Porque a “nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito”, la mayoría priista en el Congreso del Estado enjuiciará de aquí a antes de que concluya su mandato legislativo, el 13 de noviembre próximo, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a fin de que la oposición que llega al poder no pueda hacerlo.

La petición formal para iniciar el procedimiento la hizo este jueves, durante la sesión ordinaria, el único diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales.

Así, la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del documento mediante el cual el legislador solicita iniciar juicio político en contra del Mandatario estatal con base en el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso Oaxaca.

Y la Comisión Instructora de la sexagésima Legislatura comenzó el procedimiento contra el gobernador Ruiz Ortiz por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto sociopolítico del 2006 y 2007, a fin de determinar su grado de responsabilidad y en consecuencia sancionarlo.

Fuentes de la LX Legislatura indicaron que el objetivo es realizar un “juicio rápido” en contra del titular del Poder Ejecutivo en la entidad y declararlo inocente de los cargos que se le atribuyen para que la coalición opositora que llega no pueda hacerlo a su manera, con base en la máxima legal de que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

En el escrito, leído por la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada priista Eva Diego Cruz, el panalista Carmona Morales expone que tras el conflicto social, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca, debe iniciarse juicio político contra Ulises Ruiz.

“Por incurrir en violaciones al Artículo 81 de la Constitución Política de Oaxaca por los hechos del 2006 y violaciones a la garantías individuales cometidas durante el desalojo del 14 de junio de 2006”, argumentó en su petición el representante popular del Panal, quien permaneció al lado de Diego Cruz durante la lectura del documento.

La petición contiene los argumentos del dictamen 1/2007 emitido por la SCJN, el cual señala que el titular del Poder Ejecutivo estatal “incurrió en omisiones en agravio de los ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas”.

A pesar de que en anteriores ocasiones el Panal junto con el PRI rechazaron el juicio político solicitado por los legisladores del PRD, PAN y Convergencia, Carmona Morales consideró que a cuatro meses de vencer la administración de Ruiz Ortiz “hoy es tiempo de hacerlo”.

En su demanda de juicio político, fechada el 28 de julio pasado, agrega pruebas de copias certificadas proporcionadas por la SCJN.

Culminada la lectura del documento, que fue turnado al presidente de la Comisión Permanente Instructora que preside el priista Etelberto Gómez Fuentes, el polémico diputado abandonó inmediatamente el salón de sesiones y hasta se retiró del complejo legislativo para no ser entrevistado por los reporteros.

Y es que la petición de juicio político contra Ulises Ruiz tomó por sorpresa a los diputados de la alianza PAN, PRD y PC que asistieron a la sesión ordinaria del Congreso este jueves, quienes vieron desaparecer a Cristóbal Carmona Morales sin que haya podido fundamentar los “motivos personales o de partido” que tuvo para presentar tan osada solicitud.

El 14 de octubre del 2009, hace casi ya un año, los ministros de la SCJN resolvieron por mayoría que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es responsable de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas en 2006 y 2007.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, los ministros consideraron que el Mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en “desorden generalizado” en la Ciudad de Oaxaca y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el máximo tribunal de justicia del país rechazó incluir en su decreto de culpabilidad al ex presidente Vicente Fox Quesada; al ex secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y al extinto ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, señalados también entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en Oaxaca diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de los derechos fundamentales.

Igualmente quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

En esa ocasión, el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al gobernador Ruiz Ortiz “intentar trasladar el problema a la autoridad federal”.

Tras año y medio de investigación plasmada en un proyecto de 923 cuartillas, los ministros sólo coincidieron en que hubo violación generalizada de garantías y responsabilizó también a mandos policiacos de la entidad.

Entre éstos al entonces director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Manuel Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

Igualmente a policías estatales y federales que incurrieron en uso excesivo de la fuerza durante los operativos en que tomaron parte.