De acuerdo con los resultados del informe “Medición de la pobreza en los municipios de México”, publicados hace dos días por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (diciembre 2011), el municipio oaxaqueño de San Juan Tepeuxila tiene la mayor proporción de población en situación de pobreza, con 97 por ciento, y ocupa el último lugar entre los municipios del país en esa condición.

El informe refiere que Oaxaca es de las entidades que registra un mayor porcentaje de sus municipios en esas condiciones.

Los resultados son muy parecidos entre los diversos estudios oficiales realizados con anterioridad. La entidad oscila entre el último y el penúltimo lugar, aún cuando se diversifiquen las herramientas de medición de pobreza y desigualdad, trátese del índice de marginación, del índice de rezago social, del índice de desarrollo humano, del modelo multidimensional para la medición de la pobreza, o cualquier otro (Conapo, 2010; INEGI, 2010; Coneval, 2011).

Se trata de una entidad en donde los diversos programas derivados de la política social no han logrado modificar las condiciones de marginación y rezago social, como se puede observar en los balances de la década 2000- 2010, realizados por las mismas instancias oficiales.

Los resultados de los diversos informes llevan a insistir en la pregunta ¿es posible el avance democrático en condiciones de pobreza y desigualdad extrema? (una desigualdad que ubica a ciudadanos de primera y de segunda, en donde persisten condiciones de exclusión y discriminación).

No hay que olvidar que la pobreza y la desigualdad constituyen el caldo de cultivo del autoritarismo, el cual se sostiene en una red de intermediarios entre los ciudadanos y la clase gobernante, a través de caciques, lideres charros y clientelas que corrompen el ejercicio de los gobiernos.

La lucha contra la pobreza y la desigualdad es compleja pero necesaria, si consideramos la advertencia de Boaventura de Souza, en el sentido de que la democracia sólo será posible en el momento en que no existan pobres con la necesidad de vender su voto para subsistir, y tampoco existan ricos con el dinero para comprarlos.

La atención a la población más empobrecida y la reducción de las desigualdades constituyen las tareas más titánicas para el desmantelamiento de este conjunto de prácticas.

La reflexión es necesaria para el caso de Oaxaca, una de las entidades en donde el autoritarismo mantiene sus raíces más profundas, en condiciones de desigualdad y pobreza superiores respecto a la media nacional.

Por ello la importancia de que se consideren políticas sociales redistributivas, para abatir los rezagos acumulados y las desigualdades que siguen ubicando al estado de Oaxaca en una posición de desventaja, a pesar de las inversiones a los diversos programas sociales realizados en el transcurso de la pasada década.

Este aspecto es relevante, dado que no podemos separar los derechos sociales de los derechos políticos; el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, son aspectos importantes en el proceso de construcción de una ciudadanía más equitativa.

La carencia de los derechos sociales constituye el contenido que se debe imprimir al debate sobre las insuficiencias de la democracia.

No podemos referir avances en la democratización cuando persisten desigualdades sociales muy profundas y cuando no se perfilan con claridad los mecanismos que garanticen que esos desequilibrios serán corregidos.

Hay quienes dicen que estos aspectos deben analizarse por separado, y por tanto, que ya no sólo debemos pensar en la transición a la democracia, sino en la consolidación de la democracia.

Apuntan que los aspectos económicos, los políticos y los sociales no deben mezclarse. Seguramente consideran que podríamos ser muy democráticos aunque muy desiguales.

Por el contrario, hay quienes argumentan que la desigualdad es dinamita para la democracia y apuntan que mientras no se corrijan las desigualdades, el discurso sobre democracia y participación ciudadana es pura demagogia.

No pueden existir gobiernos democráticos en un océano de desigualdad.

No es casual que la atención a la problemática social se encuentre convertida en el centro de las promesas de todas las campañas proselitistas, tanto de las que ya fueron como de las que vienen, aunque cabe considerar que el cambio democrático no puede pensarse solamente como partidos, votos y alternancias.

En términos generales, es importante considerar que una de las causas del descontento de los ciudadanos con lo que se identifica como democracia es precisamente la persistencia de la pobreza, la desigualdad y de la injusticia social (Latinobarómetro, 28/oct/11).

Respecto al quehacer del actual gobierno estatal, es claro que un año es un periodo muy reducido para realizar un balance de la política social emprendida, y que tampoco alcanzaría el sexenio completo, aunque es importante insistir que una política social efectiva marca la diferencia entre un gobierno progresista del que no lo es.

(*) Investigador del IISUABJO.

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