Apoyado por regidores, empleados e incondicionales, el controvertido presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Alejandro Díaz Hernández, sitió el jueves 5 de agosto de 2010, durante cinco horas, la sede del Congreso del Estado para evitar que los diputados lo suspendieran de su cargo por actos de corrupción y nepotismo.

Paralelamente, los opositores al Edil emanado del PRI hicieron lo propio en el exterior del complejo legislativo ubicado en el municipio conurbano de San Raymundo Jalpan para exigir a los mismos diputados la desaparición de poderes en ese Ayuntamiento ante la orden de aprehensión que pesa sobre el Alcalde por abuso de autoridad.

Mientras tanto, Díaz Hernández informaba a los reporteros que interpuso un recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el Congreso del Estado lo suspendiera de su cargo por los delitos descritos.

Y contrario a lo declarado en los días previos, el concejal, priista se retractó de las acusaciones de “compra de protección” por millones de pesos ante la auditora superior del estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el diputado presidente del Congreso, Herminio Cuevas Chávez, y el presidente de la Comisión de Gobernación, el también priista Javier Mendoza Aroche.

“La Auditora merece todo mi respeto; sólo tengo trato institucional; no hemos ofrecido ninguna dádiva; se debe de actuar en contra de quienes manifestaron este tipo de ideas; se debe de actuar y ahí está el marco jurídico que nos rige”, argumentó Díaz Hernández al límite del cinismo.

Para evitar su inhabilitación, el Edil de Santa Lucía del Camino cambió su versión y acusó al diputado perredista Wilfredo Vásquez López de ser el responsable de la desestabilización de su gobierno, todo por “no cumplirle con el pago de prebendas y favores económicos a sus familiares”.

Además, acortó la licencia de ocho días solicitada para arreglar las denuncias de corrupción y nepotismo que pesan sobre él, y anunció que retomaría sus funciones a partir del viernes pasado.

Ensoberbecido, el priista dijo que permanecerá en su cargo hasta el último día de su mandato, 31 de diciembre de 2010, “porque no existen elementos ni pruebas de sus actos de corrupción y abuso de autoridad” como lo señalan sus opositores y el diputado del PRD, Wilfredo Vázquez López.

Además, aseguró que está amparado y, por tanto, no será ejecutada ninguna orden de aprehensión en su contra. “El auto de formal prisión está impugnado y el recurso ante los tribunales será resuelto en favor nuestro”, se jactó.

Frente a las acusaciones de “incumplimiento en la ejecución de obras públicas, corrupción, trato despótico y malversación de fondos”, retó a sus opositores a “presentar pruebas”.

El cerco

Minutos después de las 10:00 horas del jueves 5 de agosto, el Munícipe de Santa Lucía del Camino y sus seguidores se apostaron en cada uno de los pasillos de los tres niveles del complejo legislativo, planta baja y puertas de acceso.

Policías municipales vestidos de civil y empleados del ayuntamiento conurbano a la Ciudad de Oaxaca se plantaron en los accesos de los estacionamientos y salidas del inmueble para presionar a los diputados a no continuar con el proceso de desconocimiento contra Díaz Hernández.

Esto ocasionó que la sesión se retrasara por cuatro horas. Y mientras los diputados de oposición se desesperaban por el inicio del debate para suspender al Edil priista, los seguidores de Díaz Hernández lanzaban toda clase de improperios y amenazas contra el diputado perredista Vázquez López, al grado de agredirlo físicamente, por lo que éste tuvo que ser rescatado por sus compañeros legisladores para ponerlo a salvo y evitar que la situación pasara a mayores.

Las diputadas del PRI, Claudia Silva Fernández, Eva Diego Cruz y Teresa Marín, así como la panista Perla Woolrich Fernández, acudieron en auxilio de su homólogo perredista y conformaron la comitiva para “blindarlo”.

Es que ni el llamado del oficial mayor del Congreso, Rafael Mendoza Kaplan, amainaba la belicosidad del Munícipe de Santa Lucía ni de sus seguidores.

“No se vale. Tienes a toda tu gente en los accesos y no podemos iniciar la sesión. Además, está en riesgo la integridad del Diputado. Despeja los pasillos y permite el paso”, exigía sin éxito el hermano del diputado federal priista Emilio Mendoza Kaplan, ex coordinador del Coplade.

Protegido por la comitiva de diputadas, el perredista Vázquez López logró pasar la valla de opositores rumbo al recinto legislativo, pero en el trance fue blanco de botellas de agua, gritos, jaloneos e improperios de la turba priista.

“Ladrón”, “corrupto”, “perro” y hasta “maricón” le gritaron, mientras caminaba por los pasillos del “edificio inteligente” de San Raymundo Jalpan, de la mano de su homóloga panista Perla Woolrich Fernández y al frente la priista Eva Diego.

Logrado el objetivo, los diputados iniciaron la sesión y el cuerpo de seguridad del Congreso cerró los accesos.

Amaro Cancino en acción

Pero la protesta no paró ahí. Minutos después, el Edil acusado de corrupción y sus seguidores ingresaron cómodamente al salón de sesiones de la mano del diputado priista Antonio Amaro Cancino, quien intercedió en favor de Díaz Hernández y compañía para seguir la protesta contra Vázquez López.

Con pancarta en mano y sin detener los insultos, los seguidores del Alcalde priista se distribuyeron estratégicamente en el amplio salón de sesiones.

Entonces, desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Javier Mendoza Aroche, informó al pleno y a los manifestantes del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que resolvió como “improcedente” la suspensión de Díaz Hernández.

El Edil impugnado y sus seguidores estallaron en júbilo y poco a poco se retiraron del recinto, no sin antes volver a insultar al legislador perredista Vázquez López.

A la distancia, el mismo Presidente Municipal gritó: “¿Qué… quieres más obras para tu primo?”.

Mientras tanto, afuera del palacio legislativo, medio centenar de personas encabezadas por el regidor de Gobernación de Santa Lucía del Camino, Vidal García Mendoza, y los agentes de San Francisco Tutla, Daniel Alonso, y de Santa María Ixcotel, Rafael Martín Cortés, exigían a los diputados revocar el mandato y auditar a Díaz Hernández por corrupto.

Y la sesión ordinaria del Congreso estatal, que tuvo un retraso de cinco horas, se desahogo en sólo dos horas.