Coraje e impotencia por los daños colaterales que dejan las lluvias. Inundaciones y más baches, interminables en calles y avenidas, cual testimonio de los bombardeos de una aviación imaginaria.
Vehículos que se destruyen al caer en hoyancos y el agua que sube imparable hasta ingresar a los hogares para destruir las pocas pertenencias, principalmente de los pobres.
Coraje contra los gobiernos federal, estatal y municipales que no han hecho lo necesario para reducir los daños de una tragedia anunciada, e impotencia por no poder hacer nada sino atenerse a las consecuencias de los desastres naturales, pero también por no ejercer el derecho ciudadano de exigir a las autoridades que cumplan el trabajo para el que fueron electas.
Los daños causados por las lluvias, sin embargo, dan la oportunidad de mostrar y demostrar la solidaridad que existe entre vecinos y habitantes para superar la contingencia ante la falta de ayuda gubernamental efectiva.
Confirman también el sentimiento generalizado de que sí era necesario el cambio de gobierno para, por lo menos, otorgar a los que vienen el beneficio de la duda de que no dejarán tan indefensa a la ciudadanía.
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Al paso que van, los triquis que habitan en el llamado municipio autónomo de San Juan Copala se extinguirán solos en pocos años.
Y es que según la concepción de funcionarios actuales, como el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y la procuradora de Justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, nada puede hacerse para conseguir que entren en razón y solitos arregles sus diferencias ancestrales.
Siguiendo esta “lógica” fratricida, lo mejor es dejar que los triquis se acaben unos a otros.
Es que el Gobierno y el Estado en general se ha desentendido de una de sus razones de ser: garantizar la seguridad de sus gobernados o por lo menos intentarlo.
AAAhhh, pero que no se toque a sus seguidores, como los de la Ubisort, porque entonces sí pistola y rifle en mano la policía entra a fuego de metralla para rescatar a los suyos, como sucedió en días pasados en Copala.
Qué lamentable que esto siga sucediendo en Oaxaca. Por eso insistimos, ¿y el multicitado estado de derecho? Bien, gracias.
El viernes negro
Como la enésima manifestación funesta de lo que pasa en esta tierra, como una maldición o castigo que debemos pagar los oaxaqueños, el cobro de facturas vino inevitable el viernes 3 de septiembre, bautizado ya como el “viernes negro”, con saldo de 21 vidas cegadas.
Primero, al despertar, la muerte de 13 hombres, mujeres y niños en la región del Istmo de Tehuantepec, víctimas del choque de un autobús de pasajeros, de la empresa ADO, contra un camión de transporte pesado. Otras 12 personas resultaron lesionadas de gravedad.
Luego, la caída de un helicóptero en Tuxtepec con el deceso de sus dos ocupantes, que realizaban trabajos de fumigación.
Después el enfrentamiento entre priistas en la Ciudad de Oaxaca, que aunque no dejó muertos ni heridos, sí destapó la grave división que vive el otrora partidazo, pues en vísperas de entregar el gobierno que detentó durante los últimos 80 años, inicia una purga interna con el cobro de cuentas entre corrientes.
La decisión de expulsar del PRI al ex gobernador José Murat Casab es apenas la punta del hilo de una madeja que dará mucho de qué hablar y ver.
En esas estaban los priistas hacia el mediodía del viernes 3 de septiembre, cuando desde la Costa llegó la noticia de que la avioneta en que viajaba el diputado federal panista, Guillermo Zavaleta Rojas, con otro legislador de Guanajuato, Juan Huerta Moreno; el presidente municipal electo de su natal Santa María Juquila, Fernando Joaquín Cortés López; el dirigente panista en Juquila, Francisco Cruz Santos, y el asistente del legislador guanajuatense, Rafael Leonel Rojas Pérez, además del piloto de la nave, Alejandro Raymundo Ramírez Manzano, se vino a tierra con la muerte de los seis ocupantes.
En total, 21 muertos que se suman a la cuenta de otros tantos que no han sido aclarados para salud de la entidad.
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Cuentan en el medio político que entre los damnificados por la muerte del diputado federal panista Guillermo Zavaleta Rojas se cuenta su “amigo” Bulmaro Rito Salinas, actual coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade).
Aparentemente consternado por la noticia, Bulmaro aprovechó el caso ese 3 de septiembre para evadir las preguntas de los reporteros y salir de prisa de la convención priista, donde sería presentada la solicitud de iniciar el proceso de expulsión de su mentor político y económico: José Murat Casab.
Y es que Zavaleta sería la “tabla de salvación” ante el gobernador electo, Gabino Cué, del ahora potentado Rito Salinas, para intentar evadir la investigación y eventual acción de la justicia por su enriquecimiento inexplicable.
A pesar de que su fortuna personal está cifrada en 1 mil millones de pesos, el otrora ayudante (cargador de maletas) de José Murat está muy preocupado porque el nuevo brazo de la Contraloría podría alcanzarlo y en la administración que inicia el 1 de diciembre próximo ya no habrá quién lo ayude.
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