OAXACA, OAX., octubre 4.- En presencia del gobernador Gabino Cué Monteagudo, la Oficial de Programas de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR) de la Organización de las Naciones Unidas, Alejandra Carrillo Souvic, reconoció el compromiso del Gobierno de Oaxaca con la promoción y defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables y el evidente apoyo a este tema que tendrá un fuerte peso a nivel nacional.

Lo anterior durante la inauguración del Seminario Internacional sobre Protección y Soluciones Durables para Desplazados Internos, acto donde el Ejecutivo estatal expuso que en este espacio se brindaron conocimientos estratégicos sobre los estándares internacionales y las buenas prácticas en la atención, protección, asistencia y solución duradera a los desplazados internos.

Ante la co-directora del proyecto Brookings Institu-London School of Economics sobre Desplazamiento Interno, Elizabeth Ferris, el mandatario oaxaqueño abundó que el trabajo que se realizó durante estos dos días -3 y 4 de octubre- permitió elaborar directrices y criterios referentes para el uso de los gobiernos, organizaciones regionales e internacionales y agentes humanitarios.

El Ejecutivo estatal señaló que si bien se están dando los primeros pasos de un proceso de transición democrática, lo que se busca es consolidar una verdadera política de Estado que permita atender de manera integral estos fenómenos bajo estándares internacionales.

Cué Monteagudo detalló que los mecanismos de convivencia pacífica que se buscan implementar en Oaxaca tienen una serie de fases, la primera de ellas, está relacionada con la parte de la prevención, a fin de poder anticiparse a situaciones que puedan causar desplazamientos.

La segunda fase es la relativa a la atención humanitaria, que consiste en el conjunto de acciones dirigidas a atender las necesidades inmediatas a las personas que viven en esta situación.

La tercera atiende el retorno, es decir, crea una serie de condiciones que permitan a los desplazados iniciar una vida en un lugar nuevo o su lugar de origen, si es que existen las condiciones de seguridad para que puedan repatriarse o regresar a sus lugares de donde fueron desplazados.

Finalmente, la cuarta fase es la de la consolidación y estabilización socioeconómica, donde se busca llevar a cabo planes de desarrollo que les permitan la autogeneración económica, ya sea de manera individual, familiar o colectiva.

En este marco, la representante del ACNUR, Alejandra Carrillo Souvic señaló que las personas obligadas a huir de su hogar son personas atrapadas en un círculo de violencia, toda vez que como una reacción natural ante las amenazas, huyen de las zonas de conflictos o persecuciones civiles.

Abundó que aproximadamente hay 27.5 millones de personas alrededor del mundo que por este tipo de situaciones han tenido que cruzar la frontera de su país, convirtiéndose en refugiados y como tales reciben apoyo internacional.

A su vez, la Comisionada para los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Eréndira Cruzvillegas, expuso que este estuvo diseñado para funcionarios de la administración estatal y miembros de las ramas judicial y legislativa del Estado.

Abundó que los objetivos son proporcionar conocimientos sobre los estándares internacionales que se aplican a la protección de los desplazados internos, promover el uso de los principios rectores de atención a este colectivo de personas y facilitar un diálogo práctico e informal entre distintos estamentos institucionales sobre sus roles respectivos en el establecimiento de leyes, políticas y programas de atención a desplazados.

Participaron el magistrado Crescencio Martínez Geminiano, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como los diputados locales, Pavel Renato López Gómez y Marlene Aldeco Reyes Retana, además del director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas.