OAXACA, OAX., noviembre 23.- Un indígena triqui de la comunidad de Guadalupe Tilapa fue asesinado a balazos este miércoles, a la orilla del camino que comunica de su comunidad con la de El Rastrojo, a la altura del paraje conocido como La Ciénega, informó la Policía Estatal.

El reporte policial indica que personas desconocidas asesinaron a Ignacio Martínez Ramírez, de 36 años, originario del poblado de El Rastrojo y miembro del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT, que dirigía Heriberto Pazos Ortiz), cuando se encontraba cortando madera.

Elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como peritos de la subprocuraduría Regional de Justicia de la Mixteca y un agente del Ministerio Público se trasladaron a la zona para iniciar las primeras investigaciones y trasladar el cadáver a la ciudad de Juxtlahuaca para practicarle la necropsia.

Durante la primera semana del mes de agosto de 2011 fueron asesinados tres militantes del llamado Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Este triple homicidio se registró en la desviación de San Pedro Chayuco, cerca de Agua Fría Copala, en donde perdieron la vida Álvaro Jacinto Cruz, Francisco Ramírez Merino, José Luis Ramírez de 18, 37 y 39 años de edad, respectivamente.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha informado de avances en las investigaciones, tanto de este caso, como del homicidio del fundador y dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, asesinado el día 23 de octubre de 2010 en la ciudad de Oaxaca.

CONDENA CIDH ASESINATO DE LÍDER TRIQUI

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez, ocurrido el 17 de octubre de 2011, en la ciudad mixteca de Tlaxiaco, y pidió al gobierno de México “una investigación eficaz”.

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cdhapi), Maurilio Santiago Reyes, recordó que López Hernández fue presidente municipal de San Martín Ituyoso en el año de 2005, pero por conflictos internos de esa comunidad, no se le permitió tomar posesión de su cargo y tuvo que salir de su pueblo, luego de recibir amenazas de muerte.

La CIDH emitió medidas cautelares a su favor, por lo que algunos meses tuvo la protección de agentes de la policía estatal, pero optó por solicitar su retiro, al considerar insuficientes las medidas de seguridad de parte del Estado.

El 17 de octubre de 2011 fue asesinado en la ciudad de Tlaxiaco por un hombre solitario que le disparó a quemarropa cuando caminaba por una calle de esa ciudad, ubicada a unos 150 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca.

El abogado Santiago Reyes dio a conocer un documento emitido por la CIDH, en el que declara que “recibió información de suma gravedad sobre la falta de efectividad de las medidas de protección a favor de defensoras y defensores en el marco de medidas cautelares ordenadas por la Comisión o medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana”.

La CIDH, en particular “condena el asesinato del líder indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez, quien era beneficiario de medidas cautelares, perpetrado el 17 de octubre de 2011 en Tlaxiaco, Oaxaca”, se lee en el documento del organismo internacional.

Además, instó al Estado mexicano “a llevar a cabo una investigación eficaz sobre estos hechos y a sancionar a sus responsables, así como tomar las acciones correctivas para que en el futuro, las medidas cautelares solicitadas por la Comisión o las medidas provisionales ordenadas por la Corte, sean cabalmente implementadas”.

El abogado especializado en defensa de Derechos Humanos en la sede de la CIDH en Washington, dijo que a pesar el pronunciamiento de esta instancia internacional, “el gobierno mexicano, hasta el momento, no ha convocado a los peticionarios a una reunión para efectos de informar a los familiares de Antonio Jacinto López Martínez y a los peticionarios de medidas cautelares sobre los avances de la investigación”.

La defensa solicitó por escrito al gobierno mexicano una reunión con el Secretario General de Gobierno, Procurador de Justicia del Estado y demás funcionarios del gobierno mexicano, pero no ha tenido respuesta por escrito de dicha petición, “y los funcionarios del gobierno de Oaxaca le restan importancia a la condena de la CIDH”, lamentó Santiago Reyes.

Comentó que el caso no está cerrado con la muerte de Antonio Jacinto López Martínez, sino que el riesgo de ha incrementado en contra de sus familiares, ya que a 29 días de su asesinato, cuando familiares y amigos rezaban en su domicilio, como es costumbre en la región, un grupo de hombres hizo disparos frente al inmueble, sin que se registraran víctimas, pero “se trató de un acto de intimidación”.