El 6 de julio el Tribunal Electoral federal confirmó como legal y legítima la elección de los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

En general, el proceso de renovación del Consejo General del IEEPC mostró la importancia de la participación ciudadana. Se inscribieron más de un centenar de aspirantes a consejeros; 13 se inconformaron con el procedimiento.

Lo valioso del ejercicio es la decisión de pelear, en todos los espacios y con los mecanismos legales, la apertura a la ciudadanía de una institución que en esencia pertenece a ese ámbito, pero al que sistemáticamente se había negado su acceso.

En el fondo de las inconformidades se encuentra una legislación que privilegia los intereses partidarios sobre los ciudadanos.

Además, el entramado jurídico, diseñado para un régimen de partido hegemónico, es una camisa de fuerza para la pluralidad actual, como se vio en el proceso del mes de abril, que generó una crisis en que se corrió el grave riesgo de que el organismo quedara acéfalo, justo cuando había elecciones municipales extraordinarias en proceso.

Y las tensiones continúan. En las últimas semanas se han presentado dos iniciativas legislativas contradictorias. Una busca quitar a las fracciones parlamentarias el monopolio para el acceso al Consejo del IEEPC, proponiendo que sean organismos civiles e instituciones académicas los que presenten las candidaturas.

La otra es regresiva, pues empuja a una mayor partidización al disminuir de cinco a tres años el requisito para los consejeros electorales de no haber ocupado cargos directivos partidistas, fuesen candidatos u ocupado un cargo de elección popular, en una franca afrenta a su esencia ciudadana.

Las variables descritas constituyen los principales retos y riesgos del Consejo ahora ratificado.

I.- INSTITUCIONALIZACIÓN Y CIUDADANIZACIÓN PLENAS.

Una exigencia del pueblo oaxaqueño es la necesidad de contar con instituciones democráticas sólidas. Una de éstas es el IEEPC.

Lamentablemente en nuestra entidad la historia del IEE se había caracterizado por estar al servicio del gobernante en turno y en su integración privaban intereses partidistas.

En ese sentido es necesario retomar sin vacilaciones el Exhorto Ciudadano al IEEPCO que en mayo presentara al nuevo consejo de esta institución un colectivo de organizaciones civiles:

Asamblea Mixe por el Desarrollo Sostenible; Enlace Comunicación; Espiral por la Vida; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Consorcio para el Diálogo Parlamentario; Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Servicios del Pueblo Mixe; Educa; Tequio Jurídico.

Son seis los puntos que reflejan las demandas largamente construidas por la sociedad oaxaqueña y cuya exigencia fueron refrendadas en el Seminario Ciudadanía y Transición realizado el 6 y 7 de julio:

Ciudadanizar y despartidizar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; fortalecer los sistemas normativos internos indígenas; vigilar que los partidos cumplan los criterios de equidad y paridad; promover la participación ciudadana; impulsar iniciativas para la reforma electoral y de participación ciudadana; fortalecer la relación con la sociedad civil.

Hasta ahora, la responsabilidad del órgano electoral se ha limitado a la organización de procesos electorales. Pero en una democracia, si bien el sufragio es el momento culmen, no se restringe a él. La participación ciudadana precede y trasciende la emisión del voto.

En este sentido el IEEPC debe asumir el compromiso de vinculación permanente y dialogante con la sociedad civil, además de generar políticas y acciones para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

II.- EL ÁRBITRO Y LOS PARTIDOS

Entre los partidos políticos hay un error de apreciación respecto al órgano electoral: lo ven como adversario o cómplice, antes que como el árbitro imparcial y autónomo, que es su característica intrínseca.

De esa visión equívoca parte la intención de influir directamente en su toma de decisiones; de buscar la ingerencia en su constitución y estructura.

Sin embargo, la mejor garantía que tienen los partidos políticos de que sus derechos no sólo serán respetados, sino que tendrán una defensa por el órgano electoral, es sí y sólo sí, este conserva su autonomía, se fortalece institucionalmente, se profesionaliza y mantiene su carácter ciudadano.

La equidad de una elección la permite, entre otras cosas, que el instituto encargado de organizar y velar por el cumplimiento de las reglas en la competencia electoral, esté alejado de los vaivenes de la política partidista, de las coyunturas electorales, o del costo/beneficio estrictamente político de la toma de decisiones.

El IEEPC no es adversario de los partidos políticos, sino precisamente lo contrario: garante de sus derechos y de la realización de comicios equitativos e imparciales.

En esta época de crisis de la democracia representativa y la desconfianza generalizada hacia los partidos políticos, la mejor garantía de la legitimidad de sus triunfos y la equidad en las contiendas, no es la ingerencia en la estructura y la toma de decisiones del órgano electoral, sino al contrario, que éste tenga una autonomía plena y se constituya como una institución sólida, con credibilidad y genere confianza.

III.- “USOS Y COSTUMBRES” Y CONFLICTIVIDAD

En 1995 Oaxaca se colocó a la vanguardia en el reconocimiento a los derechos indígenas al hacer efectivo el derecho a la autonomía: elegir a sus autoridades locales conforme a sus propias reglas. Tres lustros después se presentan una inusitada alta conflictividad en los comicios municipales.

El reconocimiento dejó una laguna que explica, en parte, los problemas presentados: la ausencia de canales institucionales para encauzar las diferencias en ese régimen. Además, hay una injerencia constante de partidos políticos y organizaciones sociales que polarizan el conflicto y obstaculizan el consenso, siendo que por ley no deben intervenir.

Es imperativo establecer mecanismos institucionales que permitan atender la problemática que se ha presentado en este régimen.

Este es uno de los más serios retos del instituto electoral, pero también de los tres niveles de gobierno, partidos políticos, congresos federal y estatal, tribunales electorales y, por supuesto, municipios y comunidades. La alta conflictividad y violencia, han convertido en un problema de Estado.

Para atenderlo se requiere un diálogo interinstitucional, interdisciplinario e intercultural. De éste depende garantizar la autonomía municipal, el respeto a los derechos de libre autodeterminación y la estabilidad política y social de Oaxaca.

IV.- AVANCES Y RIESGOS

Hay serios riesgos que las inercias antidemocráticas prevalezcan sobre los intereses y la agenda de la ciudadanía. Resistir estos embates y convertir al IEEPCO en un espacio con autonomía, ciudadano y profesional, es un deber y un compromiso que debemos asumir los consejeros electorales.

Retomando el Exhorto Ciudadano:

“El IEEPCO representa en sí mismo, un avance para las demandas e intereses de la ciudadanía. En adelante tendrá que consolidarse como una autoridad con fuerza moral y política, haciendo efectivos los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad, que durante muchos años fueron letra muerta en la legislación electoral”.

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