OAXACA, OAX., septiembre 18.- La iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo que propuso el presidente Felipe Calderón es la misma que no aceptó el Congreso de la Unión al Partido Acción Nacional por ser contraria a los intereses de la clase trabajadora, aseguró la abogada laboralista Martha Oliva Zárate Martínez.
“Y de nueva cuenta consideramos que cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo no puede pasar únicamente por la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados, sino que requiere de los acuerdos y consensos de los trabajadores, los sindicatos y los patrones”, apuntó.
Al descartar que los nuevos legisladores federales aprueben una reforma que de entrada confronta a la iniciativa privada con el sector laboral, dijo que el gran reto de las autoridades federales es promover las inversiones a nivel microeconómico y generar los empleos que le queda a deber la actual administración federal a los mexicanos.
“Una reforma que pretende controlar los sindicatos, auditarlos, tutelar únicamente a los patrones, condicionar las huelgas laborales, validar las prácticas de evasión fiscal a través de esquemas de outsourcing sólo busca controlar al sector laboral”, expresó.
Señaló que una de las tareas pendientes de los diputados federales que asumieron su responsabilidad a partir del 1 de septiembre es precisamente impulsar la reforma integral que comprende la actualización de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo dijo que ésta debe surgir de los consensos y no de los caprichos de un sector de la sociedad.
Consideró que la reforma enviada por el Ejecutivo no es otra que la que impulsó el Partido Acción Nacional y que promueve temas tan preocupantes como la contratación de los trabajadores por hora.
“Alguien debe tutelar los derechos de los trabajadores, hacer respetar las conquistas laborales en lugar de preocuparse por facilitar a los patrones el despido de sus trabajadores”, añadió.
Agregó que si un patrón, con las reformas, ofrece empleo a una persona hasta por 180 días, pero únicamente a prueba, estaría violando los derechos humanos del empleado, ya que no es posible que se autorice la explotación de un ciudadano hasta por 6 meses sin que goce de todas las prestaciones de ley.
Por otra parte dijo que el tema de los sindicatos para que rindan cuentas a sus afiliados, de acuerdo con la iniciativa, debería empezar a aplicarse a las organizaciones de las instituciones públicas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Petróleos Mexicanos y demás dependencias federales, porque proponer que los bienes de un sindicato de la iniciativa privada cuando se extinga pasen a formar parte del Seguro Social ofende no solamente al sindicalismo, sino también a los mismos trabajadores.
