La directora de la agencia www.quadratinoaxaca.com.mx, Guadalupe Thomas Ruiz, propuso reformas y modificaciones a la Constitución estatal, a fin de instaurar una nueva relación entre prensa-gobierno para establecer las bases que lleven a un verdadero cambio en la entidad.

Con base en la convocatoria emitida por el Gobierno electo de Gabino Cué, la periodista planteó adiciones a los artículos 12, 16 y 137 de la Constitución estatales, de los cuales podrán derivar leyes secundarias y reglamentos que traduzcan en los hechos el discurso de libertad de expresión con el que se ha comprometido el gobierno próximo.

La adición al Artículo 12 sería para incorporar el derecho a la información como una obligación constitucional del estado, reforzando lo establecido en el Artículo tercero, para que sea un derecho reconocido.

De esta forma, el Artículo 12 sentaría que “…el estado promoverá lo necesario para que la población tenga acceso a una vivienda digna, a la asistencia médica y social, a la cultura, a la recreación, al deporte y a la información”.

Otra adición necesaria, consideró, sería al Artículo 16 Constitucional, para reconocer el derecho que los pueblos y comunidades indígenas tienen para establecer esquemas de información y comunicación apegados a sus particularidades.

La adición que se propone quedaría como sigue: “…el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus esquemas de comunicación e información considerando sus particularidades…”.

Thomas Ruiz sugirió como premisa, la modificación al Artículo 137, en su penúltimo párrafo, para establecer las condiciones de equidad y transparencia en la relación prensa-gobierno; que de ahí derive una ley o reglamento de publicidad, y los que fueran necesarios para adaptarlo a las condiciones actuales.

La adición que planteó sería que la contratación de propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, se sujete a criterios de equidad y transparencia.

Además de estas adiciones, consideró necesario crear un reglamento y/o ley secundaria para que se establezca y defina la aplicación del principio de máxima publicidad, reconocido en el Artículo 3 de la Constitución estatal, vinculándolo con lo que refiere el Artículo 137 anteriormente comentado.