SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, julio 10.- La diputada Rosalinda Domínguez Flores reveló que a 30 años de instalarse la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Pemex en el puerto de Salina Cruz, 300 mil familias han sido afectadas por derrames de hidrocarburos en terrenos ejidales y comunales del Istmo de Tehuantepec.
Y durante todo este tiempo, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha respondido a las exigencias de autoridades locales y estatales, así como de los afectados, para detener el derrame de combustibles, denunció la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que la empresa paraestatal también hace caso omiso de los llamados que emite el Congreso del Estado y rechaza desistirse de las cinco demandas interpuestas contra las autoridades ejidales de la población de Nuevo Progreso, pese a que fue Pemex el que hizo pasar ductos por los terrenos en cuestión.
“En lugar de protegerlos y ayudarlos ante los derrames, los demanda”, reprochó la diputada Domínguez Flores.
Por ello, pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir y diagnosticar la contaminación de Pemex en el suelo del Istmo de Tehuantepec.
Dijo que hasta el momento no han cuantificado la extensión de los terrenos ejidales contaminados por Pemex.
Afirmó que hay afectaciones al suelo y subsuelo, así como a la flora y fauna de Nuevo Progreso y Chigola, del Barrio de La Soledad. “Ahí existen fugas de petróleo”, acusó.
De acuerdo con la representante popular del partido del sol azteca, hay descontento social en esa zona del Istmo de Tehuantepec, porque dos mil 500 familias de Nuevo Progreso son afectadas y el ecosistema está en riesgo.
Con base en datos del INEGI indicó que en la región del Istmo de Tehuantepec hay más de 300 mil familias afectadas, porque a 30 años de que llegó la refinería Antonio Dovalí Jaime sus tuberías y ductos son obsoletos y han contaminado gravemente.
Vivir sobre los ductos de Pemex es “una bomba de tiempo”, advirtió y exigió al Gobierno federal “asumir su responsabilidad y evitar una tragedia”.
Asimismo, llamó a las autoridades municipales a “no negociar la tragedia, al pedir a cambio diesel, gasolina y asfalto, cuando lo que debe exigirse es resarcir los daños y garantizar la seguridad de la población”.
