Hace más de un año, luego de una dura y prolongada lucha que incluyó la resistencia del gobierno del estado de Morelos a resolver su demanda, un grupo de más de 300 familias antorchistas de muy escasos ingresos, fue dotado de un predio denominado Huertos de Alpuyeca, ubicado en las inmediaciones de la cabecera municipal de Xochitepec.

Lo que menos esperaban y, por supuesto, lo que menos querían, después de las duras batallas que acababan de librar, era enfrentar nuevos conflictos, por lo que fuera y del tipo que fueran.

Confiaban en que nada pasaría porque les constaba, de primera mano, que el lote que acababan de recibir era propiedad legal del gobierno que se los otorgaba, quien lo había adquirido mediante decreto expropiatorio emitido en diciembre de 2008, y cuyo propietario privado, después de alegar y recibir todo lo relativo a su derecho de propiedad, había aceptado de buen grado la medida.

Y también porque habían recibido la posesión, en un acto público y a vista de todo mundo, de manos del organismo legalmente capacitado para hacer tal entrega, del Instituto de la Vivienda del Estado de Morelos, mejor identificado por sus siglas como Invimor.

Pero los antorchistas se equivocaron porque olvidaron las ambiciones bastardas de los grupos caciquiles locales, plaga universal en nuestro país que no falta ni siquiera en las comunidades más humildes y alejadas de los centros del poder económico y político; y tampoco se acordaron de las ambiciones de poder de las distintas facciones de la clase política, a nivel de todo el estado.

La primera señal de tormenta fue que, a los pocos días de la entrega del predio, un grupito de gente claramente ligada a la presidencia municipal de Alpuyeca, abordó a la dirigente estatal del Antorchismo morelense, ingeniera Soledad Solís Córdova, y sin ningún rubor le exigieron 150 lotes a cambio de dejarlos asentarse y vivir en paz.

No había, por supuesto, 150 lotes baldíos, pues la superficie había sido rigurosamente calculada sobre el número de solicitantes acreditados y, además, a la ingeniera Solís Córdova le pareció indigno ceder al desvergonzado chantaje.

Por eso, rechazó la abusiva demanda. No hay manera de probar que ésta fue la causa, o una de las causas que desataron el escalamiento del conflicto; pero el hecho es que, pocos días después, apareció un “movimiento ciudadano”, encabezado por los mismos vividores, conocidos por traficar descaradamente con su supuesta militancia izquierdista, que ahora “exigían el desalojo inmediato” de los antorchistas, alegando que “el pueblo” (?¡) no los quería por conflictivos, violentos, delincuentes y ladrones, que ponían en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los vecinos de Alpuyeca.

Los antorchistas respondieron desenmascarando la farsa con datos duros y números irrebatibles. Demostraron que no se trataba del “pueblo” de Alpuyeca, sino de una ínfima minoría de vividores de larga trayectoria, y que tampoco defendían “la paz y la seguridad de Alpuyeca”, que nadie amenazaba ni amenaza por cierto, sino los intereses de su padrino político, el entonces secretario general de Gobierno, Jorge Morales Barud.

Los mafiosos, al verse descubiertos, procedieron a ajustar su estrategia: sin abandonar el “argumento” sobre el carácter indeseable de los antorchistas, comenzaron a manejar que el predio en disputa estaba destinado “por el pueblo” para construir un hospital regional.

Además, ante la salida del poder de Morales Barud, cambiaron de padrino: se cobijaron bajo el ala de dos diputados perredistas al Congreso morelense, los señores Fidel Demédicis Hidalgo y Hortensia Figueroa Peralta. Pero a pesar de tales ajustes, no han logrado levantar la calidad moral y jurídica de su demanda.

Con cada día que pasa y con cada acto de protesta pública que celebran, se evidencia más la burda falsedad de su argumento central y el carácter brutalmente arbitrario de su exigencia de privar a los antorchistas del derecho elemental a la vivienda.

En efecto, “el pueblo” no podía haber destinado el predio a un hospital, por la sencilla razón de que no era suyo, sino una propiedad privada como ya dije.

Por otra parte, el gobierno de Morelos, por boca del subsecretario, Javier Bolaños Aguilar, en un acto de elemental congruencia y dignidad, ha reafirmado públicamente que el decreto expropiatorio de Huertos de Alpuyeca es absolutamente legal, que su entrega a los antorchistas fue apegada a derecho y que, por tanto, son sus legítimos propietarios.

Ambos actos jurídicos, se entiende, no pueden anularse o desconocerse por un acto de fuerza, como pretenden los perredistas.

Pero esos señores nunca se han caracterizado por su racionalidad, ni menos por respetar el derecho de quienes han declarado, por sí y ante sí, “enemigos del pueblo”.

Lejos de ello, ahora con una desfachatez mayor, “exigen” que el gobierno “derogue” el decreto expropiatorio y eche fuera, con la fuerza pública, a los antorchistas.

Los señores diputados, irritados porque no se les obedece, amenazan abiertamente con que “el pueblo” se hará justicia por propia mano y que el gobierno será responsable de lo que pueda pasar.

Todo esto es basura; cinismo brutal; transgresión abierta de la ley y una insólita prostitución de la representación popular que ostentan esos diputadillos de opereta.

Pero los antorchistas no somos de alfeñique ni tenemos alma de siervos para acatar, sin más, la voz del amo. Conocemos nuestros derechos y estamos organizados, justamente, para defenderlos.

Si la mafia presiona políticamente, sin ninguna razón ni derecho, nosotros presionaremos al doble, teniendo, como tenemos, ambos requisitos de nuestro lado; y si nos atan en nuestra propiedad y domicilio al margen de la ley, nos defenderemos aunque los atacantes se disfracen de “pueblo que se hace justicia por sí mismo”.

Será un caso obvio de legítima defensa, y toda la responsabilidad, en ese caso, será de quienes, abusando de su poder, nos quieran hacer víctimas de sus indecentes ambiciones, de su arrogancia y de su soberbia prepotente.

(*) Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.