Una de las mejores maneras de conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es que no existan islas de opresión, de crímenes e impunidades, como ocurren en San Juan Copala y en muchos municipios indígenas; de que las motivaciones de justicia y equidad que alentaron las luchas de los insurgentes se hagan realidad en todo el territorio mexicano.

No se trata de emprender festejos artificiales con bombos y platillos cuando observamos la persistencia de rezagos sociales y de abusos de grupos de poder que lastiman a los pueblos más empobrecidos, como los que abundan en esta tierra de Juárez.

Se ha dicho con frecuencia que México es un país de contrastes y de diferentes velocidades entre sus regiones, ya que al mismo tiempo que atestiguamos la concentración de beneficios en algunas zonas urbanas, con estándares de vida similares a las de ciudades del primer mundo, en muchas más, principalmente en localidades rurales habitadas por población indígena, observamos condiciones de marginación equiparables a las de regiones de África o Haití, a tal grado que nuestro país es considerado como uno de los que registra mayor desigualdad a nivel mundial.

Las condiciones de deterioro socioeconómico en las localidades indígenas han sido el asiento de antiguas prácticas de distorsión institucional y de control político, como es el caso de los triquis.

La situación de violencia atraviesa esa región desde hace varias décadas, incluso siglos; la historia sesgada de los triquis ha llevado a la difusión de supuestos racistas y desvalorizantes en el sentido de que los conflictos intercomunitarios son consustanciales a la cultura triqui y de que la violencia es parte de su naturaleza.

Esas afirmaciones son repetidas particularmente por las autoridades para descargar sus responsabilidades y sin considerar el asedio permanente al que ha estado sujeta esta población por parte de agrupaciones burocráticas y caciquiles.

Por no ir más atrás, es importante recordar que la escalada de conflictos se acentuó desde el 2003, a partir de que una corriente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), vinculada al grupo gobernante, fundó el Partido Unidad Popular (PUP), con el propósito de generar el divisionismo y la dispersión del voto hacia los partidos opositores al PRI; sin embargo, la actividad de intermediación de este partido local propició más escisiones entre la población indígena.

Otra ruptura más ocurrió en enero del 2007, cuando la agencia de San Juan Copala, perteneciente al municipio mixteco de Santiago Juxtlahuaca, se declaró municipio autónomo y se deslindaron del (MULT) para fundar una organización independiente (MULTI), la cual se ha disputado el control político con la organización priísta Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

El reclamo de autonomía tuvo como respuesta el acoso de grupos paramilitares que han provocado 25 ejecuciones en los últimos tres años, todas cubiertas bajo el manto de la impunidad, y balaceras que se presentan de manera cotidiana, a tal grado que las familias que aún viven ahí no pueden salir de sus viviendas.

En la zona no hay libre tránsito, ni derechos a la salud, ni a la educación, ni derechos para satisfacer las necesidades más elementales, a pesar de todo ello, no se ha tocado fondo.

El vacío de autoridad persiste a tal grado que ni los cuerpos policiacos pueden ingresar.

El saldo de atentados sin castigo en esa tierra de nadie lanza su reflejo a la indolencia de las autoridades federales y estatales.

Las agresiones contra Natalia Cruz y Francisca de Jesús, ocurridos el pasado 6 de septiembre, se suman a las frías estadísticas que se acumulan.

Los nombres de los caídos quedan en el aire, por mencionar algunos, Daniela, Virginia, Teresa, Felicitas, Timoteo, Pedro Santos, Beatriz Cariño y Jiry Jaakkola.

Estos dos últimos fueron asesinados por paramilitares el 27 de abril, en una Misión Civil de Derechos Humanos dirigida a ese municipio para llevar ayuda a las familias triquis.

El 8 de junio, un grupo de diputados federales encabezó una segunda caravana humanitaria que tampoco pudo ingresar a San Juan Copala, impedidos también por los paramilitares.

Los alimentos y medicinas recolectados para la población sitiada no llegaron a su destino. El asunto es de tal magnitud que ha merecido la condena del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y de organismos humanitarios vinculados a la Organización de Naciones Unidas.

Estas expresiones muestran que ni San Juan Copala ni Oaxaca pueden estar al margen de la globalización de las luchas por el respeto a los derechos humanos, aunque no lo consideren así quienes opinen que “los asuntos de los oaxaqueños se deben arreglar entre oaxaqueños”, como si la entidad fuera una isla apartada del valor de la indignación.

El chovinismo se convierte en una excusa más para la impunidad.

Desde el plantón que instalaron en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca desde hace un mes, Mariana Flores, vocera de las mujeres triquis, afirmó en relación a los agresores, “lo que ellos quieren es intimidarnos, pero nosotros hemos decidido ya no estar más agachados, hemos decidido levantar la voz y este es el precio que estamos pagando por hacerlo, ¿Cuanto más tenemos que decir que nuestra lucha es por dignidad, justica, libertad, trabajo, respeto?”.

Las condiciones actuales que se viven en San Juan Copala distan de las reivindicaciones alcanzadas por los movimientos de la Independencia y de la Revolución, de tal manera que en uno de los últimos comunicados del Municipio Autónomo se apunta “no tenemos nada que celebrar cuando nos han dejado fuera de la historia” (02/09/10).

(*) Investigador del IISUABJO

sociologouam@yahoo.com.mx