colegio de Contadores de Oaxaca y ex director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO.

María Eugenia Mata: activista en favor de los derechos de las mujeres indígenas, fundadora del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO A.C.), cofundadora y directora de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO A.C.), presidenta de Equipo Pueblo A.C., y consejera ciudadana del IFE en Oaxaca para las elecciones 2003, 2006 y 2009.

Jorge Alberto Arnaud Ortiz: contador público, empresario Industrial, ex presidente del Consejo Impulsor de Desarrollo Empresarial, ex presidente de la Canacintra-Oaxaca, ex presidente y fundador de la Unión Nacional de Empresarios de México y ex presidente y fundador del Banco de Alimentos.

Marcos Arturo Leyva Madrid: licenciado en Derecho, director de Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa A.C), miembro del consejo directivo de CALPULLI A.C., ex consejero electoral del IFE en Oaxaca.

Olga Juana Montes García: doctora en antropología social de la UNAM, profesora en la Escuela de Economía y del Instituto de Ciencias de la Educación, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, además de autora y coautora de varios libros sobre sociología.

Raúl Rodríguez Socorro: licenciado en derecho, asesor jurídico empresarial, ex subprocurador de justicia del estado de Oaxaca entre 1987-1988, ex secretario municipal de Oaxaca de Juárez, ex miembro del Consejo Estatal Electoral y de la Junta Local del IFE, y ex catedrático en derecho civil.

Teresa Pardo Brügmann: maestra en sociolingüística e investigadora del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

Miembros del Comité Técnico y del Consejo Asesor

Sara María Gómez Abascal.

Fernando López Hernández

Lic. Alberto Vargas Varela.

Lic. Gerardo Lozano, del Consejo asesor

La Consultoría externa

El gobernador electo, Gabino Cué, presentó a Gerardo Lozano, presidente de las firmas de consultoría externa “Béjar, Galindo Lozano y Compañía”, quien encabezará al equipo de asesores externos que apoyarán y acompañarán al equipo de transición.

Las otras dos consultoras que participarán son Profesionales en Administración Pública, fundada por Luis Antonio Chagoya, y TAO y Asociados, fundada por Tirso Oropeza hace 20 años.

En representación de las tres empresas, Lozano detalló que las tres compañías iniciaron ya los trabajos para identificar los asuntos, documentos, informes, bienes e inmuebles del Gobierno del Estado que deberán ser puntualmente entregados por el gobierno saliente.

Lamentó, sin embargo, que “como lo establece el acuerdo publicado por el Ejecutivo estatal el 9 de julio pasado, los lineamientos y plazos se darán a conocer hasta principios de octubre, y hubiera sido deseable conocerlos con mayor tiempo de anticipación para darle la debida oportunidad a este proceso”.

Aseguró, no obstante, que las tres firmas de auditores trabajarán de manera gratuita para garantizar la transparencia y eficacia de su encomienda.

Lozano es también presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y consultor asociado del Instituto Nacional de Administración Pública.

Cuenta con 24 años de experiencia en auditar a instituciones públicas como Caminos y Puentes Federales, Servicio Postal Mexicano, Telecomunicaciones de México, DIF nacional, Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, y Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal, entre otros.