OAXACA, OAX., noviembre 25.- El dirigente de la poderosa Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, no descartó un posible pacto entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y su antecesor Ulises Ruiz Ortiz que derive en que hasta hoy no existen ex funcionarios de alto nivel en la cárcel por sus actos de represión y violencia contra el pueblo oaxaqueño.
Y el líder de los más de 73 mil trabajadores de la educación en el estado fue más allá en sus apreciaciones al señalar que el Gobierno del cambio “convirtió sus promesas de campaña en un asunto de simulación”.
Durante el mitin en el Zócalo capitalino, al término de la “megamarcha” del Magisterio, Santiago Chepi argumentó que la problemática educativa es un asunto a escala mundial, “toda vez que existen regímenes que pretenden privatizarla, quitándole la oportunidad al pueblo de acceder a su derechos universal”.
Volvió a criticar la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) y las reformas educativas que impulsan el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.
“Son parte de una campaña federal que pretende condicionar el derecho a la educción”, acusó y prometió que “en breve el Magisterio oaxaqueño presentará un plan para el mejoramiento de la educación en Oaxaca, en el cual se incluyen los rubros de evaluación y formación docente desde otra perspectiva, y mediante la cual se pondrá a prueba la apertura estatal y federal” (sic).
Respecto a la “indemnización simbólica” recibida por algunas de las personas que fueron víctimas de la represión gubernamental durante el movimiento sociopolítico del 2006, el dirigente de la Sección 22 del SNTE se deslindó de este acto y advirtió que su gremio seguirá exigiendo justicia, dado que una vida humana, la represión y las agresiones físicas y psicológicas a un gran movimiento no se compran con ningún recurso económico”.
Luego contra atacó: “Hay demandas pendientes. Se ha intentado crear una Comisión de la verdad y una Fiscalía especial, porque a pesar de que hay un repudio generalizado a Ulises Ruiz Ortiz, falta la parte ejecutiva, jurídica y legal, que permita al actual Gobierno castigar a los responsables”.
Afirmó que se necesita ver a la brevedad posible una madurez y sensibilidad por parte del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, “para que de una vez por todas finque las responsabilidades a las y los culpables de la represión e impunidad de la que fueron víctimas los integrantes de movimiento de la APPO y el Magisterio”.
Reconoció que hubo una indemnización de 170 mil pesos para cada persona afectada, pero aseguró que el hecho no fue consensado, por lo que se deslindó y reiteró que “el movimiento magisterial jamás ha pactado” (sic).
Argumentó: “La indemnización no fue un asunto que fuera consensado. Nos deslindamos de esta situación. En la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca confluyeron diversas organizaciones sociales; sin embargo, el movimiento continuara con la exigencia de justicia porque una vida humana no se compra con dinero”.
Y más de un año después reveló que la entrega de camionetas y la restauración del edificio sindical por parte de la entonces administración de Ruiz Ortiz, “fue condenado porque el Comité Seccional de la 22 no fue aval de esa situación, sino de la del 2007”, cuando el gobierno ulisista les entregó un nuevo edificio sindical en el municipio conurbano de Santa Lucía del Camino.
Finalmente, el dirigente sindical insistió en que “el emplazamiento del movimiento magisterial es constante, al no descartar que existió un pacto entre el gobierno pasado y el actual”.
