SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, septiembre 23.- El arranque aquí de la gira del aspirante panista a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, desató la reacción del PRI en el Congreso del Estado al exigir al Instituto Federal Electoral (IFE) emitir medidas cautelares para suspender los actos anticipados de campaña que “son violatorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)”.
El miércoles pasado, durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado local y representante del PRI ante el IFE, Elías Cortés López, demandó al órgano electoral federal, aplicar la ley, en virtud de que “los aspirantes presidenciales de todas las fuerzas políticas violan flagrantemente la ley con la complacencia de éste”.
Cortés López invocó el Artículo 211 en el que se prohíbe el inicio de precampañas antes de diciembre y lo sanciona con la negativa de registro como precantidato.
En el caso del aspirante de su partido, el PRI, el ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, el diputado local justificó el autodestape que éste hizo en Televisa.
En todo caso, argumentó, será el IFE el que tenga que probar si hubo actos violatorios o no tomando en cuenta que hay un criterio jurisprudencial que eximirían al aspirante presidencial por el partido tricolor.
Pidió, no obstante, sanciones por igual a cualquier partido que contravenga el Cofipe. “Trátese de quien se trate”, dijo.
Sin embargo, el priista consideró “preocupante” la gira que han iniciado los aspirantes presidenciales panistas en la búsqueda de adeptos partidistas, entre éstos la diputada federal con licencia, Josefina Vázquez Mota; el senador Santiago Creel, también con licencia, y el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, “porque formalmente las precampañas inician en diciembre, previa notificación de los partidos políticos al Consejo General del IFE, y apenas estamos en septiembre”.
Señaló que el IFE, a través de su máximo órgano electoral, no ha tomado cartas en el asunto para iniciar un procedimiento sancionador o un procedimiento ordinario encaminado a la suspensión, como una medida cautelar, de este tipo de actividades.
Cortés López insistió en que el IFE tiene todas las facultades, además de que hay criterios jurisprudenciales en los que de oficio tiene que iniciar los procedimientos, pero el máximo órgano electoral del país “los está dejando pasar”.