SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 2.- En medio del escandalo de los presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad de Maritza Escarlet Vásquez Guerra, ex directora de notarias del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el Congreso del Estado modificará los requisitos para poder ser Notario Público, entre estos, que no se haya desempeñado durante los últimos tres años como empleado, funcionario o servidor público del Estado o Municipio.

La propuesta de reforma al artículo 12 de la Ley del Notariado Público, hecha por la diputada del MC, Margarita García García, fue turnada a comisiones, y en ella reprochó que se premio con Fiats Notariales, “a lacayos y serviles”, que independientemente del cargo o la función que desempeñaban obedecían ciegamente las ordenes del mandatario en turno.

Refirió, que la actual legislación, establece que “el ejercicio del Notariado es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho para investirlos de fe pública”.

Además que para el nombramiento de notarios públicos, entre los requisitos que actualmente establece están, tener una residencia en el Estado no menor de cinco años; haber cumplido treinta años de edad y tener un modo honesto de vivir; tener título de Licenciado en Derecho expedido en forma legal e inscrito en la Dirección General de Profesiones y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

No ser ministro de algún culto; acreditar mediante certificado expedido por Médico Titulado, no padecer enfermedad mental o impedimento físico que obstaculice el ejercicio de las funciones notariales.

No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional, ni estar sujeto a proceso, así como no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso, sin que haya sido rehabilitado; tener cuando menos cinco años de práctica de la Profesión de Abogado, contados desde la fecha del examen profesional respectivo.

Así como haber practicado un año en alguna Notaría del país en forma continua.

No obstante, tras el escando del caso Vásquez Guerra, la diputada del MC, cuestionó que quienes tiene en sus manos la fe publica, esta perseguida y cuestionada por la discrecionalidad de su otorgamiento; “pues aunque en apariencia se cumplieron con los requisitos legales, la realidad es que las fiats no fueron para los profesionistas del derecho sino para los amigos y servidores fieles de quienes fueron gobernadores en turno”.

Al defender su propuesta, García García, dijo que la fe pública como atribución del Estado de ninguna manera, puede confundirse o explotarse con carácter de negocio privado, ganancia o rentabilidad, tampoco entregarse como dadiva, o premio a favor de empleados, funcionarios o servidores públicos.

“Porque no solamente se vulnera el derecho del resto de los ciudadanos con capacidad para accesar a una patente de fe pública notarial, sino que se degrada el sentido crítico y otros principios fundamentales que deben observarse en el ejercicio correcto de la administración pública cuya conducción debe hacerse con trasparencia”, asestó.

Pidió entonces, cuidar de la regulación notarial, en virtud de que existen antecedentes relativos a que en la recta final de los anteriores sexenios los mandatarios fueron presurosos en entregar patentes de ejercicio notarial a funcionarios públicos, y colaboradores cercanos de sus respectivas administraciones.