A RESERVA.- En1990 se aprueba un nuevo marco legal en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y tuvo lugar la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo público, autónomo responsable de organizar y supervisar los procesos electorales y de los asuntos que atañen a los partidos políticos.
En 1994 se da reconocimiento constitucional al consejo ciudadano.
En 1996 se consumó la autonomía e independencia del organismo electoral al desaparecer el nexo gubernamental. Así de forma progresiva va disminuyendo el grotesco monopolio político del PRI como partido de Estado y se transita hacia la democracia representativa y la incidencia de la participación ciudadana.
El IFE adquiere independencia respecto del gobierno, autonomía en sus decisiones y se convierte en la autoridad electoral, responsable de la función estatal de organizar supervisar y calificar las elecciones en México.
Este nuevo marco jurídico ha significado un cambio cualitativo del sistema político porque transita del sistema de partidos hegemónico a un sistema no competitivo donde participan varios partidos, pero sólo uno había tenido posibilidad de ganar en los comicios. En las recientes elecciones federales la alternancia da cuenta de los avances de la todavía limitada democracia electoral.
Ahora el poder partidario define la dirección colegiada del IFE. Su consejo ciudadano se integra a propuesta de partidos políticos, sin embargo, el frecuente cuestionamiento a los consejos electorales, así como la dificultad de los partidos para llegar a consensos nos plantea un nuevo reto: superar la dependencia respecto de los partidos políticos.
El proceso conocido como “ciudadanización del IFE” en su origen, tuvo como fin dar credibilidad a los órganos electorales y a los comicios frente a una ciudadanía que durante décadas tuvo la certeza de que el triunfo en las urnas no correspondía al sentido de los votos, que desconfía de los partidos y en general, de los políticos
La propuesta inicial de incorporar ciudadanos y ciudadanas en búsqueda de consensos ha sido pionera en el destino implícito de la participación ciudadana como determinante central de la democratización, pero requiere revisar su estructure y conformación orgánica y operayiva. Por ejemplo, el gasto se ha convertido en un punto que genera opiniones divergentes y es que resulta injustificado el gasto excesivo, como es el presupuesto entregado a los partidos políticos aunque no haya elecciones, gasto que por demás es oscuro y disfuncional, que no cumple cometidos de integración e igualdad, lo que repercute en inequidades de género y autoritarismos patriarcales.
La forma de elegir a las y los consejeros del IFE reedita mecanismos de desigualdad que los propios partidos conservan en su interior, habida cuenta de imposiciones y desplantes protagónicos y simpatías partidarias para mantener bajo su control el espacio más importante conseguido por la ciudadanía. En fin, su participación debería responder a los afanes de la ciudadanización que permita y obligue al gobierno a dar respuestas contundentes a la sociedad en sus afanes democráticos, su participación en las decisiones públicas que cada vez menos tendría que dejarle exclusivamente a los políticos.
En este sentido, las mujeres han solicitado la paridad en los consejos electorales, han denunciado que el enredado y aletargado proceso para la definición de la terna de Consejeras(os), efectuado por el congreso ha daño la ciudadanización democrática del IFE por lo que con la definición de “consejeros a modo” puede empeorar y debilita más su credibilidad.
Mujeres en Plural proponía la paridad efectiva de mujeres y hombres en el Consejo por lo que la totalidad de la terna debe integrarse por verdaderas ciudadanas sin obvios vínculos o compromisos partidistas. Condición determinante para lograr el interés de la ciudadanía por participar de la elección federal, darle credibilidad al IFE que a su vez de certeza electoral.
“Las personas, los perfiles, la paridad de género y el cumplimiento de la ley, debe ser compromiso en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos y ratificados por México y porque la razón nos asiste”, afirmó la diputada Enoé Uranga.
El IFE en su Consejo General a final de cuentas quedó conformado de manera vergonzosamente inequitativo; solo dos mujeres de nueve concejalías; de los siete partidos políticos están representados ante la instancia federal electoral solamente el PVEM por una mujer.
Sin embargo, después de varios exhortos de organismos en pro de los derechos políticos de las mujeres, enviados al Consejo General del IFE para que durante el proceso de selección de candidaturas para integrar los Consejos Locales en el proceso federal electoral 2011-2012 se incorporara el criterio de paridad de género.
De cada seis integrantes que forman los consejos locales el resultado es el siguiente:
Querétaro, cinco consejeras, 83.3 %
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, cuatro consejeras, 63.6%
Colima, Durango, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, tres consejeras, 50%
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, dos consejeras, 33.3%
El Distrito Federal tiene tan solo una consejera de seis que representa el 16%
No cabe duda, que las gestiones de organismos feministas que exigen mayor participación de las mujeres en instancias de decisión, van dejando resultados, caminos andados con muchas piedras que facilitaran el camino de las que vienen….Vamos caminando. (Los dos recuadros pertenecen al Reporte electoral Observatorio Legislativo sobre el Avance de la Participación Política de las mujeres en México/Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género)
