En Oaxaca hay un déficit en el cumplimiento de la demanda social y por eso tenemos un alto índice de ingobernabilidad, advierte el economista Francisco Álvarez Figueroa.

Explica que esta ingobernabilidad proviene de causas como “fallas en el mantenimiento del orden y la ley, subdesarrollo económico, nulo bienestar social y pérdida del control del orden político y de la estabilidad institucional”.

Contundente en sus apreciaciones de la realidad que vive la entidad, el también empresario oaxaqueño sostiene que las protestas y bloqueos “no acabarán mientras no avancemos en términos de bienestar social”.

Admite que una de las mayores preocupaciones es el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población y sus autoridades.

Lamenta que mientras la mayoría de los ciudadanos queremos vivir en paz, aumenten los robos a negocios, asaltos a mano armada, extorsiones del crimen organizado, secuestros, asesinatos y crímenes como los de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT-PUP, y Catarino Torres Pereda, dirigente del Codeci.

Y denuncia que estos hechos “son una muestra de la incapacidad del Estado para garantizarnos seguridad en nuestros bienes e integridad personal, lo que se traduce en un factor de ingobernabilidad”.

El ex presidente del Colegio de Economistas dice que sin ser abogado entiende que “al Ministerio Público le competen tres funciones: 1.- Procurar justicia, 2.- Tener capacidad de investigación, y 3.- Representar a la sociedad”.

Sin embargo, “en la realidad, el Ministerio Público ni procura justicia, ni investiga y la sociedad está muy lejos de sentirse representada por ellos”.

Tras expresar sus más sentidas condolencias a los familiares de Heriberto Pazos y Catarino Torres, el entrevistado considera que para que la seguridad pública vuelva a Oaxaca “debe haber progresos en lo económico para que haya menos desigualdad y pobreza”.

Además, añade, “también hay que reformar las estructuras de la administración de justicia para prevenir el delito, garantizar la seguridad pública y acabar con la impunidad”.