MÉXICO, D.F., marzo 7.- En dos sexenios (2000-2012) y como nunca antes en la historia reciente de México, la Iglesia católica ha recobrado tal poder político que se refleja en su injerencia en reformas legislativas y políticas públicas federales, con lo que viola de manera flagrante el Estado laico y atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De cara a la conmemoración mañana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Aidé García, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dijo a Cimacnoticias que la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) permitió que en los últimos 12 años se diera el mayor involucramiento de la Iglesia en asuntos públicos.

El ejemplo más claro, sostuvo, está en las reformas a las constituciones de 17 estados del país, entre 2008 y 2010, para criminalizar a las mujeres por aborto al “proteger la vida desde la concepción-fecundación y hasta la muerte natural”.

La activista indicó que la penalización del aborto puso en evidencia que las creencias de la jerarquía católica y la cúpula del poder están por encima de la salud y la vida de las mujeres.

Este hecho también significó la ruptura del Estado laico, el cual es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo los sexuales y reproductivos.

Además de las modificaciones a las legislaciones locales, la Iglesia católica, nuevamente en alianza con PRI y PAN, impulsó la reforma al artículo 24 constitucional, aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados y cuyo fin es “abrir” la puerta al clero en la educación pública, medios de comunicación y cargos de elección, señaló García.

De acuerdo con la integrante de CDD, la iniciativa –que actualmente está en el Senado en espera de ser discutida y eventualmente aprobada– es una amenaza para los derechos de las mujeres, pues impondría el pensamiento conservador de la Iglesia en escuelas públicas y negaría el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual integral.

Por lo que en el Día Internacional de la Mujer “más que festejar, las mexicanas tenemos que dar la lucha para que nuestros derechos no sean vulnerados y se respete la laicidad del Estado”, convocó Aidé García.

Domina la agenda del vaticano

Verónica Cruz, directora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que “es momento de enfocar baterías para evitar que se apruebe (la reforma al artículo 24 constitucional)”, ya que si esto ocurre peligra la educación sexual laica y científica, afirmó.

Representa el riesgo de perder lo que nos queda: negar la educación (sexual) y eventualmente el acceso a métodos anticonceptivos, ya que con las reformas a las leyes locales para penalizar el aborto (la Iglesia, el PRI y el PAN) lograron “criminalizar a las mujeres pobres”, acusó.

De acuerdo con la activista, la agenda del Vaticano en México se traduce en leyes y políticas públicas en contra de la agenda de los derechos de las mujeres. “Han hecho un trabajo estructurado por la criminalización de las mexicanas”, insistió Cruz.

Este mes de marzo Guanajuato recibirá al papa Benedicto XVI, quien “viene a celebrar el retroceso de los derechos de las mujeres” que consiguió en alianza con el PRI y el PAN en más de la mitad del país, denunció la directora de Las Libres.

En ese estado, durante 2010, con el apoyo de Las Libres y la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fueron liberadas siete mujeres que pasaron hasta ocho años en prisión tras haber sufrido un aborto espontáneo, y quienes fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco.

Según estimaciones de Las Libres y otras organizaciones que conforman el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, actualmente en al menos 11 estados del país hay presas por aborto.

Criminalizadas

Guerrero es uno de esos estados. Ahí se tiene registro de al menos dos indígenas encarceladas, acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo.

Virginia y Adriana además han enfrentado múltiples violaciones a sus Derechos Humanos, entre ellas un proceso judicial irregular en el que no se les asignó traductor o abogado que hablara en su lengua.

Virginia está presa en el reclusorio del municipio de Tlapa desde hace tres años. Aún no recibe sentencia. Adriana, de 26 años de edad, fue encarcelada y condenada a 22 años de prisión.

Lo anterior lo informó María Luisa Garfies, del Colectivo Nosotras, en Guerrero, quien alertó que durante los últimos años la alianza PAN-PRI “ha golpeado los derechos de las mujeres, violentando la laicidad del Estado, en retroceso de los derechos sexuales y reproductivos”.

Gabriela García, coordinadora del área de Jóvenes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), dijo a Cimacnoticias que las violaciones al Estado laico se agudizan cuando se trata de mujeres jóvenes y adolescentes, ya que son las que tienen menor acceso a métodos anticonceptivos.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) que en promedio es de 10 por ciento, se incrementa a 18 por ciento en jóvenes y 25 por ciento en las y los adolescentes.

La activista apuntó que este hecho está vinculado con los obstáculos que encuentran las jóvenes para acceder a educación sexual integral, y también a anticonceptivos en los servicios de salud, donde incluso les piden que vayan acompañados de un adulto para que les proporcionen los métodos de control natal y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).