Con un sobregiro de mil 756 millones 610 mil pesos, y por 24 votos de los diputados emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del representante del Partido Nueva Alianza (Panal), se aprobó la Cuenta Pública del primer semestre de 2010 y ordenó a la Auditoria Superior del Estado (ASE), emitir el finiquito y constancias respectivas a los Poderes del Estado.

Pese al rechazo de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia (PC), Social Demócrata (PSD) y Partido Unidad Popular (PUP), la ausencia de la diputada priista Carmelina Cruz Silva, y de los diputados Alfredo Ahuja Pérez, del albiazul, y Juan Bautista Olivera Guadalupe, del PT, la mayoría priista sacó adelante el informe de la revisión y fiscalización realizado por la Auditora Superior del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, a los 23 mil 165 millones de pesos, que ejerció el gobierno del estado de enero-junio del 2010.

Sobregiro de mil 756 millones 610 mil pesos

Esos recursos significaron un gasto superior a los 22 mil 85.6 millones de pesos que recibieron las arcas estatales, por los ingresos por conceptos de impuestos, derechos, contribuciones, aportaciones y transferencias federales.

No obstante, la titular de la ASE concluyó que se cumplieron razonablemente con eficiencia, eficacia y economía los programas ejecutados y que los ingresos y egresos se ajustaron a los conceptos y partidas correspondientes.

En defensa de esa determinación, el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Rogelio Sánchez Cruz, expuso que el incremento obedeció a que se incluyen recursos de años anteriores, particularmente de obras cuyo periodo de ejecución comprenden más de un ejercicio fiscal y se registran como refrendos de inversión.

Con esos argumentos, 24 diputados del PRI y el diputado del Panal, Cristóbal Carmona Morales, en sesión extraordinaria, respaldaron el gasto ejercido por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por 23 mil 165 millones de pesos, cuando los ingresos fueron a 22 mil 085.6 millones, de pesos, lo que significó un sobregiro de mil 756 millones 610 mil pesos.

Al defender la política financiera y económica de Ruiz Ortiz, dijo que el mandatario es un demandante tenaz de un mejor trato de la federación para Oaxaca, por ello se lograron transferencias históricas para el estado.

“Hay que dejar claro que no sólo se limitó a pedir lo que en justicia le corresponde a Oaxaca y se le ha negado, sino que con sus propios medios como gobierno, también se hizo de mayores recursos propios que lo ubicaron dentro de los primeros cinco estados con mayor esfuerzo de inversión”, destacó.

En su rechazo a la cuenta pública, el coordinador de Convergencia, Benjamín Robles Montoya, denunció que las finanzas del estado se encuentran sobregiradas en mil 79 millones de pesos, de acuerdo con la información contenida en la Cuenta Pública.

Acusó que el PRI se intenta “tapar” el sobregiro con un refrendo para gasto de inversión por mil 756 millones 610 mil pesos, que “nunca fue informado” por la ASE cuando se revisó el documento similar 2009.

Al culpar al Gobernador de ese sobregasto, sin la autorización del Congreso del Estado, pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la cuenta pública y fincar responsabilidades penales.

Insistió en que la deuda pública de Oaxaca asciende a más de 13 mil millones de pesos, y pidió que el juicio político contra Ruiz Ortiz también alcance al secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, “por exceder los gastos reales de los ingresos reales”.

“En la cuenta pública de 2010, Ulises Ruiz Ortiz se hace el harakiri al mostrarnos que tras cinco años de gobierno no ha aprendido a ejercer los recursos en tiempo y forma, generando subejercicios escandalosos en un estado con demasiadas necesidades”, espetó.

En su arenga, Robles Montoya pidió que ese juicio político alcance, además, a Lizbeth Caña, por ocultar un subejercicio de más de 4 mil millones de pesos en la Cuenta Pública del 2008 y de más de mil millones de pesos de las cuentas públicas del 2009 y del primer semestre del 2010.

Por el PAN, Perla Woolrich anunció el rechazo y censuró el dictamen de la titular de la ASE y ex Procuradora del estado, por las inconsistencias del documento y la nula revisión y análisis hechos por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.

En tribuna, aseguró que los resultados reportados en la Cuenta Pública del Estado de enero a junio de 2010 no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y estricta vigilancia de los recursos ejercidos.

“Es evidente la omisión en la revelación suficiente de las operaciones y su impacto en la información financiera y presupuestal, lo que conlleva a una nula toma de decisiones”, subrayó.

Insistió en que la revisión y fiscalización de la gestión financiera es limitada y aún más la del desempeño de sus programas y actividades institucionales, por lo que se atenta indiscutiblemente contra toda normativa aplicable al ejercicio, control y seguimiento de los recursos públicos y a las de revisión y fiscalización.

Esa falta de verificación en la cuenta pública, advirtió, acredita el incumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental de la propia ASE.

“Es inadmisible que habiendo un posible daño al erario público y probable fincamiento de responsabilidades a servidores públicos por la irregularidad detectada, la licenciada Cadeza dictamine que la Secretaría cumplió razonablemente con el manejo, aplicación y ejercicio de los recursos públicos”, reprochó Woolrich Fernández.

Y fue más allá, al acusar que se encubre un probable daño al erario estatal por los intereses no generados a consecuencia de que en las arcas del Colegio de Bachilleres, estuvo ocioso el recurso de esa dependencia.

“Eso amerita responsabilidades administrativas por el inocultable desvío, por no decir jineteo de recursos públicos para beneficio de servidores públicos en funciones y por el encubrimiento de un asunto penado por la Ley”, advirtió la panista.

En su oportunidad, el coordinador de los diputados del PAN, Dagoberto Carreño Gopar, indicó que los resultados reportados en la cuenta pública no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y estricta vigilancia de los recursos.

En tanto, por el PRD, la diputada Francisca Pineda Vera dijo que la cuenta pública contrasta con las supuestas obras efectuadas en la entidad.

Esta vez la diputada del PRD fingió demencia a la exoneración que hiciera junto con el PRI al gobernador, por violaciones a la Constitución con fines electorales como lo determinara el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al utilizar recursos públicos durante el pasado proceso electoral.

Esta vez, en nombre de la bancada del Sol Azteca denunció la sumisión de la mayoría priista frente a sobregiros y por no tomar en cuenta los desvíos y desfalcos, sino que por el contrario se aprueban.

“Los recursos que requieren los oaxaqueños para tener una vida digna terminaron en las campañas políticas de quienes fueron derrotados (sic)”, dijo la integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.

Pineda Vera cuestionó la “rapidez” con la que la Auditoría Superior del Estado realizó un “minucioso análisis de los gastos e ingresos obtenidos por el Gobierno del Estado”, en tan sólo 10 días.

A contra pelo de esos señalamientos, en entrevista, el presidente de la Gran Comisión, Herminio Cuevas Chávez, aseguró que la cuenta pública del primer semestre del 2010 se aprobó con base en los resultados emitidos por la ASE y con la seguridad de que el Gobierno del Estado entregará cuentas claras al pueblo oaxaqueño.

El líder de la bancada del PRI lamentó la posición política que asumieron los diputados del PAN, PRD y Convergencia “cuando la mayoría ni siquiera asistió a las reuniones de análisis donde bien pudieron aclarar todas sus dudas a través de los responsables de las instituciones y las dependencias que participaron”.

Y es que el dictamen fue aprobado y firmado por sólo por tres de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior: los priistas Rogelio Sánchez Cruz, Saulo Chávez Alvarado y José Marcelo Mejía; mientras que la perredista Francisca Pineda Vera y el panista Alfredo Ahuja se abstuvieron de signarlo.