OAXACA, OAX., noviembre 8.- El regidor de Normatividad y Estudios Jurídicos del Ayuntamiento capitalino, Alberto Canseco Girón, denunció que jueces calificadores de Tránsito Municipal imponen sanciones altas, indebidas y no estipuladas a personas detenidas por faltas administrativas y “esto es un delito que se paga con cárcel”.

Consultado sobre las denuncias de corrupción en esa dependencia del Gobierno de la Ciudad, y que han sido exhibidas en sesiones de Cabildo, dijo que él ha propuesto realizar auditorías a los jueces calificadores y al jefe de Inspectores “porque están cobrando sanciones a muy alto precio, cuando no están autorizados”.

El concejal priista dijo desconocer si en alguna ocasión se ha sancionado este tipo de hechos, que se consideran delitos, pero señaló que “estamos en la tesitura de que caiga quien caiga para demostrar que los gobiernos son probos, honestos, limpios y transparentes” (sic).

Consideró que “no debe haber distingos, pues no hay mexicanos de primera, segunda o tercera; ante la ley todos somos parejos y el que cometa un error que lo pague, inclusive con cárcel, como lo señala la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos”.

Canseco Girón subrayó que “los jueces calificadores hacen lo que quieren; nadie los controla; reciben instrucciones del Jurídico de la Policía Municipal, cuando debe existir sólo un Departamento Jurídico del Ayuntamiento capitalino, del que dependan todos los abogados que trabajen en las dependencias municipales”.

El Regidor de Normatividad y Estudios Jurídicos señaló que todo criterio lo debe establecer el Director Jurídico del Municipio, que será único, para evitar que sigan cometiendo abusos entre jueces calificadores e inspectores.

Insistió en que esto debe corregirse con fundamento en las reformas a las ordenanzas municipales y la entrada en vigor del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Y a propósito del nuevo Bando, que fue iniciativa del presidente municipal, Luis Ugartechea Begué, confió en que pronto se publique en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor, porque se ha retrasado.