Antes del 15 de agosto próximo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dará a conocer qué autoridades municipales fueron denunciadas penalmente por fraude al erario público y a las que fueron sancionadas por incurrir en otras irregularidades.

Así lo dio a conocer la titular del órgano estatal fiscalizador, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, quien también aseguró que su permanencia en el cargo no está en riesgo, aún cuando culmine la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Por lo pronto, aseguró que antes del 15 de agosto entregará al Congreso local su informe de resultados pormenorizado, que contendrá resultados de auditorías y datos sobre autoridades sancionadas, procedimientos de inhabilitación, así como los recursos resarcitorios para que las autoridades que ejercieron indebidamente el dinero público lo restituyan.

Además, dará a conocer denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de fraude al erario público, a fin de exigir la aplicación de la ley en contra de malos servidores públicos.

Ignorancia de la Ley

Frente a la reestructuración de la ASE y la revisión de la permanencia en su cargo, que piden los diputados electos de oposición, sostuvo que esta petición es improcedente en virtud de que la dependencia tiene su origen en reformas constitucionales federales y estatales.

La funcionaria pública precisó que la Ley establece que el titular “durará un periodo de siete años de gestión para ofrecer independencia, autonomía y el desarrollo de temas técnicos en cuanto a vigilancia de recursos públicos”.

“Quienes hablan de desaparecer al órgano fiscalizador del Congreso demuestran desconocimiento de la Ley de Fiscalización del Estado y demás leyes estatales y federales”, dijo.

Reconoció sin embargo que las personas en el gobierno cambian periódicamente, “en unas ocasiones estarán unos u otros, pero las instituciones deben ser más sólidas, fuertes y dar mejores resultados a la ciudadanía”.

Rechaza calumnias

Cuestionada en el desempeño de sus funciones –ya que la califican de sumisa al gobernador Ulises Ruiz Ortiz–, rechazó recibir soborno alguno de cualquier autoridad, incluido el edil de Santa Lucía del Camino, Alejandro Díaz Hernández, para evitar la revisión a las finanzas de su administración.

“Sostengo que no he recibido dinero, obsequios ni privilegios de ningún tipo para beneficiar a alguien”, aseveró y adelantó que procederá penalmente en contra del munícipe de Santa Lucia del Camino por difamación.

La también ex Procuradora General de Justicia del Estado aseguró que de ninguna manera va a permitir señalamientos de esa naturaleza que no sólo la afectan de manera personal y profesional, sino que están encaminados a lastimar el prestigio de la institución que actualmente encabeza.

“Haré valer las acciones pertinentes y no descarto iniciar procedimientos jurídicos en contra del edil de Santa Lucía para que se esclarezcan los hechos”, advirtió.

Capacitación para entregas-recepción transparentes

Por otra parte, indicó que se capacitará a todas las autoridades entrantes para darles herramientas que permitan iniciar bien su gestión, decirles qué tienen que comprobar, cómo ejercer los recursos, cuáles son los riesgos en la operación de los fondos públicos y darles a conocer que todo está normado por la Ley.

Agregó que en estos momentos de transición las autoridades deben trabajar en sus planes estratégicos de gobierno y en ese sentido la Auditoría Superior coadyuvará con una visión institucional, para que los cambios de administración sean ordenados y transparentes.