SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, mayo 17.- La diputada estatal Martha Patricia Campos Orozco exigió al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, transparentar el pago de nueve millones de pesos para la elaboración de tres controversias constitucionales sobre el caso Chimalapas, así como cuál fue el despacho que recibió el pago para elaborar los recursos de anticonstitucionalidad.
Durante la sesión de la Diputación Permanente el miércoles pasado, la Legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) criticó que ninguna de las estrategias puestas en marcha para defender a Santa María y San Miguel Chimalapas han prosperado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Como diputados queremos saber cuál es el despacho, quién encargó el trabajo y demandar la devolución de los recursos del erario público, dado que todas las controversias las han desechado; es decir, el trabajo ha sido pésimo”, consideró.
Reiteró que es urgente aprobar el punto de acuerdo para exhortar al gobernador Gabino Cué Monteagudo a que informe al Poder Legislativo el curso de la defensa.
Toda vez que –dijo— “en Chipas se burlan de las autoridades gubernamentales, judiciales y legislativas de Oaxaca, debido a que los recursos van firmados por los Tres Poderes del Estado y ni así han prosperado.
En tanto, la Diputación Permanente de la LXI Legislatura turnó a la Junta de Coordinación Política la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al gobernador Gabino Cué a informar los avances de la defensa de la zona de los Chimalapas, a propuesta de la diputada perredista Aleida Tonelly Serrano Rosado, adscrita por decisión propia a la bancada del Partido del Trabajo (PT).
Y es que Serrano Rosado cuestionó el que se hayan desechado los recursos de reclamación 5/2012, 6/2012 y 7/2012, promovidos por el gobierno estatal y los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas.
Consideró que la Comisión Especial para el caso Chimalapas del Congreso del Estado debe dar seguimiento al conflicto limítrofe que se vive entre habitantes de San Miguel y Santa María con los habitantes del estado de Chiapas.
Refirió que el problema se origina al crear un municipio sobre un polígono que está en conflicto de límites entre dos entidades federativas, lo cual representa una violación flagrante a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Insistió en que es importante que el Congreso del Estado tenga toda la información de la situación actual del proceso, puesto que ha existido poca coordinación en los trabajos con el Poder Ejecutivo.
