El movimiento ciudadano “Iniciativa Oaxaca” denunció que los defensores de derechos humanos siguen recibiendo amenazas por la labor que realizan, en especial acusó el hostigamiento que está enfrentando el sacerdote católico Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, conocido como el “padre Uvi”.

En conferencia de prensa, integrantes de esa organización ciudadana, como Armando Contreras (ex secretario de Asuntos Indígenas), el ex diputado local perredista Zenén Bravo Castellanos, y Minerva Martínez, líder la organización Barca, manifestaron su rechazo categórico a la serie de acosos que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos.

De tales hechos, responsabilizaron al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por la falta de seguridad, así como a integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), por lo que solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tome cartas en el asunto, para que se emitan medidas cautelares para quienes han recibido amenazas.

Precisaron que las intimidaciones que ha recibido el Padre Uvi es porque éste ha intervenido en el caso de San Juan Copala y por el apoyo ofrecido al párroco de San José El Progreso, Martín Octavio Cruz, quien en meses pasados fue secuestrado, torturado y encarcelado por habitantes que lo responsabilizaron de la muerte del edil de esta comunidad ocoteca, ante el problema de la minera instalada en esta localidad.

“Vemos que en Oaxaca es sumamente peligroso denunciar situaciones injustas como las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas… El proceso jurídico que se le inició al padre Martín aún cuando él fue víctima de delitos graves y que fueron solapados por las instituciones de procuración de justicia; el asesinato el pasado 28 de julio del padre Salvador Wotto, así como la reciente descalificación, criminalización y amenazas contra el padre Wilfrido Mayrén Peláez por el grupo de la Ubisort”, expusieron.

ante esa situación, las agrupaciones civiles y representantes populares exigen al Gobierno del Estado, a los organismos estatales, nacionales e internacionales asegurar la protección del derecho de la vida, la integridad física y psicológica del “Padre Uvi” y los demás defensores de derechos humanos.