A RESERVA.- Para empezar habrá que afirmar con contundencia que una ley inamovible que regule asuntos que por sí mismos son sujetos de permanente movimiento y actualización, es una ley ineficiente, atrasada y conservadora, en concreto es una ley desfasada y obsoleta, que muy a menudo, casi siempre protege cacicazgos y privilegios insanos.
Es el caso de la Ley de Tránsito del Estado De Oaxaca cuya publicación inicial fue desde el 5 de julio de 1969. Una ley que ha permanecido y cómodamente se ha mantenido por 43 años, no por casualidad o por olvido, que ya sería grave, menos porque resulte eficiente y adecuada; la ley por si misma así lo determinó quedó establecido con toda la intención siniestra de preminencia y prevalencia en el control hegemónico del servicio del transporte público.
De acuerdo a la propia ley en mención que es vigente hasta el día de hoy – Ius estrictum – el marco jurídico inscrito en su Artículo Segundo Transitorio que a la letra dice: “en tanto no se expida el reglamento de la presente ley, continuara en vigor el reglamento de tránsito y transportes del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio de 1954.
Es decir que Oaxaca se rige en materia de transporte por un reglamento desfasado y vetusto que se pretendió modificar su vigencia en 1973 obviando la descripción formal y por tanto su positividad y vigencia al nombrarlo exclusivamente Ley de Tránsito de Oaxaca, omitiendo de hecho y derecho la regulación expresa y explicita del transporte público.
Aun suponiendo que en Oaxaca hubo regulación del transporte público normado en esa Ley de Tránsito sin reglamentarse hasta la fecha, fue en los artículos 17 al 29 contenidos en su Capítulo IV. TRANSITO, CONCESIONES Y PERMISOS; quedando sujeta a una dirección sin reglamento por demás ineficiente, inoperante, burda y corrupta, que sirvió y ha servido para solventar y mantener los intereses económicos y políticos tanto de los propios transportistas como de los gobiernos de antes y de ahora, que sostienen aberrantes complicidades como el inusitado caso de nombrar a la dueña casi monopólica del transporte en el Estado –Aurora López Acevedo- como funcionaria responsable del transporte, generando por supuesto un conflicto superlativo de intereses y el abuso ciclópeo de facultades que sin ninguna restricción ensancharon su riqueza y privilegios, sin ningún recato, perjudicando a la sociedad con pésimo servicio, cometiendo ilícitos mayúsculos incluso delitos que por cierto hasta hoy no han sido castigados, bueno, el colmo fue la presentación de la señora López Acevedo como ciudadana ejemplar en la campaña del actual gobernador Cué Monteagudo.
En una verdadera anarquía jurídica el transporte público se definió con planes y acciones políticas que fueron llevándolo de dirección a secretaria sin concretar con seriedad jurídica la situación formal de la regulación control y vigilancia del servicio público del transporte.
Claro que de esta forma ha habido condiciones de mantener sin límites esa relación corrupta e impune de complicidad que se traduce en que el Estado les deja hacer, les permite todo lo que les convenga siempre y cuando los transportistas le sirvan al gobierno en turno como fuerza informal (grupos de choque) acarreadores para efectos electorales, incluso como grupo de información política.
Hoy por hoy los asuntos del transporte público en Oaxaca no son diferentes, a pesar de haberse modificado otra vez la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en la que se insertó la secretaría de Vialidad y Transporte quedando como responsable el ilustre y reconocido priista José Antonio Estefan Garfias, fiel servidor de Diódoro Carrasco y del malo Ulises Ruiz Ortiz, hoy bien acomodado en el gobierno del cambio; cuya función en esta nueva Secretaría ha pasado con más pena que gloria.
El problema fundamental de las ineficaces políticas en la materia, es la ausencia de una ley del transporte público propia y determinante que obligue a hacer lo que se debe hacer en beneficio de la ciudadanía; que resuelva de fondo el desorden y predominio de los poderes fácticos del transporte, es decir que los sujetos de esta ley verdaderamente se sujeten al predominio de la ley.
Desde hace buen rato, nos han informado que la ley ya está cocinándose, pero al parecer faltan mucho para estar en el horno. Ha sido menester como sucedió con otras leyes ya aprobadas durante este gobierno aliancista, llamar a quien será sujeto de la ley, lo que se ha distorsionado con una óptica obtusa desde la cámara de diputados que buscan por un lado consensar entre los transportistas como afectar menos sus intereses y privilegios, y por otro, los partidos y sus grupos buscan el control cómplice de lo que saben por experiencia deja mucho dinero y mucho poder.
Los intereses y necesidades de las y los verdaderos sujetos de la ley que son usuarias y usuarios del servicio, la ciudadanía en general, se han dejado a un lado y cada vez como siempre se ve lejano en Oaxaca las acciones directas y urgentes dirigidas a alcanzar el bienestar general y esa justicia democrática que tanto se cacareó no llega y el deficiente, negligente y si muchas veces criminal transporte publico sigue igual o peor.
Unidades chatarras, choferes drogados y de por si patanes y prepotentes, servicio caro y malo sin ninguna seguridad ni fáctica ni formal, que ponen en riesgo constante la integridad y la vida de usuarios y sobre todo usuarias de quien se abusa mayormente.
Riñas entre grupos de transportistas que afectan no solo el servicio sino a la sociedad entera, como sucedió recientemente en la región del istmo y en la ciudad de Oaxaca, con actos violentos y bloqueos infames.
Mototaxis sin límites que ahora son la prevenida más codiciada que otorgan los grupos de poder político a sus agremiados, expresión “moderna” del transporte que salen por donde quiera conducidos una buena parte por menores irresponsables, muchos puchadores de drogas, y otros han resultado hasta violadores impunes de jovencitas.
Así, nuevamente aumentarán las tarifas del transporte público en Oaxaca, así, el gobierno estatal lo autorizará respondiendo a los favores de los que se creen dueños del absolutos del servicio, que pasan por alto que solo son concesionarios, que la concesión es un acto administrativo unilateral y que un gobierno responsable les ajustaría cuentas en beneficia del pueblo.
