EXPRESIONES.- Es ominoso apreciar que día con día los llamados “redentores sociales” se desgarran las vestiduras por la corrupción gubernamental que al mismo tiempo los alimenta, cuando las injusticias y burlas en contra de los oaxaqueños son perpetradas desde los altos niveles del Gobierno federal.
Yo no sé si no quieren ver, o se hacen, pero es evidente que los conflictos más fuertes que aquejan a la entidad son por negligencia y corrupción de funcionarios federales que gustan coaligarse con empresarios mafiosos, líderes sindicales y gobiernos estatales acomodaticios para esquilmar recursos naturales o para negociar una gobernabilidad ficticia.
Así tenemos en Oaxaca desde hace muchos años la peste sindical de la Sección 22 del Magisterio oaxaqueño y más de 300 organizaciones sociales que conforman, entre otros organismos, a la famosa APPO.
Pero también hay casos, como el de los Chimalapas, donde miles de hectáreas de bosques ubicadas entre los límites de Oaxaca y Chiapas, que han venido siendo explotadas por empresas madereras y supuestos campesinos chiapanecos, con el consecuente deterioro de la riqueza forestal de la región.
Oaxaca cuenta con una resolución presidencial del 10 de marzo de 1967 que considera 595 mil hectáreas que colindan con los estados de Veracruz y Chiapas.
Fueron para San Miguel Chimalapa, Oaxaca, 134 mil hectáreas, y para Santa María Chimalapa, Oaxaca, 460 mil hectáreas.
Dos meses después, en mayo de 1967, el mismo Gobierno federal le cedió en otra resolución presidencial a Chiapas, 4 mil 975 hectáreas dentro del territorio oaxaqueño.
Por eso, desde hace más de 40 años la zona oriente de esta selva está en disputa por parte de ejidatarios y pequeños propietarios de Chiapas.
Sin embargo, el problema se acrecentó cuando empresas madereras, apoyadas por el Gobierno del Estado de Chiapas y contando con el aval del Gobierno federal, asientan 25 aserraderos que durante 27 años explotan y saquean 100 mil hectáreas de bosques de pino, encino y bosques de niebla.
Todavía más. En el año 2009 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó permisos de explotación forestal en la zona de conflicto, a pesar de que existe un acuerdo de no hacerlo desde el 11 de mayo de 1999.
Por todo, es clara la corrupción y negligencia de las autoridades federales, así como del contubernio de los gobiernos chiapanecos.
Ahora en los Chimalapas todo es tensión. Las policías de ambos estados y el Ejército están vigilando, pero la prepotencia del Gobierno de Chiapas y la negligencia de la Federación es patente y, como siempre, los que pagan los platos rotos son los campesinos y comuneros, quienes evidentemente son inocentes de las tropelías gubernamentales.
¿Qué necesitamos los oaxaqueños para que se nos haga justicia?, ¿Será necesario que resurja el EPR para que el Gobierno federal se preocupe y ocupe de Oaxaca como lo hizo ante la presencia del EZLN en Chiapas?
Y con todo ello, todavía tenemos que soportar a reivindicadores sociales que se afanan por clamar justicia en infiernillos más de tinte político que de beneficio social, como es el caso del pedimento de Comisiones de la Verdad amañadas y que sirven sólo como poses políticas y demagógicas.
¿Cuánto soportará Oaxaca y otras entidades de la República tanto socavamiento a su soberanía y a una pobreza extrema auspiciada por el Gobierno federal?
Con razón el presidente Felipe Calderón Hinojosa anda tan preocupado porque los Estados cumplan con las reglas de seguridad acordadas, augurando y vociferando que “viene otra crisis por violencia”.
Como si la violencia hubiera sido generada por nosotros.
Oaxaca de Juárez, Oax., miércoles 9 de noviembre/2011
rampuga@prodigy.net.mx confusiopuga@hotmail.com
