Integrantes del Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo) protestaron el jueves 5 de agosto en el salón de sesiones del Congreso del Estado para exigir que el juicio político que han iniciado los diputados priistas contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz “no sea una simulación”.
Integrantes también de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los de la Cofadapo ingresaron al complejo legislativo de San Raymundo Jalpan en “operación hormiga”, con el apoyo de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ya en las galerías del salón de sesiones explicaron que 63 personas han demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a funcionarios de la actual administración, entre ellos al gobernador Ulises Ruiz, por su presunta responsabilidad en las agresiones que padecieran durante el conflicto social del 2006 y 2007.
Manifestaron su inconformidad por la forma en que los priistas quieren conducir el proceso, con claros tintes de absolver al Mandatario estatal, y exigieron sancionar a los responsables de las múltiples violaciones a los derechos humanos.
Explicaron que los 63 afectados, entre hombres y mujeres, han demandado una indemnización de 3.8 millones de pesos por “abusos, torturas, encarcelamientos y atropellos” por parte de funcionarios en activo y separados del cargo.
Denunciaron que las 143 personas que fueron encarceladas de manera injusta en penales de mediana y alta seguridad del estado y del país “no han recibido justicia hasta el momento”.
Rechazaron el “juicio político” de los priistas como forma de castigo para el Mandatario estatal, pues consideraron que “es otra burla para el pueblo de Oaxaca”.
Encabezados por el dirigente del Cofadapo, Porfirio Domínguez Muñozcano, quien durante la represión de noviembre del 2006 fue detenido y golpeado por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), reivindicaron la condena penal en contra del titular del Poder Ejecutivo estatal y exigieron la reparación del daño físico, moral y económico a los familiares de los desaparecidos, asesinados y presos.
“El juicio simulado busca engañar al pueblo de Oaxaca y exonerar a Ulises Ruiz por las más de 500 detenciones arbitrarias, 26 asesinatos, decenas de desapariciones, encarcelamientos y torturas, de las cuales hay evidencias”, dijo.
Detalló que las denuncias que serán “revividas” fueron interpuesta en el año 2007, pero hasta la fecha “siguen empantanadas”, por lo que recurrirán a instancias internacionales para lograr que efectivamente se sancione al gobernador Ruiz.
El jueves 5 de agosto, día de sesión ordinaria en el Congreso del Estado, hubo dos protestas muy peculiares.
Paralelamente al “sitio” que orquestó el cuestionado presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Alejandro Díaz Hernández, con empleados y seguidores de su gobierno para evitar que el Poder Legislativo lo suspenda de su cargo, los integrantes de la Cofadapo hicieron lo propio.
Mientras los simpatizantes del Edil de Santa Lucía del Camino protestaban en el recinto legislativo con pancarta en mano y sin detener los insultos al diputado Wilfredo Vázquez López, del PRD, los simpatizantes de la APPO alzaron en silencio sus pancartas para rechazar el “juicio político” contra el Mandatario estatal.
