OAXACA, OAX., octubre 23.- A pesar de haber sido aprobada la nueva Ley de Pensiones para los Trabajadores del Estado de Oaxaca, la Sexagésima Primera Legislatura, acordó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental auditara la Oficina de Pensiones desde el 2008 a la fecha, esta acción se ha incumplido.
El presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, refirió que el pasado 28 de enero del 2012, cuando se aprobó la nueva ley, se aprobó un punto de acuerdo para auditar la Oficina de Pensiones, “ese fue un compromiso que hicimos y se le puso tiempo”.
“Pero ya rebasamos el triple de ese tiempo y no tenemos conocimiento de que se haya iniciado la auditoría al Fondo de Pensiones y como consecuencia tener datos concretos respecto a cuánto asciende el techo financiero que nos llevó a esa reforma y sobre todo, conocer a los ex funcionarios que dispusieron de préstamos y nunca los pagaron”, admitió.
El también catedrático de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) manifestó que es necesario cumplir con ese punto de acuerdo, “porque fue lo que justificó la creación de una nueva ley, ya que las autoridades gubernamentales aseveraron que el fondo estaba descapitalizado”.
“Además los trabajadores al servicio del gobierno dieron a conocer diversas irregularidades en la administración del mismo, como prestamos no pagados, falta de informes de los administradores, desconocimiento de las aportaciones, entre otras”.
Recordó que el día que se aprobó la creación de la nueva Ley de Pensiones, los diputados presentes del PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, contrate los servicios de un despacho externo para auditar la Oficina de Pensiones durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Además de verificar el otorgamiento de créditos desde el año 2002 a la fecha, a fin de que no existan dudas sobre el manejo y el destino de los fondos que administra dicha dependencia, así como la obligación de publicar reportes trimestrales y anuales de sus resultados financieros.
