A RESERVA.- A pasar de los discursos, proclamas mediáticamente exaltadas y mucho presupuesto público asignado y al parecer ejerciéndose en Oaxaca, la violencia de género contra las mujeres en todas sus expresiones, sigue su camino, un amplio camino ascendente que desfigura y desmiente cualquier intento anunciado de recomponer el estatus de riesgo que en un ámbito de desigualdad padecen las oaxaqueñas.
Haciendo el recuento de las “buenas voluntades” de los gobiernos -tanto federal como estatal-, podemos recordar la serie de eventos que sucedieron en el marco del día de la mujer, en marzo pasado: La firma de la declaratoria para consolidar la igualdad en el país, pronunciamiento que irresponsablemente hizo Felipe Calderón afirmando, sin recato, que este ha sido el sexenio de las mujeres; acorde con esta declaración de poca envergadura política, por la inconsistencia que supone, el gobernador de Oaxaca se suma a “las buenas noticias”: habrá medidas extraordinarias –dice- que ahora sí modificarán el estatus de riesgo permanente que ha puesto en peligro la integridad y la vida de las mujeres oaxaqueñas .
Ante estas “buenas noticias” nos cae como balde de agua fría el reciente informe sombra de las activistas de derechos humanos frente a la CEDAW que afirma que “han sido los peores años para el avance de los derechos de las mujeres, pues se ha agudizado la violencia contra ellas debido a la falta de estrategia de seguridad pública con perspectiva de género”. La vida de las mujeres –dijeron- está en riesgo, situación que se refleja ante el aumento de 68 por ciento de muertes violentas de mujeres entre 2007 y 2009 en el país.
Dieron cuenta de las recomendaciones de la CEDAW respecto a emitir alertas de violencia de género en Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, entre otros.
Asimismo, informaron de miles de casos de mujeres y niñas desaparecidas. Mientras, Jessica Sánchez Maya aseguró que “México es el segundo país del continente americano donde más se amenaza de muerte a las defensoras de derechos humanos y es el país más peligroso del continente para el desarrollo de la labor de los y las periodistas”. Entonces ¿de qué habla Calderón?
Oaxaca sigue estando en los primeros lugares de violencia familiar y a tan solo 20 meses del gobierno del cambio suman la escalofriante cifra de 140 los asesinatos de mujeres, un promedio de 14 víctimas por mes.
Coincidiendo con la declaratoria presidencial, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo -que ya antes había declarado al 2012 “Año contra la violencia de género hacia las mujeres”-, suscribió con el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, un convenio de coordinación entre los dos niveles de gobierno para crear el Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Oaxaca, con una inversión inicial de 9.1 millones de pesos.
Hasta el día de hoy subsiste esta cantidad que se dijo inicial y casi al término del sexenio y del año presupuestal, al parecer no fluye el recurso completo ni se concreta el centro aludido, que seguramente requerirá mucho mayor presupuesto y más voluntad política del gobierno del estado y, por supuesto, se espera que en esta ocasión en principio quede debidamente integrado el marco jurídico normativo que rija la organización y estructura, como las funciones y competencias y también determine el presupuesto corriente de este centro de justicia que revista de certeza jurídica a las usuarias de esta nueva instancia que aún no se encuentra debidamente regulada.
Tal vez, ofreciendo el beneficio de la duda, el Centro de Justicia para las mujeres, permita garantizar con mayor eficacia los derechos humanos de las mujeres, de manera especial, reducir la violencia estructural contra ellas, resarcir los daños que como estado no ha podido ni mínimamente garantizar, su integridad y su vida.
El acceso a una vida libre de violencia es, claro está, un derecho fundamental que regula la norma internacional, nacional, en la Constitución Federal y reglamentado en una ley general de carácter nacional como estatal.
Este derecho humano requiere de políticas públicas integrales e interrelaciónales, y multidisciplinarias en relación a la prevención de la violencia de género, atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, intervención a agresores y contención a personal que atiende a las mujeres en situación de violencia de género. El desempeño de estas funciones complejas debe ser consecutivo y permanente, para lo que se requiere en principio y necesariamente un marco jurídico apropiado que regule todas y cada una de las acciones públicas debidamente estructuradas.
Es un paso gigante que inicia con la armonización de leyes y normas reglamentarias, de carácter general y especifico, en el orden común como es el caso del Código Penal y Procesal Penal, que prevea, por ejemplo, una adecuada tipificación de delitos en la materia: violencia familiar, delitos sexuales, feminicidio; criterios que impliquen acciones positivas frente a crímenes contra mujeres, medidas de protección, etc. En materia civil se requiere modificar los estándares jurídicos respecto a los derechos de propiedad y posesión, los testamentarios, registrales y otros, que modifiquen sustancialmente la óptica frente a la plena ciudadanía de las mujeres.
Se trata de transformar en serio las políticas públicas frente a los derechos y libertades de las mujeres, desde la garantía del derecho y la ley; la justicia no se alcanza por decreto y cualquier nueva institución, con el nombre que sea, si no está legalizada difícilmente podrá estar legitimada. Una vez más, hacer lo contrario solo serían ocurrencias los buenos propósitos de los gobiernos.
