Uno de los principales instrumentos de política pública es el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que en su aprobación llevó a todos los actores políticos a establecer acuerdos para la respectiva distribución del gasto público.

El acontecimiento no se queda en el aspecto puramente económico sino que también permite el reposicionamiento político de los actores, no solamente en el Congreso de la Unión, sino en todo el país.

Ello ha abierto un margen de maniobra muy importante para el PRI, como uno de los partidos que pretende capitalizar en términos políticos la distribución realizada.

En el caso de Oaxaca, la negociación cupular le ha permitido la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, a partir de la cual podrá incidir en las primeras decisiones que se habrán de tomar en el próximo gobierno.

Por tanto, habría que preguntarse no sólo sobre las habilidades políticas del nuevo gobierno para establecer las alianzas necesarias en términos del equilibrio de poderes, sino también sobre la efectividad de los usos y costumbres de la vieja clase política, de cooptación y presión de sus opositores, para mantener sus privilegios y pactar posiciones dentro del gobierno de alternancia.

Con el apoyo de su dirigencia centralizada, el priismo oaxaqueño manda el mensaje de que no está derrotado y de que tiene posibilidades de intervención.

Esta primera señal nos lleva a recuperar la nota introductoria de la Serie de Cuadernos Usos y Abusos de los Recursos Públicos, en el sentido de que “los recursos públicos son utilizados discrecional e irresponsablemente para generar redes clientelares, hacer favores a los parientes y amigos o para eludir decisiones políticamente complicadas” (CIDE, 10/2010).

En descargo a presuntos pactos en la negociación del presupuesto 2011, habría que señalar que la distribución no es el mérito de un partido en particular ni dependió del voluntarismo de una fuerza política única.

Las alianzas parlamentarias entre los diferentes partidos ocurren con relativa naturalidad desde 1997, cuando el PRI perdió mayoría en el Congreso de la Unión y tuvo que recurrir a la negociación con otras fuerzas políticas para impulsar sus diversas iniciativas; al respecto se podrían revisar las coaliciones parlamentarias en las tendencias de votación en el congreso desde ese año y hasta la fecha. El presupuesto aprobado para el 2011 no es una excepción.

Por tanto queda tomar distancia de la manipulación de que el mérito es del PRI. Los presupuestos son aprobados por todas las expresiones partidistas, aunque cuando después prosigan deslindes en temas particulares.

La historia de las coaliciones parlamentarias también demuestra que la pluralización partidista no trae consigo necesariamente la inestabilidad ni la atrofia en la colaboración entre poderes (Casar, 2007).

Respecto al incremento del presupuesto de las entidades federativas, tampoco es un merito de un partido político; esto es prácticamente una tendencia desde los años ochenta, que ha sido paralela al fortalecimiento de los gobernadores como actores políticos, quienes de manera gradual fueron tomando distancia de la subordinación tradicional a la figura del presidente.

Esta distancia se hizo efectiva en el año 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República y en el 2002 con la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que se ha constituido en una nueva figura de negociación política y presupuestal.

El deslinde ante presuntos méritos por el incremento del presupuesto y su distribución es necesario a unos días de que se dé el relevo gubernamental, en donde el compromiso tendría que ser con los ciudadanos y no con las burocracias de los partidos.

Habría que apuntar que las expectativas por el cambio son altas y que se centran en la necesaria construcción de confianza en las instituciones y en la legalidad.

El balance ciudadano del gobierno saliente se refleja en los resultados electorales que llevaron al PRI a perder la plaza de Oaxaca.

El margen de legitimidad de que dispone el nuevo gobierno es elevado si consideramos que la apuesta de los sufragantes el pasado 4 de julio no fue para la plataforma doctrinaria de algún partido, sino para rechazar el abuso del poder público y la percepción de una corrupción desbordada.

El ejercicio claro de los recursos va muy vinculado al tema del presupuesto.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen un asunto pendiente de suma importancia para hacer buen gobierno, y sin estos mecanismos, la agenda de políticas públicas podría derivar en buenas intenciones, reforzando la tendencia que ubica a México en el lugar 98 en el Índice de Percepción de la Corrupción; el índice refleja “grave problema de corrupción”, asociada a gobiernos inestables, con un legado de conflicto (Transparencia Internacional, 2010).

En términos generales, en México se ha avanzado en el desarrollo de mecanismos de transparencia del gasto público en el ejercicio del gobierno federal, pero no ha sido así con los gobiernos estatales y municipales, en donde han prevalecido márgenes de opacidad y tolerancia a prácticas discrecionales.

No es de extrañar que las estrategias proselitistas que se estén librando en los ámbitos locales se coloquen en el señalamiento por corrupción entre adversarios.

Más allá de denuncias en abstracto, las acusaciones se justifican en la falta de transparencia en el gasto público y en la ausencia de rendición de cuentas, en donde desafortunadamente, Oaxaca ocupa uno de los primeros sitios por su rezago (V.L. Juan, 23/10/10).

Las expectativas respecto a las primeras acciones que habrá de emprender el gobierno de Oaxaca, no se limitan a los oaxaqueños, sino que son compartidas por los ciudadanos de buena parte del país que tienen conocimiento del pantano autoritario en que ha vivido la entidad; las expectativas de todos quienes saben de la importancia de esta primera alternancia como un momento para terminar con prácticas abusivas y favoritismos personales que no se pueden repetir ni tolerar.

(*) Investigador del IISUABJO

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