El camino del cambio político no es plano, tiene vericuetos, vueltas en u, escondrijos y salidas que conducen a despeñaderos cuando la ruta se pierde.

El cambio político tiene tras de sí un sinnúmero de luchas acumuladas durante décadas y por diferentes actores sociales, en las organizaciones, en los sindicatos, en las comunidades; la alternancia gubernamental es uno de los eslabones del cambio político y no puede entenderse como un producto limitado a las estrategias electorales de corto plazo de los partidos políticos.

En este sentido, la alternancia es un mérito colectivo; los autores son anónimos, hay detrás muchos que soñaron en transformar el estado de cosas y quienes dejaron la vida en la batalla, otros más sobreviven con las marcas de los agravios y de las impunidades; seguramente, una mayoría ha escuchado con esperanza la expresión del gobernador electo, de que “ningún oaxaqueño estará tranquilo hasta que haya justicia” (Noticias, 23/11/10).

Resulta alentador el reconocimiento a las añejas demandas de justicia como un asunto pendiente para construir la confianza de los ciudadanos en la legalidad, que remite simplemente a la aplicación de la ley a todos aquellos que la violentaron, sin el escudo ramplón de que se trata de “una cacería de brujas” por parte de aquellos quienes están acostumbrados al ajuste de cuentas y al cobro de favores.

La agenda para la restitución de derechos ha recibido importantes aportaciones desde la sociedad civil; una de ellas se sintetiza en el documento “Balance de los derechos humanos en Oaxaca”, un trabajo coordinado por el Comité de Liberación 25 de noviembre, y que recupera la multiplicidad de voces que se han levantado antes las acciones represivas de los últimos años.

Acciones que fueron documentadas por diferentes visitas, misiones e informes de organizaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales.

Se trata entonces de poner al día el conjunto de recomendaciones de los distintos organismos humanitarios para atender la exigencia social de justicia y de rechazo a la impunidad, como un asunto que no puede dejarse de lado en una coyuntura tan importante como la que se vive en Oaxaca, puesto que el inicio de la transición ha sido empujada en buena medida desde los sectores agraviados en sus derechos humanos y políticos.

La participación de estos sectores en construir nuevas condiciones políticas se pone sobre la mesa en el informe público “Los movimientos sociales y el cambio democrático en Oaxaca”, coordinado por Educa, Asociación Civil, en el cual se argumenta que el proceso de cambio tienen tras de sí una temporalidad más extensa de la que podrían visualizar las elites de los partidos y sus burocracias.

En este documento se da cuenta de las aportaciones de las movilizaciones sociales en cuatro décadas y en distintas arenas, en el sector magistral, en las luchas estudiantiles, en las comunidades indígenas, en las agrupaciones populares, y en muchos ciudadanos sin partido, que se articularon en el movimiento del 2006, que se dispersaron ante la represión, pero que continuaron participando en diferentes frentes en sus demandas por la democratización y la justicia; en su insistencia por hacer visibles los problemas sociales que se ocultan bajo el tejido mediático del poder gubernamental y su excesivo financiamiento en propaganda.

Como sugiere el documento de Educa, los movimientos sociales son parte del contexto que ha incidido en la alternancia y van más allá, remiten a una sociedad en movimiento que no se limita a la contemplación pasiva, por el contrario, se espera más, se exige más y se participa más.

Los movimientos no se reducen al estigma del alboroto, la desestabilización y la violencia; los movimientos apuestan al cambio político de largo plazo, en sentido contrario a lo que esperan quienes se han beneficiado de los recursos públicos y se resisten a perder sus privilegios.

Estos grupos de poder que se oponen al cambio y que harán todo lo posible por mantener las mismas condiciones que los benefician, incluso, que podrían recurrir a prácticas encaminadas a la desestabilización del nuevo gobierno, se articularon a un tipo de dominio que en estos momentos se encuentra herido, “el gobernadurismo”, como le ha llamado el profesor Víctor Raúl Martínez Vásquez.

Una definición que engloba la supremacía del gobernador sobre los otros poderes instituidos, sobre los municipios, las comunidades, las organizaciones, y que pone en evidencia lo que el viejo régimen representa, que permite observar con más claridad las prácticas autoritarias, y por supuesto, se trata de una definición que ha afectado intereses facciosos y personalistas.

El mérito de definiciones como las del profesor alerta para no hacer concesiones con el pasado autoritario y permite generar posiciones críticas entre un amplio sector de los ciudadanos, dentro de los movimientos y fuera de estos; entre ciudadanos que comparten el anhelo de un cambio pacífico, de un cambio necesario que no debería contaminarse del clima de descomposición que se observa tanto en el país como en nuestra entidad.

Va mi solidaridad con Víctor Raúl, maestro de varias generaciones de sociólogos entre quienes se incluye el autor de este artículo.

(*) Investigador del IISUABJO

sociologouam@yahoo.com.mx