SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, junio 15.- En paquete, la sexagésima primera Legislatura nombró este miércoles a siete administradores municipales y un Concejo Municipal de Administración para igual número de ayuntamientos del Estado que padecen conflictos postelectorales.

Aún divididos, por mayoría de votos los diputados del PRI, PAN, PRD, PC y PT avalaron el dictamen de la Comisión de Gobernación, que preside el priista Elías Cortés López, en virtud de que ésta determinó que “en esos municipios no existen las condiciones para celebrar elecciones extraordinarias”.

El acuerdo cameral establece que los siete administradores municipales fungirán hasta en tanto se dan las condiciones para instaurar un Concejo Municipal, y en el caso del Concejo Municipal autorizado éste durará los tres años de administración.

En contra votaron el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del PT; Aleida Serrano Rosado, Pavel López Gómez y Leticia Álvarez, del PRD; Carlos Hampshire Santibáñez Franco, del PUP, y Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Clarivel Rivera Castillo y Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN.

Aún así, por mayoría de votos el pleno determinó que en el Municipio de San Miguel Chimalapa no existen condiciones para llevarse a cabo elecciones extraordinarias y nombró como encargado de la administración municipal a Jesús Ruiz Santiago.

Igualmente, en San Martín Itunyoso, a Wilfrido Cortés Guzmán; en Santo Domingo Ixcatlán a Cuitláhuac Victoria Huerta; en San Miguel Amatlán, Ixtlán de Juárez, a Iván Fuentes de los Santos; en San Francisco Chindúa, Nochixtlán, a Rosendo Mendoza Marín; en San Mateo Peñasco, a José Miguel Ríos Martínez.

Además, en San Pedro Topiltepec, Teposcolula, a Miguel Ausencio León Mariscal, y en San Bartolomé Yucuañea, a Agustín Pavia Pavia.

En tanto, en Santiago Yaveo, Choapam, se designó a un Concejo Municipal.

Comisión de la Verdad

En otro punto del orden del día, el diputado Flavio Sosa Villavicencio presentó una iniciativa de ley para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos por autoridades gubernamentales durante la represión al movimiento social en los años 2006 y 2007.

La iniciativa prevé crear un organismo público autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que operaría durante dos años.

La Comisión estaría integrada por once comisionados –entre éstos quien la presida–, que serían nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta de la sociedad civil.

Señala la necesidad de desarrollar un proceso de investigación que determine, sin lugar a dudas, quiénes fueron los responsables de los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social, así como la identificación plena de cuántas y qué personas vieron vulnerados sus derechos.

Expone que en la mayoría de los casos, las Comisiones de la Verdad han sido creadas con el fin de coadyuvar en las investigaciones de situaciones sociales de represión, violencia política o ruptura institucional, pretendiendo ser catalizadores que resuelvan o den cauce al agravio que surgió debido al abuso del poder.

Finalmente, después de dar por aprobados los documentos en cartera, la Mesa directiva citó a sesión solemne para el día miércoles 22 de junio, a las 10:00 horas, para otorgar un reconocimiento al doctor Arturo Molina Sosa por su trayectoria en el área de la salud en la entidad, y a las 11:00 horas para sesión ordinaria del Congreso del Estado.